martes, 17 de noviembre de 2009

Es inminente el alza al transporte,
anunció Reynaldo Escobar

Por José Ortega Miranda

El secretario de gobierno Reynaldo Escobar Pérez afirmó que en Veracruz se respetan las garantías constitucionales de libre tránsito y de libertad de expresión, así como el anuncio de una inminente alza a las tarifas del transporte público en la entidad para el año próximo y que las concesiones entregadas para esta modalidad han sido de forma transparente, como se comprobará al hacerla pública en la página de Internet de esa dependencia, a partir de este miércoles 18.

Después de leer su resumen de comparecencia por quinta ocasión ante la LXI Legislatura, en la ronda de preguntas y respuestas subrayó que la administración de Fidel Herrera Beltrán no ha empleado la fuerza pública ni gases lacrimógenos para detener a los veracruzanos que se dirigen a esta capital para manifestarse por la desatención de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Interrogado por separado sobre el tema por los legisladores Hugo Vázquez Zarate del PRI y los perredistas Manuel Bernal Rivera y Margarita Guillaumín, el responsable de la política interna de la entidad insistió en que este derecho de libre tránsito se ha preservado por el gobierno veracruzano cuando se hace de manera pacifica ordenada y sin lesionar los intereses de terceros.

Agregó que lo anterior es para mantener un equilibrio entre los grupos inconformes y los habitantes de esta capital, que son quienes en muchas ocasiones exigen a la autoridad municipal que también se les respete su derecho a realizar sus actividades cotidianas con seguridad y tranquilidad.

Sin duda el gobernador es un promotor permanente del dialogo y la concertación con todas las fuerzas políticas, cuya línea dijo que siguen tanto él con el subsecretario de gobierno. Aquí, propuso reunirse cada martes en un salón del palacio de gobierno para tratar los asuntos que consideren importantes CON cada una de las áreas de gobierno que correspondan.

En relación al calificativo del panista Rafael Sánchez Hernández como represor de la libertad de expresión por interponer una querella civil por difamación contra los comunicadores Mario Antonio Chama Díaz y Alberto Morales García, lo desestimó alegando que se le calumnió al publicar que al conducir en estado de ebriedad, arrolló y abandonó herido a un agente de tránsito de Coatepec.

Aquí, mientras los reporteros aludidos desplegaban una pancarta donde se leía “Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez ¡represor de periodistas!”, expresó que puede responder en el ámbito que se le pida “como hombre” y que sólo se desistirá de dicha querella civil siempre y cuando exista una disculpa pública de quienes lo denostaron.

También afirmó a Sánchez Hernández que no hubo corrupción en el proceso de entrega de concesiones para prestar el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, lo que remachó prometiendo que a partir de mañana hará pública la lista de beneficiados en la página de Internet de la dependencia a su cargo.

A la representante del PAN María de los Angeles Sahún Morales, quien lo interrogó sobre el alza a tarifas del transporte público y sobre la persistente corrupción de los agentes de tránsito en toda la entidad, le respondió que desde su comparecencia anterior tomó medidas al respecto, a las que da seguimiento la Contraloría del Estado y que ha derivado en la remoción de los elementos que se le comprobaron actos irregulares.

En cuanto al aumento de tarifas comentó que una vez que se aprobó el paquete fiscal federal para el 2010, se reunirá con todos los actores relacionados con el sector, incluidos los legisladores que así lo decidan para acordar un incremento que no lastime la economía de la población, así como que permita que los concesionarios del servicio puedan mejorar las condiciones de las unidades y capacitar a sus chóferes.

A pregunta directa de la perredista Margarita Guillaumín le entregó algunos avances de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre las asesinatos de 9 mujeres en los municipios de Isla y Juan Rodríguez Clara.

El exalcalde de Xalapa consideró innecesario que se declare una alerta roja de género en Veracruz por la creciente violencia con la que se trata a las mujeres, a pesar de existir una ley en la materia y hasta una institución que vela por su cumplimiento, porque solo traería un estigma al estado o inquietud social que no se requiere. “Lo ideal, sería que los padres de familia orientaran a sus hijos para que no incurran en esto, porque es un asunto de fondo que no se cabará con una declaratoria o decreto”, subrayó.

También rechazó al albiazul Tito Delfín Cano que actúe incongruentemente al solicitar a los municipios que manejan Direcciones de Tránsito que regresen a un mando central dependiente del gobierno estatal, tal como lo hizo él mismo lo exigió como alcalde de la capital, mediante controversia constitucional ante la Suprema corte de Justicia de la Nación.

Explicó que en aquel momento las circunstancias fueron propicias para reordenar, tanto al transporte público como al ambulantaje asentado en las terminales de la ciudad. Además, dijo que es un ordenamiento emanado de la administración federal para unificar los mandos que vigilan que se cumplan ordenamientos de seguridad pública dentro del Pacto Nacional signado por el presidente Felipe Calderón.

Al mismo representante popular le ofreció mediar para que la periodista Edna López Domínguez de Rodríguez Clara, quien fue la primera en denunciar los asesinatos de mujeres en esa región, tenga garantías para realizar su labor informativa, dado que ha recibido intimidaciones si persiste en el tema.

Marco Antonio Núñez López le exhibió un recorte periodístico en el que se le cita como responsable de espiar a personajes relevantes de la política veracruzana, mismo que rechazó con parquedad.

Finalizó con los diputados del tricolor Raúl Pazzi Sequera y Jorge Morales Trinidad, a quienes informó detalladamente en relación a los suicidios ocurridos en tres penales del estado y sobre las medidas emprendidas para solucionar la problemática de los egresados de Escuelas Normales Oficiales que exigen plazas a la Secretaría de Educación de Veracruz.