Herrerías y ex funcionarios alemanistas deben devolver al erario estatal mil 372 millones de pesos, que se llevaron, Yunes Márquez.

JALAPA, VER., 13 de noviembre . El gobierno estatal está obligado a recuperar, legal y moralmente, los más de mil 372 millones de pesos, por concepto de daño patrimonial en el desfalco registrado al Fideicomiso del equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz en el ejercicio fiscal del 2003.

Lo anterior lo declaró en conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien dijo que es de acuerdo a una resolución de la sala regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Dijo que los empresarios Simón Pedro Téllez Ramírez, en su carácter de solidario del Fideicomiso; el ex presidente del club, Rafael Herrerías Olea, así como Mauricio Rodríguez y dos ex funcionarios de la administración del entonces gobernador Miguel Alemán Velasco, son los responsables directos de resarcir el daño patrimonial por el presunto desvío de recursos.

Luego de las auditorias practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior(ORFIS), los empresarios y funcionarios alemanistas fueron encontrados culpables del millonario desfalco al fideicomiso del club de fútbol de Primera División, Tiburones Rojos del Veracruz.

En ese sentido, el gobierno de Fidel Herrera debe cobrarle a Simón Pedro Téllez y Rafael Herrerías 1 mil 372 millones de pesos, producto del fallo que de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Yunes Márquez apuntó que el cobro del adeudo corresponde únicamente ejecutarlo al Gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y reintegrarlo a las arcas de la Hacienda del estado.
Recordó que de acuerdo de un decreto emitido por la Legislatura local ,el ORFIS inicio el procedimiento para la determinación de responsabilidades a quienes operaban el fideicomiso del equipo de fútbol.
El legislador local dijo que se inició un procedimiento con numero de expediente PR/EG/05/2005, a través del cual se incluyeron dos acciones, la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Publico de la PGJE, en donde se busca la pena corporal a los implicados y un procedimiento administrativo para fijar una indemnización y recuperar el monto económico del daño causado por el presunto fraude.(Inocencio Valdés Vázquez)