Ciudad de México.-La desaparición del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) sería contraria a la Constitución de la República y atentaría contra los derechos humanos, afirmó la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez.
En el marco de la videoconferencia sobre el proyecto “Alivio Solidario”, que está dedicado al apoyo a las trabajadoras del hogar durante la contingencia ocasionada por el Covid-19, Juárez Piña dijo que “nos preocupa lo que ha declarado hoy el presidente en torno a la desaparición del Conapred, esto atenta contra los derechos humanos, desaparecer esta institución es desconocer toda la tradición que ha tenido nuestro país en la materia y es contrario a la Constitución”.
Precisó que es gracias a este organismo que se han realizado grandes avances en la lucha contra la discriminación, desde hace 17 años, cuando fue fundado.
Asimismo, recordó que esta lucha ha dado pie al reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, de los pueblos y comunidades indígenas, de los grupos afro-mexicanos, entre otros logros.
Dijo que sería muy lamentable que otra vez en nombre de la austeridad se quiera desaparecer a esta institución que ha ayudado al reconocimiento de los derechos humanos.
Al extender su comentario, la legisladora sostuvo que “es reprobable que el titular del Ejecutivo Federal, con el pretexto de la austeridad, se empeñe en desmontar paulatinamente las instituciones que, como parte de los avances de la democracia en el país, tanto costó construir para la defensa de los derechos fundamentales".
Añadió que estas instituciones que gozan de un gran reconocimiento a nivel internacional y que constituyen voces críticas del actuar del gobierno, lo cual "no le gusta al presidente.”
Al desaparecer el Conapred, el presidente dejaría en particular en la indefensión a los grupos más vulnerables de la población y estaría incumpliendo además con los instrumentos internacionales firmados por México que establecen disposiciones en materia de no discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de los poderes públicos federales, concluyó Juárez Piña.