Punto de Vista
* FGE: ¿cambiar para seguir igual?
Por Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El comunicado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es contundente. *** “… se les comunica que, hasta en tanto el Senasica lo determine, con base en la situación que prevalezca del GBG (gusano barrenador de ganado) y debido a las ultimas detecciones, se amplía la prohibición de movilización de ganado bovino originario de todo el territorio del estado de Veracruz, con destino a corrales de engorda autorizados por el Senasica en el estado de Nuevo León”. *** Esto es: que todo -sí, ¡todo!- el ganado bovino del estado Veracruz estará vetado en el estado de Nuevo León y -no lo dice el comunicado, pero se escucha en los puntos de comercialización- la misma medida será aplicada para que tampoco llegue a los otros estados fronterizos, o sea Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. *** Esta medida refleja una realidad incontrovertible: el estado de Veracruz ha sido incapaz de frenar el avance de esta plaga y cada res que se produce en la entidad representa un riesgo latente de que el gusano llegue a los centros de acopio de la frontera norte, donde los comercializadores están tratando de convencer al gobierno de Estados Unidos que pueden garantizar que ningún animal que vaya a ser exportado a aquel país, estará contaminado. *** La gobernadora Rocío Nahle informó que no tiene la intención de remover a nadie de su equipo “porque están haciendo un buen trabajo”. Quizá alguien le está informando mal. Es momento de que rueden cabezas en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa), si no los titulares, quizá el responsable de Movilización y Sanidad Animal, o hasta el Director de Ganadería. *** Para nadie es un secreto que el subsecretario Carlos Manuel Jiménez Díaz, “El Potrillo” ocupa su posición para preparar su campaña electoral del 2027, en el Distrito de Misantla, pero poco -o nada- hace para reforzar las medidas de contención de esta plaga.
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La gobernadora Rocío Nahle no necesitaba de la reforma a la Constitución para remover a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández. Es sabido que, desde antes -incluso- de que iniciara su campaña por la gubernatura, la funcionaria ya le había presentado su renuncia, “para que esté usted en posibilidad de decidir lo que considere mejor en materia de procuración de justicia”.
A partir de que, de forma intempestiva, se emitió convocatoria para la celebración de una sesión ordinaria de la Legislatura local este lunes (cuando originalmente se había citado para el próximo jueves) corrió este fin de semana la versión de que el “albazo” tenía que ver con la imposición de un nuevo titular de la FGE.
Al mismo tiempo que surgía tal versión, se insistía en que la gobernadora propondría a la actual magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre para ocupar dicho cargo, lo cual -desde el ángulo que se le quiera analizar- resultaría una aberración.
Vayamos por partes.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su artículo 8, párrafo segundo, establece: “Las personas que hayan ocupado el cargo de magistrada, magistrado, jueza o juez, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial”.
El Fiscal es, justamente, “abogado o representante” de la sociedad veracruzana y, por lo tanto, estaría faltando a una limitante muy clara del marco jurídico que rige las tareas de impartición de justicia.
A los actuales gobernantes se les ha hecho costumbre librar ese tipo de impedimentos mediante la figura de la “dispensa”. El artículo 33 de la Constitución local, en su fracción 35, establece como “atribución” del Congreso, “conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública”.
Gracias a su contundente mayoría en el Poder Legislativo, nunca han tenido que explicar las “causas justificadas” o las “razones de utilidad pública”.
Ya se dio el caso de que un magistrado -Emeterio López Márquez- quien fue designado para realizar las tareas de titular del Ministerio Público. La diferencia es que en aquel entonces no se trataba de una Fiscalía “autónoma”, sino de la Procuraduría de Justicia, y López Márquez era magistrado en materia electoral.
Hay, además, objeción para la llegada de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez. El artículo 67 de la Constitución se refiere s los requisitos que debe cubrir quien se haga cargo de la titularidad de la FGE y establece: “El perfil de la persona Titular de la Fiscalía General será el de una persona honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas públicas, independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a los derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género”.
Los antecedentes de Lisbeth Aurelia Jiménez deberían ser suficientes para ni siquiera considerarla. Presidió el Tribunal Superior de Justicia y torció la ley para castigar a juzgadores que actuaron en contra de la voluntad del gobernador en turno, Cuitláhuac García. Ahí está el caso de la jueza Angélica Sánchez, perseguida y reprimida por dar cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial de la Federación, o el caso del juez Florencio Hernández, por no “acatar” las instrucciones que le hizo llegar David cardeña, secretario particular de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez.
Por cierto. Es de suponer que al mediodía de este lunes el pleno del Congreso sea informado de la renuncia de Verónica Hernández. El reglamento de la Ley Orgánica de Fiscalía dispone que (artículo 33) “cuando la Fiscalía General quede vacante, por cualquier circunstancia y en tanto se sustancia el procedimiento conforme a la Constitución del Estado, quedará a cargo, de manera provisional, de la o el servidor público que, en orden de prelación, se encuentra señalado en el artículo 15, fracciones de la II a la V, de la Ley Orgánica”.
Bajo ese criterio, quedaría como “encargado del despacho” el Visitador General, cargo que hoy detenta José Alfredo de la Rosa Escalante, personaje que fue “importado” desde Baja California Sur por el entonces secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos.
Claro que, convenido el relevo, podría suceder algo similar al relevo en la Fiscalía General de la República (FGR), cuando Alejandro Gertz Manero, antes de entregar su renuncia, nombró a Ernestina Godoy como Fiscal Especializada de Control Competencial, para que quedara a cargo de la FGR hasta que el Senado resolviera la sustitución. En este caso, que la propuesta de la gobernadora fuera designada Visitadora General, para encargarse de ese organismo desde el momento mismo en que se materializara la renuncia.
Como ha sucedido en muchos otros casos (el Poder Judicial o el Seguro Popular, por ejemplo) los gobiernos de Morena se enredan en sus propios argumentos y terminan imponiendo remedios que resultan peores que la enfermedad.
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Epílogo.
Fue más que un simple atraco: fue un mensaje, una amenaza. El pasado sábado fue asaltada la vivienda del periodista Melitón Morales Domínguez. *** Entre las 4 y 5 de la tarde, una vez que vieron que nadie se quedaba en el domicilio, varios sujetos entraron y se apoderaron de dinero, alhajas y diversos artículos que encontraron a su paso, a la vez que causaban múltiples destrozos. *** Quienes acudieron al sitio para investigar lo ocurrido, admitieron que, además del robo, todo parecía configurar un acto de intimidación. *** Periodistas de diversas organizaciones y otros de manera directa externaron su preocupación por la integridad del colega y por lo que podría convertirse en un “modus operandi” de actores políticos que pretenden callar plumas críticas e influyentes. *** Vaya desde este espacio un mensaje de solidaridad y absoluto respaldo para el compañero Melitón Morales. ¡No estás solo!
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