Ex alcaldes desviaron más de 809MDP del ejercicio 2010
*Córdoba, Tuxpam, Cosoleacaque, Catemaco y Soledad de Doblado,en capilla
Por Inocencio Valdés Vázquez
JALAPA,VER .- El Congreso local aprobó hoy el informe del resultado de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, entregado por el órgano de Fiscalización Superior, correspondientes al ejercicio fiscal 2010 en el que se detectaron diversas irregularidades y presunto daño patrimonial de 80 ayuntamientos veracruzanos, por un total de 809 millones 953 mil 453 pesos.
Igualmente en tres entidades paramunicipales, además de que presentaron inconsistencias administrativas, se detectaron irregularidades en la gestión financiera y, consecuentemente presunto daño patrimonial por un monto total de 2 millones 329 mil 182 pesos.
Destacan entre los 80 ayuntamientos, en los que además de inconsistencias administrativas, se detectaron irregularidades en la gestión financiera y, “ consecuentemente, presunto daño patrimonial que actualiza las hipótesis de responsabilidad de carácter resarcitorio para los servidores o ex servidores públicos obligados, además de la correlativa responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y son :
Córdoba , 48 millones de pesos ; Las Choapas, por 57 millones 55 mil 272 pesos; Coyutla, 51 millones, 464 mil 852 pesos; Soledad de Doblado, 40 millones, 782 mil 963 pesos; y Tuxpan, 37 millones, 103 mil 795 pesos; Cosoleacaque,11 millones 655 mil pesos;Jilotepec, 2 millones 478 mil pesos;Alamo, 28 millones 920 mil pesos;Gutiérrez Zamora, 14 millones 376 mil pesos; Ixhuatán de Madero, 14 millones 504 mil pesos;Catemaco,26 millones 465 mil pesos , Naolinco, 15 millones 863 mil pesos , Tantoyuca, 7 millones 314 mil pesos y Yecuatla, con 21 millomnes 140 mil pesos.
Igualmente en tres entidades paramunicipales, además de que presentaron inconsistencias administrativas, se detectaron irregularidades en la gestión financiera y, consecuentemente presunto daño patrimonial por un monto total de 2 millones 329 mil 182 pesos.
Destacan entre los 80 ayuntamientos, en los que además de inconsistencias administrativas, se detectaron irregularidades en la gestión financiera y, “ consecuentemente, presunto daño patrimonial que actualiza las hipótesis de responsabilidad de carácter resarcitorio para los servidores o ex servidores públicos obligados, además de la correlativa responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y son :
Córdoba , 48 millones de pesos ; Las Choapas, por 57 millones 55 mil 272 pesos; Coyutla, 51 millones, 464 mil 852 pesos; Soledad de Doblado, 40 millones, 782 mil 963 pesos; y Tuxpan, 37 millones, 103 mil 795 pesos; Cosoleacaque,11 millones 655 mil pesos;Jilotepec, 2 millones 478 mil pesos;Alamo, 28 millones 920 mil pesos;Gutiérrez Zamora, 14 millones 376 mil pesos; Ixhuatán de Madero, 14 millones 504 mil pesos;Catemaco,26 millones 465 mil pesos , Naolinco, 15 millones 863 mil pesos , Tantoyuca, 7 millones 314 mil pesos y Yecuatla, con 21 millomnes 140 mil pesos.
Las tres entidades paramunicipales por 2 millones 329 mil pesos, en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, de la Antigua, y en el Hidrosistema de Córdoba.
De esta manera el Congreso veracruzano instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), a que inicie la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones en contra de los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos durante el año 2010 y que afectaron la hacienda pública de los municipios referidos.
Por lo que hace al último año de la pasada administración estatal, de acuerdo con el informe de resultados, entregado por el ORFIS; no se detectaron irregularidades por daño patrimonial, solo inconsistencia de carácter administrativo, al igual que en el Poder Judicial y los organismos autónomos. Mientras que el Congreso del Estado resultó sin problema alguno, porque no tuvo ni observaciones administrativas.
El presidente del Congreso, Eduardo Andrade Sánchez ,instruyó a los órganos de control interno para que den el seguimiento debido a las irregularidades y recomendaciones y, en su caso, sustancien el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad de los servidores públicos, debiendo informar al Congreso del Estado y al ORFIS sobre los procedimientos incoados y las medidas aplicadas con base en la Ley Estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Con una votación global de 33 votos a favor, 12 en contra y una abstención, se aprobó la cuenta pública del 2010 del Poder Ejecutivo en donde no se detectaron irregularidades por posible daño patrimonial ni inconsistencias de carácter administrativo, pero sí inconsistencias de carácter administrativo, a las que la Contraloría General del Estado deberá dar el seguimiento debido y, en su caso, sustanciar el procedimiento disciplinario administrativo.
De esta manera el Congreso veracruzano instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), a que inicie la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones en contra de los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos durante el año 2010 y que afectaron la hacienda pública de los municipios referidos.
Por lo que hace al último año de la pasada administración estatal, de acuerdo con el informe de resultados, entregado por el ORFIS; no se detectaron irregularidades por daño patrimonial, solo inconsistencia de carácter administrativo, al igual que en el Poder Judicial y los organismos autónomos. Mientras que el Congreso del Estado resultó sin problema alguno, porque no tuvo ni observaciones administrativas.
El presidente del Congreso, Eduardo Andrade Sánchez ,instruyó a los órganos de control interno para que den el seguimiento debido a las irregularidades y recomendaciones y, en su caso, sustancien el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad de los servidores públicos, debiendo informar al Congreso del Estado y al ORFIS sobre los procedimientos incoados y las medidas aplicadas con base en la Ley Estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Con una votación global de 33 votos a favor, 12 en contra y una abstención, se aprobó la cuenta pública del 2010 del Poder Ejecutivo en donde no se detectaron irregularidades por posible daño patrimonial ni inconsistencias de carácter administrativo, pero sí inconsistencias de carácter administrativo, a las que la Contraloría General del Estado deberá dar el seguimiento debido y, en su caso, sustanciar el procedimiento disciplinario administrativo.