* La parálisis del Poder Judicial
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Esta historia no ha concluido, y antes de que se le dé carpetazo, varios de sus protagonistas habrán de pisar la cárcel. *** Los abogados que denunciaron a la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Ana Gabriela Guevara por delitos de corrupción, ahora hicieron público que recibieron una oferta de 10 millones de pesos para retirar los cargos. *** Los abogados Jesús Chaín y Rafael Sánchez señalaron que un funcionario de la Conade (no
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Había una regla no escrita en la vieja política a la mexicana, que advertía que nadie podía ser, ni hacer, más que el Jefe.
En los tiempos actuales, los tiempos de la “4T”, quienes ejercen el poder están empeñados en revivir aquellos viejos dogmas, lo que los convierte en una versión dinosáurica de lo que tanto combatieron.
En la actualidad (como sucedía hace por lo menos medio siglo) el término “autonomía” no tenía peso alguno, es apenas un elemento más en los membretes oficiales.
Ese es el caso del Poder Judicial del Estado (PJE), encabezado por la recomendada de Cuitláhuac García, la nueva magistrada Sofía Martínez Huerta.
Y es que, en rigor, por mandato constitucional, el Poder Judicial debe ser uno de los tres grandes pilares en los que se sostenga la vida democrática de Veracruz, pero en realidad se trata de un órgano más al servicio del Poder Ejecutivo.
Y si el gobierno estatal poco –por no decir “nada”- ha hecho desde que inició la contingencia sanitaria, en los juzgados y las magistraturas han seguido fielmente ese ejemplo.
Mes con mes emiten un “acuerdo” desde el Consejo de la Judicatura, para mantener congelada la labor de impartición de justicia.
El Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, sólo el Presidente de la República (con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente), podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.
El mismo Artículo, sin embargo, establece las excepciones a la suspensión de derechos y garantías:
“No podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”.
La Carta Magna lo deja claro: No pueden ser restringidas o suspendidas las garantías judiciales, y justo eso es lo que ha hecho –y pretende seguir haciendo- el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Con el pretexto de la condición extraordinaria marcada por la pandemia del virus Covid-19, la impartición de justicia en Veracruz ha quedado suspendida “hasta nuevo aviso”.
El Consejo de la Judicatura informó que se prolonga la suspensión de labores en todo el mes de julio. Además, seguirán las guardias de los empleados y sólo ampliarán actividades en materia civil, familiar y oral-mercantil.
Se mantendrá la modalidad digital para la recepción de demandas y promociones iniciales de diligencias de jurisdicción voluntaria, durante el período de guardia, “las cuales se irán acordando de manera de manera progresiva, con el mínimo personal”.
El Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, lo mismo que el Colegio de Juristas y Profesionistas Afines de la Ciudad de Veracruz, Boca del Río y
Medellín, llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el estudio de las medidas cautelares para que se abra la “Justicia en Línea” en la entidad.
Los abogados advierten que la no impartición de justicia violenta los Derechos Humanos y permite que prevalezca la impunidad.
A la par de este reclamo ante la CIDH, abogados que tienen casos “atorados” en el Poder Judicial de Veracruz han recurrido a la instancia federal para obligar a jueces y magistrados del fuero común a que atiendan el grave rezago que se ha ido acumulando durante la actual contingencia sanitaria.
No debemos pasar por alto que los servidores públicos pueden ser sujetos de sanciones penales no sólo por la comisión de algún delito, sino –además- por la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones.
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Epílogo.
La Secretaría de Salud informó este martes que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus Covid-19 aumentó a 226 mil 089 en todo el país. Los casos confirmados activos de Covid-19 llegaron a 23 mil 782 y los sospechosos a 72 mil 041. *** Las personas que fallecieron a causa del Covid-19 suman ya 27mil 769, luego de registrarse 648 nuevos decesos en relación con los notificados el lunes. *** Por si tiene alguna cuenta, vaya tomando medidas. Luego de 14 años de operar en el mercado bancario, el Banco Ahorro Famsa cerrará sus puertas al iniciar el proceso de liquidación. A partir de ahora, toma el control de la financiera el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para iniciar el proceso de liquidación, lo cual tendrá que hacerse oficial una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las causas de la revocación y cierre del banco. *** La Secretaría de Hacienda explicó que la “quiebra” del Banco Famsa se debió a “una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los límites regulatorios, registros indebidos en dichas operaciones, e incumplimiento recurrente a diversas disposiciones normativas”. *** Los 580 mil 774 ahorradores del banco con saldo en sus cuentas estarán protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
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