Oaxaca, Oax.- Con el argumento de que no tiene "recursos ni infraestructura para garantizar la seguridad física de las personas, que es responsabilidad del gobierno", el arzobispado de Antequera-Oaxaca negó oficialmente el refugio y la protección que le habían solicitado los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ante la posibilidad de que sean aprehendidos o secuestrados.
Asimismo, en el segundo día de trabajos del congreso constitutivo, la asamblea popular consideró insuficiente la prevista restructuración de funcionarios y mandos policiacos en la administración de Ulises Ruiz Ortiz, y repudió el plazo que Bucareli dio al Ejecutivo estatal para poner en marcha un plan de gobernabilidad.
Flavio Sosa Villavicencio, ex integrante de la dirección provisional de la APPO, consideró que la nueva postura de la Secretaría de Gobernación (SG) refleja su incapacidad para resolver el conflicto. "¿Para qué le van a dar más tiempo? ¿Para matar, encarcelar líderes y descomponer más el tejido social, y llevarnos a una masacre como Acteal? Ulises Ruiz ya tuvo suficiente tiempo, no pudo gobernar y agravó más la crisis", señaló.
Y, a pesar de la postura del arzobispo José Luis Chávez Botello y del obispo auxiliar, Oscar Campos Contreras, que turnaron la solicitud de protección para los líderes de la APPO a Gobernación, la cúpula del movimiento social consideró que "implícitamente nos dicen que no nos niegan el espacio y que a lo mejor no tienen las condiciones para garantizar la seguridad".
La posición de los prelados se derivó de un comunicado, que leyeron ayer en la sede del arzobispado, y al concluir no permitieron preguntas. En su postura, primero defendieron la solidaridad e intervención de la Iglesia católica oaxaqueña como facilitadora del diálogo y mediadora para la liberación de detenidos sin delitos, a localizar desaparecidos y "a evitar enfrentamientos y sangre".
Agregaron: "por fidelidad a su misión, la Iglesia nunca tomará partido a favor de alguna de las partes en conflicto. Somos conscientes de que sólo así nuestro servicio de facilitadores será confiable y efectivo. Seguiremos abonando todo lo que signifique acercarse, dialogar, disminuir la violencia y optar por una solución pacífica y responsable para bien de toda la sociedad y no sólo de grupos".
Más tarde, en conferencia de prensa, Zenén Bravo, otro de los ex líderes provisionales de la asamblea, consideró que la respuesta del arzobispado no les niega el uso de un espacio en instalaciones eclesiásticas, como la Pastoral Social, sino la protección.
"Entendemos que, ante la agresividad de Ulises Ruiz Ortiz y sus sicarios, el arzobispado no tendría el personal, o el armamento a lo mejor, para hacerle frente. En el último de los casos, una comisión nuestra dialogará con el arzobispo y la jerarquía para que sea más explícito y si, en todo caso, tienen algún impedimento legal o moral, pues también nosotros lo tendremos que asumir y valorar de manera respetuosa. Queremos una definición; si nos va a seguir apoyando o es una negativa total", declaró.(La Jornada)
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