Esfera Política
Ricardo Vázquez Salazar
Salida en falso
En la actualidad siete ex gobernadores enfrentan problemas con la justicia y se encuentran presos: Mario Villanueva Madrid y Roberto Borge, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Jesús Reyna, de Michoacán; Guillermo Padrés, de Sonora, y la joya de la corrupción: Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz.
A nueve ex mandatarios más, las autoridades los tienen bajo investigación; dentro de estos, dos cuentan con amparo.
Cerca de seis mil servidores públicos son investigados por la Secretaría de la Función Pública, por presuntos actos de corrupción. Tan sólo de Veracruz son alrededor de 150 ex funcionarios ligados a Duarte los que están en el ojo de las autoridades.
La podredumbre diseminada a lo largo y ancho del territorio nacional es alarmante. Por un lado, la rápida multiplicación de la descomposición; por otro, igual o más preocupante, por el nivel de corrupción que ha rebasado todo límite: no hay consideraciones de ninguna especie hacia el sufrimiento y dolor de los ciudadanos. Los delincuentes de cuello blanco han pasado del peculado simple, a los actos de corrupción criminal. Lo sucedido en Veracruz es una muestra clara de ello.
Cualquiera pensaría que el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, creado en mayo de 2015 tras una reforma constitucional promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, y respaldado con siete espectaculares paquetes legislativos, habría arrancado este miércoles como estaba previsto: robustecido, consolidado y con todo el ánimo de emprender acciones para combatir la putrefacción oficial. Desgraciadamente no es así.
El SNA se pone en marcha incompleto, debilitado, a medias. Entre las dificultades con que se ha encontrado el SNA en su arranque se observa la falta de un fiscal anticorrupción que investigue los delitos y encabece este sistema, un cargo que desde hace tres años no ha logrado ser designado por el Senado. Aparte de esto, ha quedado pendiente la ratificación de 18 magistrados especializados propuestos por el Ejecutivo Federal, con la encomienda de sancionar a funcionarios y particulares por actos corruptos.
Si bien el SNA se creó para coordinar a las autoridades, federales, estatales y municipales, para que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como se encuentra actualmente, el SNA está limitado a aplicar sanciones únicamente a nivel administrativo, pues estas deficiencias imposibilitan la aplicación de castigos penales por delitos de corrupción.
Por todos los hechos de corrupción en los que son señalados directamente responsables 16 ex gobernadores e infinidad de colaboradores, era para que después de tres años, el SNA iniciara fortalecido, completo, que fuera más allá de las sanciones administrativas.
La entidad veracruzana permaneció atrapada por la corrupción desenfrenada en los dos anteriores periodos gubernamentales estatales, situación que pareciera en el Altiplano no la han querido ubicar en su exacta dimensión.
De haberse concretado en tiempo y completa forma, el SNA hubiera debutado con Veracruz de una manera extraordinaria. Los elementos de juicio son abundantes para que los ex funcionarios reciban un castigo que rebase una sanción administrativa.
A Javier Duarte le ha favorecido la tardanza y las debilidades del SNA. Así mismo, ha comenzado a aprovechar las ventajas que tiene el Nuevo Sistema Acusatorio Penal; se está valiendo de las flexibilidades y ha hecho titubear a las autoridades. El siguiente encuentro, el próximo sábado 22 de julio, a las 10:00 horas, comparecerá el principal acusador, Alfonso Ortega López, de donde se basan las acusaciones de la PGR. Ya se verá el resultado de la querella.
Como en el ring, el riesgo es que en cada round Duarte de Ochoa continúe acumulando puntos a su favor.
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