Qué el Ipe cumpla con sus
responsabilidades

*Qué no violente los derechos humanos de los jubilados
que tienen meses sin recibir sus pagos

En relación con la postura que, públicamente, asumió el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz en relación con la queja que fue presentada por ex servidores públicos del Poder Judicial ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos permitimos exponer lo siguiente:

Pretende el director del IPE desacreditar los hechos con base en los cuales seis ex jueces de primera instancia buscaron la tutela de la Comisión de Derechos Humanos; entendemos que -ante la coyuntura electoral- les urge realizar un control de daños. No obstante, con el autoritarismo que caracteriza a este régimen, sus agentes pretenden que la opinión pública les crea incondicionalmente. Presentan, a la sazón, un argumento falaz: que primó la intransigencia (particularmente por parte de quienes fuimos requeridos para brindar asesoría legal), y que ese Instituto ha cumplido con sus obligaciones para con los derechohabientes (que no es así).

Suponen, entonces, que debe admitirse, que sin razón o motivo, los ciudadanos se quejan ante la CEDHV. Suponen también que peritos en Derecho (como lo son los derechohabientes en cuestión), no tienen la capacidad para dilucidar cuando se está en presencia de una transgresión a Derechos fundamentales.

Reiteramos:

a).- Se violan los Derechos Humanos de los jubilados que tienen que esperar meses para el pago de su pensión. Se violan también los Derechos Humanos de quienes -apenas- comenzaron a recibir su pensión (tras meses de espera), y que para subsistir tuvieron que disponer de sus pocos ahorros o endeudarse, porque la retención de ese dinero, que aún no reciben estos jubilados y que el IPE displicentemente llama “retroactivo” (que no son sino pensiones caídas), significa un agravio que no se repara con el comienzo del pago de la pensión porque se tiene que disponer de su mayor parte para saldar las deudas que se contrajeron para subsistir.

b).- Creemos que la decisión del Instituto de Pensiones de “dosificar” el pago de la pensión a los “nuevos jubilados” (así los llama), con base en una “calendarización”, no brinda certeza jurídica; menos aún cuando se exponen fechas “tentativas” para cubrir adeudos. Como sea, insistimos: los Derechos Humanos no son negociables; si en la dirección del IPE lo interpretan como “intransigencia”, allá ellos.

No obstante, en abono a la transparencia, y habida cuenta de que la dirección del IPE dispuso que se videograbara la reunión sostenida en las oficinas de ese Instituto el pasado 14 de junio (a la que acudieron los seis jueces en retiro, directivos de la Coalición de Pensionistas Independientes, personal de la CEDHV y la representación legal de los quejosos), EXIGIMOS que se haga pública, sin cortes o ediciones, la videograbación de la reunión, a efecto de que la sociedad pueda evaluar si la realidad coincide con las apreciaciones con base en las cuales el Instituto fija su posición.

Y EXIGIMOS también que EXHIBA los documentos con los que compruebe que comenzó a pagar su pensión a los ex jueces que aún no la reciben, y los que acrediten que pagó las pensiones caídas. Así y solamente así, el gobierno podrá decir a la sociedad que el IPE está cumpliendo con sus responsabilidades y que no está violando Derechos Humanos.

Viades, Llanes y Asociados