a la ciudadanía plena.
Por Héctor Yunes Landa
La democracia en México es
para todos con independencia del sector poblacional al que pertenecemos. El
acceso y el respeto a la totalidad de los derechos que protege nuestra Carta
Magna no deben estar condicionados por nada, ni por nadie.
Es una obligación de los
servidores públicos, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, respetar, garantizar y promover los derechos
humanos de todos los ciudadanos con independencia de su condición social,
aspecto, género, edad, capacidades psicomotoras o nivel de educación, ente
otros. En ningún ámbito de la vida democrática del país podemos permitir la
violación de los derechos humanos y por lo tanto no podemos consentir tampoco
la discriminación.
Es prioridad para el
gobierno mexicano, por instrucciones del Presidente de la República, Lic.
Enrique Peña Nieto, llevar a cabo todas las acciones necesarias para prevenir
la violación de derechos humanos por parte de los servidores públicos y
erradicar el cáncer social que es la discriminación.
Existen grupos poblacionales
que han sido desatendidos históricamente como los indígenas, grupos a los que
se les ha permitido poco acceso al ámbito público como a las mujeres, los
discapacitados, por citar algunos, y que requieren de mayor atención y de
políticas públicas que permitan garantizarles la plena ejecución de sus
derechos y un nivel de vida acorde con la idea internacional de la dignidad
humana.
La educación y
sensibilización, son las herramientas fundamentales para lograr la empatía
entre los diversos grupos poblacionales, condición necesaria para lograr la
convivencia social armónica y por lo tanto la suma de voluntades a nuestro
proyecto de desarrollo como nación.
Garantizar el pleno acceso y
el respeto de los derechos de todos en igualdad de circunstancias, sin
distinción, es fortalecer nuestra democracia revalorizando a la administración
pública.
Si logramos que las mujeres
tengan mayor acceso a los altos cargos en la administración pública y erradicar
la violencia de género en los ámbitos laboral e intrafamiliar, estaremos
cumpliendo con un deber y con una necesidad de la democracia mexicana.
Si logramos que los
discapacitados cuenten con la infraestructura de movilidad adecuada en
cualquier parte del país, integrarlos al sector productivo mediante los
programas sociales, brindarles la atención médica y educativa adecuada,
estaremos más cerca de lograr nuestro objetivo de integración de mayor número
de ciudadanos a los estándares de calidad de vida y desarrollo personal.
Si logramos que nuestros
hermanos indígenas puedan elevar la cantidad y calidad de sus alimentos, que
puedan educarse en las instituciones públicas y posteriormente acceder al
mercado laboral o emprender negocios en su propia comunidad y fuera de ella,
estaremos cumpliendo con una deuda histórica, aunado a que nos encontraremos en
el camino adecuado para erradicar la pobreza extrema multidimensional de muchos
mexicanos.
Nuestra sociedad debe ser
sensible con los grupos que no han logrado el pleno acceso y respeto de sus
derechos y el gobierno, por su parte, continuar con acciones para cambiar esta
situación de hecho y de derecho.
Para un servidor es una
grata experiencia, que me llena de satisfacción, contribuir desde la
administración pública y como ciudadano a la integración de los grupos menos
favorecidos a la vida plena en democracia, al respeto y garantía de todos sus
derechos humanos.
hector.yunes@senado.gob.mx
Tw: @HectorYunes