El SAT aplica la Ley
Por Helí Herrera Hernández
Toda la propaganda gubernamental, a raíz
del aumento a los precios de los combustibles ha versado en todos los medios de
comunicación, sobre la obligación que tuvo el gobierno federal de hacerlo
debido a un >hoyo financiero< que
se generó por la depreciación del peso frente al dólar y la caída en la producción del hidrocarburo de nuestro país,
dado que no refinamos toda la gasolina y diesel que requerimos e importamos
volúmenes importantes. Así, miles de anuncios en la radio y televisión todos
los días anuncian que de no haberlo hecho el Ejecutivo se vería presionado a parar
gran parte de los programas gubernamentales de ayuda social a las clases
menesterosas, que en su conjunto se traducen en casi 200 mil millones de pesos.
Usted
debe recordar al momento de leer este artículo ese spot: “de no haber subido el precio de las gasolinas el gobierno federal
tendría que haber suspendido varios programas sociales destinados a las gentes
mas pobres de México”, tratando de generar una conciencia de justificación
social sobre semejante aberración, pero lo que no dicen es que esos 200 mil
millones de pesos a que hacen referencia, bien pudiera obtenerlos el gobierno
federal cobrándoles los impuestos legales que deben pagar las empresas en
nuestro país, pero que debido al perfil de gobierno que tenemos este prefiere apretar a los pobres y
marginados de México, no perdonándonos ni un solo peso de los que le debemos de
pagar al fisco federal, y privilegiar a
los hombres y mujeres empoderados económicamente condonándole impuestos.
Lo
explico: desde 2014 el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información ha denunciado 14 veces al
Sistema de Administración Tributaria –SAT- ante la Secretaria de la Función
Publica, por no acatar el ordenamiento de abrir los datos sobre las empresas a
los que ese ente recaudador de impuestos
se los ha perdonado, frente a la petición que hicieron las organizaciones animal político y artículo 19.
El
pasado martes 14 el SAT se amparo (otra vez), contra esa resolución que lo
obligaba a publicar quienes se han visto beneficiados con el programa de condonación
o cancelación de adeudos fiscales, que solo en 2013 favoreció a 36 empresas por
un monto de 80 mil millones de pesos de impuestos.
El
Juez Primero de Distrito en materia administrativa en la ciudad de México dicto
sentencia y determinó que el SAT (brazo inquisidor de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público), atentó contra el
derecho a la justicia al negarse a transparentar los datos con el amparo
concedido por la justicia federal, negándole al pueblo de México
(principalmente a los que si pagamos puntualmente como personas físicas todos,
y morales algunos más, impuestos),
conocer las empresas o industrias que NO y, principalmente a los hombres
y mujeres beneficiadas donde no dudo que están Emilio Azcarraga Jean, Ricardo
Salinas Pliego, María Asunción Aramburozabala, entre las 14 familias
multimillonarias que hay en esta nación, con el apoyo, como lo observamos, del
gobierno federal.
Desde
2014 el INAI ha denunciado en 14 ocasiones al SAT ante la Secretaria de la
Función Pública por no acatar el ordenamiento de abrir los datos, aunque hay
que apuntarlo, que en ningún caso ha habido sanciones, a pesar que en la
resolución del Juez Primero de Distrito señalo que las resoluciones son
vinculatorias, definitivas e inatacables.
El
argumento del Sistema de Administración Tributaria para negar los datos es que
se trata de información clasificada como >reservada
y protegida< por el secreto fiscal, y que revelarla implica transgredir
los derechos de los contribuyentes, no tomando en consideración que el interés
público esta por encima de del interés
privado, razón por las que tanto las organizaciones civiles artículo 19 y
Animal Político anunciaron que interpondrán
un recurso legal que ataque tal subterfugio, a fin que una segunda
instancia obligue al SAT acatar las resoluciones del Instituto Nacional de
Acceso a la Información y a conocer la lista de esta casta de mexicanos superiores a todos nosotros.
Según
información oficial, desde 2007 se han condonado o cancelado casi 200 mil
millones de pesos (lo que dice Peña Nieto que se requerían para no subir la
gasolina y de esa forma no provocar inflación), en adeudos fiscales. Tan solo
entre 2015 y 2016 la condonación a unas cuantas empresas ascendieron a quince
mil millones de pesos.
Sobre
este asunto es increíble creer que un gobierno que acusa falta de recursos
económicos para impulsar el desarrollo de México siga concentrando, con sus
políticas públicas de perdón de impuestos, la riqueza en unas cuantas manos
mientras a la masa social le suben el precio de los combustibles, que implica
alzas en todas las mercancías y servicios, provocando mas pobreza económica, de
salud y educativa en mas de 80 millones de compatriotas.
En
tan solo siete años, 15 contribuyentes recibieron el perdón de sus adeudos
fiscales por mas de 46 mil millones de pesos debido a diversos programas de
amnistía que fueron aprobados por el Poder Legislativo (adivinó, con los votos
del PRI, PAN, verdes, panal), según el portal huffingtonpost.com.mx
Estos
privilegios fiscales favorecieron a compañías como Sabritas, Gamesa,
Scotiabank, televisa de Emilio Azcarraga Jean (le perdonaron 3 mil 334 millones
de pesos tan solo en 2013), Grupo Posadas de Carlos Azcarraga Andrade y Gastón
Azcarraga Tamaño (1,026 mdp), casas GEO de Luis Orvañanos Lascuarin (3073 mdp)
y Palacio de Hierro y Petrobras de Alberto Bailleres (dueño del ITAM), por
mencionar solo algunas, mientras al pueblo le aumentaban el IVA y le creaban
otros mas.
Ya
es costumbre de estos gobiernos neoliberales aplicar la ley del embudo en
México. Lo ancho para los ricos y lo estrecho para los pobres, y así seguirá
mientras no sepamos distinguir entre los candidatos y candidatas conservadores
de derecha y los social-demócratas, y/o salgamos a votar en cada elección,
porque quedarse en casa cruzados de brazos ya hemos visto a quien ha favorecido
en todos estos años.