* ¿Alianza Cisneros-Yunes?
Por Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
De todos es sabido que, diferencia del resto de los ciudadanos, que tienen permitido todo aquello que no esté expresamente prohibido por la Ley, en el caso de los servidores públicos estos están obligados a limitar su actuación, estrictamente, a lo que la Ley dispone. *** El Artículo 49 de la Constitución de Veracruz, en el que se detallan las atribuciones que tiene el Gobernador del Estado, apunta en su Fracción XXI: “Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito acerca del estado que guarda la administración pública”. *** No hay marco legal alguno que justifique o que ordene al gobernador de Veracruz la realización de algo a lo que él mismo bautizó como “un pre-informe”. *** Este despliegue informativo, que no tiene como propósito el cumplimiento de alguna disposición legal, deja en evidencia sus fines propagandísticos, que están prohibidos para aquellos funcionarios que dispongan de recursos públicos. *** Por lo demás, frente a la escasa productividad de la actual administración estatal, el famoso “pre-informe” no fue sino un sesgado (y muy limitado) compendio de logros a los que se les exageró su trascendencia, mientras se pasaba por alto cualquier actitud de autocrítica, o de reconocimiento de los rezagos que presenta este gobierno. *** Y precisamente porque el evento demostró ser un acto de propaganda política, Alejandro Sánchez Báez, representante del PRI, ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz promovió una queja ante ese organismo en contra de la diputada local por el Distrito X, Rosalina Galindo Silva quien –expresó el representante del PRI- “pretende comprar votos colgándose de los eventos del Gobierno del Estado”. *** Sánchez Báez explicó que la diputada de Morena “se aprovechó de manera ventajosa de las redes sociales para compartir imágenes con la misma tipografía, colores y expresiones del Gobierno de Veracruz, para publicitar a Morena”. *** La queja se fundamenta en la presunta violación al Artículo 134 de la Constitución Federal, y al Artículo 79 párrafo segundo de la Constitución de Veracruz. *** “La diputada está violentando disposiciones constitucionales y legales que ponen en riesgo la imparcialidad y la equidad de la contienda del próximo proceso electoral que está por iniciar”, afirmó el priista. *** Pero este recurso se limitó a señalar las violaciones en las que incurrió la legisladora. Alguien tendría que someter al estudio de las instancias electorales, el acto celebrado por el propio gobernador Cuitláhuac García.
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En mi más reciente colaboración incursioné en las proyecciones que algunos políticos veracruzanos, cobijados bajo los colores de Morena, están haciendo para formarse en la fila de quienes aspiran a sustituir a Cuitláhuac García en el gobierno de Veracruz, ya sea al final de su sexenio en el 2024 o, de pronto y si las circunstancias lo permiten, en el próximo mes de diciembre, frente a una eventual “invitación” del Presidente al gobernador parta que se sume a su gabinete y permita que alguien más retome el rumbo en el gobierno de Veracruz.
Precisamente al final de mi pasada colaboración mencioné que desde Palacio Nacional se analizaba un “Plan C” para Veracruz, que no necesariamente implicaría la salida de Cuitláhuac García.
Los emisarios de la capital del país advierten que Andrés Manuel López Obrador percibe que retirar antes de tiempo a Cuitláhuac sería casi tanto como admitir que se equivocó al impulsarlo a la gubernatura, y si hay algo que no le gusta al Presidente es admitir sus errores.
Es por ello que se estaría planteando una opción en la que el gobernador de Veracruz se mantenga en su cargo, pero a cambio de ello se le instruya cambiar a varios de sus más cercanos colaboradores, colocando en su lugar a personajes que lleven la recomendación, el “visto bueno”, del propio Presidente.
Los informantes aclaran que el Presidente no ha profundizado en ese plan, pero hasta donde se ha logrado averiguar, la primera cabeza que habría de rodar sería la del actual secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, ya que si se trata que un emisario del Centro asuma el control de la administración estatal, su posición estratégica deberá ser la de “número dos”.
Pero, como para todos es sabido, un buen número de los cargos más delicados, más decisivos en el gobierno estatal han sido promovidos, impulsados o impuestos por el secretario de Gobierno, con lo que habrían de seguir el mismo destino de su “padrino”.
