lunes, 7 de agosto de 2017


Esfera Política
Ricardo Vázquez Salazar
Pesado lastre heredarán a los alcaldes entrantes
 
Continúa vigente el Estudio de Desarrollo Municipal elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, si se toma en cuenta que cuando fue elaborado ya estaban en funciones los alcaldes que terminan su cargo el último día del presente año.
En el documento se lee que los gobiernos municipales operan con poca infraestructura administrativa y tecnológica, así como escasa preparación escolar de sus funcionarios.
En plena era de las tecnologías de la información, 82.1 por ciento de las administraciones municipales no cuentan con un área de informática; 86 por ciento no tienen una oficina de atención ciudadana y 55 por ciento laboran sin consejería jurídica.
En lo que se refiere a infraestructura operativa, 12 por ciento carecen de servicio telefónico; a 28 por ciento les falta Internet y 53 por ciento no han integrado una página web; en promedio, los 2457 municipios que hay en el país tienen una computadora por cada cinco empleados.
En cuanto a la preparación de los presidentes municipales, el asunto es muy preocupante: 10 por ciento de ellos sólo tienen estudios de primaria; otro porcentaje igual cuentan con secundaria, 12 por ciento fueron a la preparatoria; 44 por ciento estudiaron una licenciatura y del restante 24 por ciento se desconoce su grado de estudios.
Es indiscutible que para desempeñar la función de alcalde se requiere de una preparación profesional que exige estudios de posgrado. Entre sus responsabilidades están: planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades administrativas. Asimismo, deben cumplir y hacer cumplir las leyes, los reglamentos y las relaciones del ayuntamiento con los poderes del estado y de la Federación. Tienen bajo su responsabilidad conducir la elaboración y el desarrollo del plan municipal de desarrollo, es algo de lo que carecen, porque el que llegan a presentar lo hacen sobre las rodillas.
Para el caso de los alcaldes veracruzanos, si a todo lo anterior le agregamos que durante los dos primeros años de ejercicio hubo quienes aprovecharon la pasividad y complacencia en que se encontraban los órganos de Control y Fiscalización en la última década, entorno que alentó el desorden en el manejo de los recursos, la ineficiencia y deshonestidad en la aplicación de los mismos, al final, no pocas  administraciones municipales estarán registrando serios problemas; un desbarajuste al  que muchos contribuyeron con su sumisión y silencio ante la falta de entrega de recursos, hasta que Javier Duarte salió huyendo, hasta ese momento protestaron y se armaron de valor para exigir las partidas atrasadas que les correspondía.   
Algo de esto pudo haber visto la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot al presentar un anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar a los 212 Ayuntamientos a cumplir con lo establecido en el Artículo 35 fracción XX y párrafos subsecuentes de la Ley Orgánica del Municipio Libre, vigente y Código Hacendario del Estado.
Copete Zapot exhortó a los presidentes municipales a no caer en la tentación de heredar una carga laboral y política a los presidentes municipales que entrarán en funciones el próximo primero de enero. Vuelve a insistir a los ediles en dejar resueltos conflictos por laudos, y  cuentas a proveedores, IPE, IMSS, ISR  y demás pasivos.
Uno de los fuertes pendientes de cumplimiento de los ayuntamientos es el pago de laudos, sobre el cual la diputada recordó un estudio realizado en años recientes que corrió la cortina para ver la existencia de 199 municipios con procedimientos laborales; y mil 139 resoluciones que conforman una deuda conjunta por el orden de los dos mil millones de pesos pendientes de dar cumplimiento.
Es decir, en la entidad veracruzana, de la totalidad de los municipios, únicamente 13 ayuntamientos no tienen conflictos de esta naturaleza.  
La legisladora Copete fue contundente al afirmar: “Dichos laudos son derivados de despidos injustificados, lo sabemos, múltiples ayuntamientos carecen de voluntad política, de los recursos económicos o de ambos elementos, para dar cumplimento a las prestaciones correspondientes”. En caso contrario, aunque dejen el cargo, habrá a quienes se les pueda fincar responsabilidad penal o administrativa de acuerdo a lo que establece el Código Penal, advirtió la diputada.
rvazquez002@yahoo.com.mx