Por omisiones de Winckler, piden fiscal
 especial ante saqueo del IPE

*Siguen los problemas en ese Instituto....

XALAPA,VER .- Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, no ha podido armar la carpeta de investigación por simple omisión, incapacidad o por estar protegiendo alguien ante el saqueo a la Reserva Técnica del IPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de la zona Córdoba-Orizaba pide que la Legislatura designe un fiscal especial que se encargue del caso, porque se esfumaron unos 7 mil millones de pesos sin que nadie haya sido responsabilizado por ello; y también proceder legalmente contra pensiones irregulares como la de Reynaldo Escobar Pérez, que indebidamente se jubiló con los 84 mil pesos de salario como exprocurador de Justicia y no con los 50 mil de titular C de profesor de la UV.
El dirigente de la organización, Jesús Arenzano Mendoza, rechazó además que los más de 27 mil jubilados del sistema estatal estén en riesgo de perder esa prestación porque está garantizado por la Constitución y es un derecho humano que le corresponde asegurar al Estado, sin embargo, propone que de forma inmediata se democratice la administración del Instituto, "porque los siete directivos del gobierno y los seis de organizaciones sindicales se han mantenido desde hace mucho tiempo y hay casos en que algunos representantes tienen hasta 40 años en el cargo, favoreciendo la opacidad porque simplemente se vigilan entre ellos".
Destacó que esa forma de administrar conforma un circulo vicioso, porque todos ellos son corresponsables del saqueo, ya que ese consejo autorizó una serie de préstamos indebidos al gobierno y permitieron que sacaran dinero de manera ilegal, todavía en el mes de mayo del año anterior.
"Fueron 360 millones de pesos más los 150 millones de pesos que el entonces director Octavio Gil, sin autorización del Consejo, sacó para dárselos al gobierno. Eso genera responsabilidad penal y hace ya un año que presentamos una denuncia ante la Fiscalía, por eso fue la marcha de hoy pero vemos que todo sigue igual; es más ni siquiera nos recibe el Fiscal Winckler, quien nos manda con sus segundos".
El dirigente social se pregunta el porqué de que a un año de la demanda no haya habido algún avance. Ello hace conjeturar que o se protege a alguién en particular, o se cuidan las relaciones políticas del gobernador con los sindicatos miembros del Consejo de Administración.
Arenzano reveló que ninguna de las agrupaciones de afiliados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) permitirán modificar el actual modelo solidario –en el que se cubren las jubilaciones de unos 27 mil jubilados con la aportación de 12 por ciento de los 97 mil trabajadores en activo, de las aportaciones del patrón-gobierno y el subsidio que en este año será de 750 millones de pesos igual que el del año anterior– para adoptar el de las cuentas individuales.
"Hicimos un estudio en abril que arrojó que la nómina de jubilados era de 400 millones de pesos y lo que se recupera por aportaciones cuotas y subsidios es de 380 millones de pesos, por lo que en realidad el gobierno tiene que aportar una cantidad mensual que no va más allá de 30 millones".
Advirtió que ninguna de las organizaciones integradas al Frente Estatal en Defensa del IPE admitirá el cambio a las cuenas individuales, porque eso significaría empobrecer aún más a los jubilados y recordó el caso chileno como el más emblemático, pues bajo ese modelo la tasa de recuperación no rebasa 30 por ciento de lo que cobraba en activo, por lo que "si alguien ganaba mil pesos, sólo podría recibir 300 pesos".
—¿Que piensan hacer con el caso de políticos jubilados en el IPE que cobran pensiones hasta de 100 mil pesos mientras que existen otras de trabajadores que apenas alcanzan 2 mil pesos mensuales?
—Algunas de ellas fueron otorgadas de manera ilegal, por lo que el Instituto tiene que revisar y proceder legalmente contra los responsables. Un ejemplo es el de Reynaldo Escobar quien fue maestro de la Universidad Veracruzana (UV) y recibe una pensión de 84 mil pesos. Esto es absolutamente ilegal porque su plaza de titular C es de unos 50 mil pesos, por lo que su jubilación debería ser por esa cantidad; sin embargo, maniobró de tal manera que logró jubilarse con el salario de 84 mil pesos que percibía como Procurador de Justicia en el gobierno de Fidel Herrera.
"Eso es ilegal porque nunca cotizó como Procurador sino como académico Titular C. Hay muchos casos de ésos y hasta hay una esposa de un conocido político que jamás cotizó en el IPE, pero tiene su buena pensión. De esos hay muchos y debemos pedirle al director del IPE que se proceda legalmente y se dejen de pagar esas pensiones —expuso.
Acordaron con el subsecretario de Gobierno, Pedro Manterola Sáinz, trabajar una agenda que comprende la restitución de los 7 mil millones de pesos de los fondos de reserva del IPE; aprovechar la iniciativa de reforma a la Ley del IPE presentada en 2015 y congelada por la bancada legislativa que obedecía a Javier Duarte, y como la Fiscalía no hace su trabajo, el nombramiento de un fiscal especial para investigar el saqueo del IPE.(La Jornada y Redacción )