POR Helí Herrera Hernández.
plazacaracol@hotmail.comTwitter: HELIHERRERA.es
México ha sido el país de los experimentos en materia
electoral. En los últimos cuarenta años ha habido Reformas electorales
constitucionales como presidentes de la República hemos tenido.
Desde
Luis Echeverría Álvarez para acá, cada ejecutivo federal ha mandado iniciativas
al Congreso que han terminado en nuevas normas, con las que se han realizado
elecciones y elegido funcionarios de elección popular, que al final del sexenio
han resultado incompletas y/o obsoletas, porque los motivos que la
fundamentaron solo fueron parches que nunca tocaron el fondo democrático:
Elecciones libres, representativas, imparciales y sin ninguna ventaja para
partido político alguno.
Mientras
el PRI fue gobierno (antes del 2000), a cuenta gotas fue abriendo espacios para
las voces disidentes en esta nación, pero siempre garantizándose el dominio
pleno de los triunfos electorales, del control de los Poderes Ejecutivos
Federal, Locales y municipales, así como del Poder Legislativo Federal y Local.
Para lograrlo se adjudico los órganos que organizan y califican cada elección.
Durante
el mandato de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón nada cambio, porque
como partido de la burguesía al igual que el Revolucionarios Institucional
mantuvieron las reglas para evitar que la izquierda llegara al poder,
privilegiando el dinero y las campañas negras como motor para ganar votos, y
asegurándose que el Poder Judicial electoral Federal no vea ni oiga las
trapacerías que sus candidatos hacen para triunfar.
Hoy que
recuperaron el poder, Enrique Peña Nieto fiel a la tradición envió al Congreso
de la Unión otra reforma electoral constitucional que fue aprobada por los
legisladores de los partidos políticos que firmaron el pacto por México, y que
a decir de ellos es la buena porque ahora si le amarran las manos a los
candidatos despilfarradores y tramposos, y le quitan, según ellos, el liderazgo
que los gobernadores y presidente de la república tenían sobre los organismos
electorales que organizan, realizan y califican las elecciones.
Nada de
eso es cierto. La forma como se constituyen tanto el Instituto Nacional
Electoral como los magistrados del Tribunal Federal Electoral le garantiza al
PRI votos de ventaja cuando se discutan acusaciones contra ellos, y desde luego
cuando se califiquen elecciones.
Si a
esos votos les suma la de los que llegan vía Acción Nacional el asunto esta
concluido y, fieles al gatopardismo de cambiar para que todo siga igual, las
nuevas reformas constitucionales electorales solo modificaron la forma pero
nunca el fondo, como hoy se pretende hacer igual en Veracruz con la iniciativa
de ley que envió el pasado lunes el Gobernador del Estado al Congreso local.
La
iniciativa de marras no contempla la reelección de alcaldes ni de diputados
locales. No contempla quitarle la supra representación que tiene el PRI en el
congreso cuando dos años atrás se autorregaló un 8 por ciento adicional que le
da varios diputados de regalo en la actual LXIII Legislatura; no contempla uno
de los propósitos más buscados por la sociedad veracruzana que es la de gastar
menos dinero en elecciones locales y por lo tanto, concatenar éstas a las
federales; y no contempla democratizar el reparto de las participaciones o
prerrogativas económicas que le siguen dando poder económico y político a los
partidos mayoritarios y dejan, casi en estado de indefensión, a los partidos
pequeños.
Lo
afirme aquí, en este mismo espacio el lunes 18 de abril de 2011 cuando Javier
Duarte envió la iniciativa de ley para reformar el artículo 70 de la
Constitución Política del Estado a fin de ampliar a cuatro años el periodo de
los presidentes municipales, síndicos y regidores, que “era una iniciativa
electorera, que buscaba separar las elecciones de gobernador de las de
ayuntamientos para darle un margen de maniobra al ejecutivo y así evitar que
los precandidatos priístas inconformes se fueran a otros partidos afianzar las
campañas de otros candidatos a Gobernador, porque de esa forma se ponía en
riesgo el triunfo electoral priísta, y que nada de fondo tenía dicha propuesta.
Que si de verdad quería trascender Duarte debería impulsar la reelección de los
ediles para que, a función de revocación de mandato, aquel presidente que
hiciera un pésimo trabajo el pueblo lo castigara en las urnas, y que aquel que
lo hiciera bien se le eligiera por otro periodo más.
Critique
ferozmente esa iniciativa porque en lugar de avanzar en Veracruz retrocedíamos
en materia electoral, y más cuando de la chistera el gobernador propuso elevar
de 8 a 16 por ciento la representación del partido mayoritario en el Congreso
Local, como si no fuera poco contar con diputados paleros provenientes del
partido Verde o del PANAL.
Afirmé
que tal iniciativa le iba a costar caro a los veracruzanos porque se iba a
gastar más dinero entre elección y elección, y dado que las finanzas públicas
estatales no están bien que lo mejor sería homologar nuestras elecciones con
las federales.
¡Ore en el
desierto! Como muchos otros veracruzanos bien nacidos que seguimos creyendo que
con argumentos se ganan elecciones y no con despensas, láminas, pisos firmes,
letrinas, cachuchas, bolsas, peltres, playeras, topers etc.
Por eso se oponen
los priístas del primer círculo del poder en Veracruz para que vuelvan los ayuntamientos a ser de tres años
y se elijan en una sola elección con diputados locales y federales en los
comicios intermedios, y cada seis con presidente de la república, gobernador y
senadores. Perderían centenas de miles de votos, decenas de cargos de elección
popular pero, principalmente, pondrían en riesgo varias gubernaturas y la
propia presidencia de la república y eso…..eso no es democracia…..para ellos.
Sobran argumentos
para puntualizar todas las precisiones y opiniones que quiero dar frene a esta
iniciativa de ley electoral que envió el gobernador el pasado lunes, pero falta
espacio para hacerlo. Ya habrá oportunidad.