Punto de Vista
* Mezhua, abatido en el “oasis”
Por Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La opinión de juristas reconocidos es que se trató de una decisión política. *** El pasado viernes se confirmó que no le sería concedida a Javier Duarte la libertad anticipada. La jueza Ángela Zamorano Herrera utilizó como argumento que mantiene abierto un proceso penal por el delito de desaparición forzada. *** “El sobreseimiento del proceso penal abierto en su contra por desaparición forzada no se encuentra firme, debido a que la Fiscalía de Veracruz recurrió a la apelación”, explicó la jueza federal. *** Sin embargo, el abogado defensor, Pablo Campuzano, alegó que el caso por desaparición forzada había sido cancelado porque los señalamientos habían sido obtenidos mediante tortura, además de que el delito que se le imputó no fue específicamente por desaparición forzada, sino por haber “entorpecido las investigaciones”, lo cual -afirmó Campuzano- no amerita la figura de prisión preventiva oficiosa y, por tanto, podría salir. *** La propia jueza admitió, al momento de emitir su sentencia, que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó ninguna prueba que mostrara que la salida del exgobernador “represente un riesgo real para ninguna víctima y la sociedad”, además de que ni la FGR ni la Fiscalía de Veracruz habían logrado que se le dicte una sentencia condenatoria firme por ningún otro caso a Javier Duarte. *** El exgobernador de Veracruz esperaba que la sentencia le fuera favorable, por lo que al momento de escuchar la determinación de la juzgadora se pudo percibir su molestia, la que -sin embargo- no externó. *** La disyuntiva de Duarte, que habrá de analizar con su abogado, es si impugna la decisión o ya de plano se espera al mes de abril del próximo año, cuando habrá cumplido su condena. *** Otra tarea será combatir la impugnación que presentó la Fiscalía de Veracruz al sobreseimiento de la denuncia por desaparición forzada. No vaya a ser que, con el apoyo de los “magistrados del bienestar”, consigan reabrir el caso.
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Era 28 de diciembre del 2018, casualmente el “día de los inocentes”. Juan Carlos Mezhua -en ese entonces presidente municipal de Zongolica- ofreció una conferencia de prensa para rebatir las versiones que ubicaban al municipio que él gobernaba como “uno de los más inseguros” de la entidad.
No era un dato suelto, surgido de alguna charla informal. Era producto de los estudios que realizaba el Consejo Nacional de Seguridad.
Alegaba en aquel entonces Juan Carlos Mezhua que el “error” era que habían juntado a su municipio con otros que, en efecto, tenían problemas con la seguridad: “seguramente porque alguna persona de esas que acostumbran a estar en el escritorio todo el tiempo no se tomó el tiempo de desapartar las estadísticas de los municipios de la zona centro del estado, que pertenecen algunos al distrito de Zongolica y efectivamente donde las cosas no están muy bien en materia de seguridad”, alegaba.
Pero, además, presumía: “Somos uno de los municipios más seguros del país. No tenemos reportado un solo secuestro, no tenemos reportados robos a mano armada, no tenemos delincuencia organizada. Es uno de los pocos municipios en los cuales se puede caminar por las noches con la familia sin temor de ser agredido por la delincuencia del fuero común u organizada”.
Unos meses antes de esa conferencia de prensa, en agosto de aquel mismo año, se había referido a sus logros en materia de seguridad y hasta daban ganas de irse a vivir allá.
“Gracias a Dios Zongolica en estos momentos es un oasis en materia de seguridad y aunque hay delitos menores, los niveles son menores en comparación con lo que ocurre en el resto del estado”.
La mañana de este domingo, en la comunidad Piedras Blancas, de Zongolica, donde tenía una cantera de grava, Juan Carlos Mezhua fue ejecutado cuando se encontraba en el interior de su camioneta. Más de 25 disparos recibió el empresario, exalcalde y exdirigente del desaparecido PRD.
Juan Carlos Mezhua Campos fue Diputado por Zongolica, Secretario General del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y alcalde de su pueblo.
En las elecciones municipales de este año buscó una vez más la alcaldía con la figura de candidato independiente y terminó en segundo lugar, con más de 4 mil votos, contra los 7,347 que consiguió el ganador, Ignacio Ramírez Flores, de Movimiento Ciudadano (MC).
Salvo la pausa para hacer campaña por la alcaldía, en los años recientes Mezhua recorría el estado de Veracruz impulsando la creación de una nueva organización política, a la que había bautizado como “Partido Independiente de Veracruz”.
La ejecución de Juan Carlos Mezhua se da en momentos en los que el estado de Veracruz es señalado por la alta incidencia de homicidios de actores políticos. Apenas en agosto de este año la organización Data Cívica reveló que esta entidad estaba entre las que mayor violencia política reportaba en lo que iba del 2025, con 51 eventos documentados de violencia político-criminal.
De acuerdo con esa organización, en julio Veracruz registró 11 ataques dirigidos contra funcionarios, excandidatos o sus familias.
Pocas horas antes del ataque a Juan Carlos Mezhua, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, informaba a los diputados locales que la incidencia delictiva en Veracruz había disminuido este año un 11 por ciento al medirla por cada 100 mil habitantes, y un 8 por ciento en el conteo total de delitos, lo que nos ubica -afirmó- “como la octava entidad más segura del país”.
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Epílogo.
Y no, que no le salgan con que fue “un hecho aislado”, o que “lo hicieron para ensuciar la visita de Claudia Sheinbaum”. Lo cierto es que la violencia sigue en Veracruz y nada han conseguido los gobiernos federal y estatal para frenarla. *** La mañana del sábado, en Tuxpan, un hombre fue asesinado a balazos en el estacionamiento de la escuela secundaria “Manuel C. Tello”. *** La víctima se encontraba en el área de estacionamiento cuando sujetos armados se aproximaron y abrieron fuego contra él. *** Y allá mismo, en el norte de la entidad, ocurrió otro ataque con el sello de la delincuencia organizada. La noche de ese mismo sábado se registró un ataque armado en el municipio de El Higo. Una familia fue emboscada cuando viajaba en una camioneta. *** En la localidad de Puente Nuevas, sobre la carretera que conecta El Higo con Pánuco, a la altura del punto conocido como “La Y”, un convoy armado interceptó el vehículo y abrió fuego contra sus ocupantes. *** En el ataque fallecieron María Elena H. C. y su hijo Jonathan Alexander, de 11 años. Resultaron heridos Jesús “N” y un hombre conocido como “El Tejón”, quienes fueron trasladados a un hospital. *** Es justo reconocerlo: el gobierno de Rocío Nahle logró lo que nadie había conseguido antes: la unidad de las organizaciones sindicales creadas para la defensa de los empleados de gobierno. *** En su afán por enfatizar el cariz autoritario de la actual administración estatal, a alguien se le ocurrió que eran “demasiados sindicatos” y que lo mejor sería tratar con uno solo, al que se podría controlar con mayor facilidad. *** Ojalá recapaciten y entiendan que están estirando demasiado la cuerda. Si se revienta, las consecuencias serán muy graves.
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