Punto de Vista

* UV: la mano que mece la cuna

Por Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

No tienen la menor idea de lo que significa el concepto de “división de poderes”, no comprenden los alcances de la expresión “autonomía”; se asumen como “soldados” de un movimiento político y admiten -sin el menor rubor- su sumisión a una figura política ajena a su ámbito de servicio. *** Este jueves la gobernadora Rocío Nahle subió a sus redes sociales (y la hizo circular a los medios de comunicación) una fotografía con la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y le agregó un texto. *** “Recibí el tercer informe de resultados de la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, donde reporta el trabajo del poder judicial del estado hasta el 31 de agosto que finaliza el encargo. Agradezco su apoyo y la coordinación en este tiempo de gestión, ya que con ello se logró avanzar en el sistema de justicia en Veracruz”. *** Sucede, sin embargo, que la ley no obliga (y tampoco faculta) a la magistrada a rendir su informe de labores ante su par, la titular del Poder Ejecutivo. *** El Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial define con claridad las funciones de esa institución autónoma y en su fracción XIV dispone: “Rendir cuenta anualmente al Congreso del Estado acerca del ejercicio de su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes de la materia”. *** Más adelante, en esa misma Ley, en su artículo 17, cuando se refiere a las funciones de la Presidencia del Tribunal Superior, en su fracción XXIV incluye: “Integrar el informe general anual de labores del Poder Judicial y rendirlo ante el Congreso del Estado”. *** Nunca se hace referencia a la existencia de una obligación de informar al titular del Poder Ejecutivo sobre las acciones que se han realizado durante el año. El gesto de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez es de pleitesía y rompe con la distancia que debe existir entre los tres poderes. *** A propósito de esa actitud, la misma Ley Orgánica, en su artículo 92 se refiere a las causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial y en su fracción I incluye: “Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, incurrir en corrupción, o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona del mismo u otro poder, o de particulares”. *** Ya tuvimos un caso, el de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, en el período que ocupó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que admitió, ante cámaras y micrófonos, haber sido “instruida” por el gobernador (en ese entonces Cuitláhuac García) para “vigilar” la conducta de los jueces. No sucedió nada. *** Ahí está una de las primeras tareas que tendrá el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas a partir del primero de septiembre.

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Las expresiones de protesta en la Universidad Veracruzana (UV) por la ilegal imposición de una “prórroga” a la gestión de Martín Aguilar Sánchez como rector, van en aumento. 

El pasado miércoles se plantaron frente a las instalaciones de la sala “Tlaqná”, donde se presentaría el informe anual de la rectoría, por lo que el evento tuvo que ser cambiado al salón de un céntrico hotel, se realizó con un número mínimo de consejeros (lo que permite suponer que no se logró el quórum necesario para la realización del acto protocolario) y una buena cantidad de “invitados especiales”, la mayoría de ellos funcionarios y docentes de la misma UV, a quienes se les sufragó traslado, alimentación y hospedaje, además de autorizarles su ausencia de su centro de trabajo en un día hábil.

Desde que se conoció la intención de Martín Aguilar de perpetuarse en la rectoría, en el seno de la Universidad Veracruzana se corrió la voz de que detrás de ese “interés” y de toda la estrategia para torcer la ley, estaba la mano de una figura destacada de Morena: el actual senador por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El legislador lo niega y argumenta que “apenas si lo conoce”, pero figuró como uno de los “invitados especiales” en el informe del rector y asistió, con lo que avaló las trampas que está haciendo Martín Aguilar para mantenerse en el cargo.

Esto demuestra que la autonomía de la UV y la defensa de su marco jurídico son otros campos de la batalla interna que se vive en Morena. El grupo (de esos que dice la gobernadora que no existen) que encabeza Manuel Huerta confluye en esta ocasión con otro “clan”, el que integra la próxima alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego, con figuras destacadas en la administración estatal, como la diputada Tanya Carola Viveros o la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno. Todas ellas “afines” a Cuitláhuac García.

La terquedad por conservar la rectoría de la UV va más allá de un factor de ego, o hasta de una desbordada codicia por manejar (disponer de) el de por sí raquítico presupuesto de esa casa de estudios. Es, en realidad, lo que en el ámbito criminal se conoce como la “guerra por la plaza”. Quien coloque a su alfil en ese gigantesco universo de votantes, dispondría -si se maneja con tino- de una sólida base electoral que le garantice posiciones de poder en el estado… y en el país.

Quizá la interrogante más complicada es: ¿por qué buscar el camino más sinuoso, el más complicado?

El rector tiene bajo su mando -eso ya quedó demostrado- a los integrantes de la junta de gobierno. El principal impedimento de Martín Aguilar para cubrir un segundo período es el de la edad, requisito que está plasmado en la ley, pero que puede ser combatido porque representa una exigencia discriminatoria. 

De haber recurrido a la vía del amparo para que le permitieran participar en el proceso de selección del rector para el período 2025-2029, tenía muy altas posibilidades de conseguirlo. Una vez inscrito, la tarea de “sus muchachos”, los miembros de la junta de gobierno, habría sido la de simular una revisión de las propuestas inscritas y al final decantarse por el mismo rector.

Los aspirantes no quedarían conformes, pero tendrían que admitir que se siguieron los pasos que marca la ley.

¿Por qué tomar la ruta más complicada?

Quizá porque había una variable que no controlaba: la justicia federal. Sin embargo, hoy está ante la misma disyuntiva: en espera (o haciendo las gestiones pertinentes) para que la justicia federal niegue los amparos promovidos por destacadas figuras de la UV.

Muy pronto conoceremos los alcances del actual rector y sus operadores.

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Epílogo.

Finalmente se concretó uno de los atracos más descarados dentro de la maraña de trampas que fue la elección judicial. *** Acatando una sentencia de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, el INE le revocó al jurista Ángel Rosas Solano la constancia de mayoría en la elección de magistrado en materia mixta del Circuito VII, Distrito 1, con sede en Veracruz, y se le entregó a Lizbeth Hernández Ribbón, actual magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Veracruz. *** El argumento fue absurdo. Los magistrados electorales advirtieron que la aspirante mujer tuvo más votos que el aspirante varón, cuando en los hechos, en las boletas judiciales, cada quien compitió contra aspirantes del mismo género. No era viable que compararan la votación de dos elecciones diferentes. *** Esta arbitraria medida nos deja claro el tipo de justicia que vamos a tener a partir del próximo lunes.

filivargas@gmail.com