Hay quienes, sin embargo, advierten que la salida de Éric Cisneros no tendría como única motivación la necesidad de “ubicar” al emisario del Presidente, sino que hasta Palacio Nacional han llegado noticias de turbias alianzas que estaría construyendo el cuenqueño para crear su propia “circunstancia” que le permita sustituir a Cuitláhuac García.
Lo que hoy saben en la capital del país es que Cisneros Burgos ha tendido puentes con el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Sí, con ese que confrontó, insultó y acusó de corrupto al propio López Obrador.
Entre las pistas que fueron recogiendo sobre esta conjura (además de información sobre reuniones secretas y mensajes a través de emisarios de su confianza) fue la fallida pretención de Éric Cisneros de exonerar –a través de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, que preside uno de sus incondicionales, Éric Domínguez y con la pericia para maquillar cifras del extitular del Orfis, Antonio Portilla- a alcaldes panistas de gran cercanía con el exgobernador, presentándolos en el informe de la Cuenta Pública del 2018 con un manejo impecable de sus finanzas.
Por fortuna en la Legislatura se dieron cuenta de esta jugada y de inmediato operaron para echar por tierra el dictamen que ya estaba elaborado, para encargarle a la nueva Auditora del Orfis, Delia González Cobos que revisara a fondo esos informes y desactivara cualquier intento de simulación.
Otro detalle que no han pasado por alto en Palacio Nacional, es que el periódico del puerto de Veracruz que se caracterizó por la defensa a ultranza de Miguel Ángel Yunes Linares –Notiver- ahora es el más severo crítico de las acciones –u omisiones- del gobernador Cuitláhuac García, mientras que al secretario de Gobierno no sólo no lo tocan, sino que salen en su defensa.
En todo Veracruz se sabe que la incrustación de Éric Cisneros en el equipo de Cuitláhuac García (y justo en la segunda posición jerárquica) obedeció a una decisión del Centro, impulsada por la actual secretaria de Energía Rocío Nahle, de manera que para los analistas de Morena, esa traición al Presidente no habría sido un acto personal del funcionario estatal, sino parte de un entramado más grande con miras al 2024.
De ser así, la sacudida política para Veracruz sería de proporciones catastróficas.
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Epílogo.
El PRI de Veracruz estuvo muy atento a lo que iba a informar el gobernador en su ensayo de informe y tan pronto concluyó éste, el dirigente estatal del tricolor, Marlon Ramírez Marín, salió a mostrar “la cara oculta de la luna”, lo que faltó por informar. *** Cifras alarmantes en materia delictiva, manejos inescrupulosos de las finanzas del estado y un indolente y criminal manejo de la crisis sanitaria que está viviendo Veracruz con el Covid-19. Por ello el propio Marlon Ramírez adelantó que solicitará al Congreso del Estado se inicie juicio político contra el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. *** “La solicitud se hará –dijo- aunque los diputados de Morena es muy posible que frenen cualquier intento de investigación, porque lo han demostrado en las comparecencias, y en sus nulas exigencias de un trabajo eficiente y una estrategia real de protección para los veracruzanos”. *** Y fue más allá: “Deben admitir que la estrategia está colapsada y tienen que ser llamados a cuentas para determinar su responsabilidad por los decesos y contagios derivados de su estrategia sanitaria, pero además, porque hay funcionarios que han recibido instrucción de sus superiores para tener subregistros”. *** Y llama la atención que sea la sociedad civil (empleados, amas de casa, empresarios) la que tome la iniciativa y salga en apoyo a los sectores más vulnerables, ante la inmovilidad de los gobernantes. *** En la zona de Los Tuxtlas está llamando la atención la intensa labor social que realiza el propietario de la recién relanzada embotelladora de agua mineral Waterloo Coyame, el empresario Rubén Darío Carrasco, quien dispuso que la mitad de las ganancias de la embotelladora se destinen a la distribución de desayunos gratuitos para grupos vulnerables, y para prestar a quienes los necesiten por haber sido con Covid-19, tanques de oxígeno. *** Ha sido tan positiva la respuesta de la sociedad, que Rubén Carrasco se apresta a brindar los mismos apoyos para Juchique de Ferrer –de donde es originario- y municipios aledaños. *** Ojalá muchas más voluntades se sumen a esta iniciativa, pues está visto que nuestras autoridades no son suficientes para atender tantas necesidades.
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