Las cuotas escolares, consecuencia de la ‘austeridad’ del gobierno.

Por Héctor Yunes Landa

​Hace una semana, más de dos millones de niños veracruzanos regresaron a las aulas, en medio del recurrente conflicto por la imposición de las cuotas escolares en la mayoría de los más de 25 mil planteles del estado.

La Constitución establece que la educación es México es gratuita, por lo tanto, las cuotas escolares impuestas de común acuerdo entre las autoridades y padres de familia de cada plantel no deben ser obligatorias; tampoco condicionar la inscripción y el ingreso de los estudiantes o ejercer cualquier práctica discriminatoria.

Las cuotas escolares en Veracruz –como en el resto del país- son aportaciones voluntarias de los padres de familia utilizadas para mejorar y mantener la infraestructura de la escuela, adquirir material didáctico, equipo tecnológico y cubrir necesidades básicas de limpieza o servicios que la institución no puede cubrir por sí misma, es decir, son consecuencia de la incapacidad económica del gobierno para cubrir lo que es una obligación del Estado.

En este escenario, ante la ausencia de una regulación y un criterio claro y transparente, las cuotas escolares se han convertido en la manzana de la discordia de cada ciclo escolar. Si los padres de familia aceptan el pago de las cuotas escolares es precisamente porque quieren que sus hijos estudien en las mejores condiciones posibles.

Pero lo mismo resultan imposibles para muchos padres de familia, insuficientes para las necesidades materiales de un centro escolar o motivo de conflicto por el uso y manejo de mucho dinero que no es fiscalizable al tratarse de dinero de particulares.

Que quede claro. Las cuotas escolares son voluntarias y jamás obligatorias. Sin embargo, esto conlleva un riesgo que la Secretaría de Educación no quiere asumir: el franco deterioro de los planteles y la falta de servicios. Muchas escuelas deben pagar el consumo de agua potable o energía eléctrica con las cuotas escolares.

Hace unos días, la secretaria de Educación Claudia Tello Espinosa dijo que ningún plantel puede condicionar el acceso de los alumnos mediante cuotas, venta de uniformes o cooperaciones extraordinarias y que las autoridades educativas que incurran en esta práctica serán sancionadas. Tiene razón.

Sin embargo, no garantiza que las escuelas cuenten con los recursos para su operación y mantenimiento. Evadir el problema de fondo no es la solución.

Es urgente que todos tomemos cartas en el asunto. Debemos revisar la ley de educación y encontrar alternativas para que el gobierno garantice la inversión en la enseñanza y que no corra a cuenta del bolsillo de los padres de familia.

Hay que recordar que el pasado 15 de agosto, los diputados aprobamos reformas al artículo 230 Bis del Código Financiero estatal para que el 80 por ciento de los ingresos generados por las concesiones de tiendas escolares se destinen a infraestructura. Esto debe ayudar a reducir el monto de las cuotas escolares.

En todo caso, las cuotas deben cumplir al menos tres características específicas: voluntarias, de consenso y con una gradualidad objetiva, lo que dará certeza y confianza a las escuelas y los padres de familia.

La puntita

El único propósito del reemplacamiento vehicular es sacar más dinero a los veracruzanos. Cada año, los propietarios pagamos un derecho vehicular, confirmando así nuestro registro incluso a nivel federal. El gobierno de Morena ya no tiene dinero… ¡ni llenadera!