UPAV: gobierno morenista protege derechos laborales… ¡corriéndolos! 

 Por Héctor Yunes Landa

La salvación que ofreció el gobierno de Rocío Nahle a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV)resultó en una tormenta perfecta:

El atraco de más de 105 millones de pesos de cuotas de los estudiantes nunca se recuperó, no hubo castigo sino impunidad para los responsables designados por este gobierno, los maestros siguen sin recibir sus pagos atrasados -ya les informaron que no lo recibirán- y los estudiantes están a la deriva porque la transición provocó que se suspendieran todas las actividades.

El conflicto en UPAV es una vergüenza, hasta ahora una historia de corrupción, impunidad y engaño en contra de docentes y estudiantes.

Apenas el lunes pasado, durante la sesión del Congreso del estado, Morena y sus aliados aprobaron convertir a la UPAV en un organismo público desconcentrado (OPD), a fin de que sea el gobierno y no una asociación civil, el encargado decontrolar el presupuesto y las decisiones administrativas.

La excusa de la gobernadora Nahle y las diputadas y diputados morenistas fue la corrupción y el desorden administrativo que había derivado no sólo en la suspensión de clases sino en la falta de pago de miles de maestros, muchos de ellos con más de 15 años de antigüedad.

El gobierno del estado y los diputados morenistas pretenden “salvar” a la UPAV pegándole un tiro en la sien.

Durante el debate legislativo, todos los legisladores alineados al gobierno ofrecieron que se respetarían los derechos laborales de maestros y personal administrativo. Hoy se confirmó que fue un deliberado y cruel embuste.

En mi intervención pedí a los diputados morenistas que explicaran de qué forma protegerían los derechos laborales, a cuáles se referían y si, entre ellos, estaba el respeto a la antigüedad de los docentes, quienes han resultado unos verdaderos apóstoles de la educación ante la rapiña de sus autoridades. La respuesta fue el silencio cómplice.

La respuesta llegó de la propia universidad apenas cuatro días después, el viernes pasado, cuando alrededor de 500 trabajadores administrativos de la UPAV fueron despedidos sin explicación alguna. Todos estaban laborando por contrato, algunos de ellos desde el 2005.

De manera casi clandestina, en una cafetería y no en las instalaciones de la propia Universidad, los trabajadores fueron citados a una “reunión informativa” donde se confirmaron todos sus temores en voz del propio rectorRodolfo Torres Velázquez: no podrá pagarles “porque la UPAV no tiene recursos”, a pesar de que, en este momento, la institución ya forma parte de la estructura de la Secretaría de Educación.

Lo increíble del caso es que, en esa misma reunión, se le informó que “por ley” no se les puede elaborar un contrato, por lo que tendrían que laborar sin contrato y sin salario durante los próximos tres meses, en lo que concluye el proceso de transición, lo que implica que se vayan con las manos vacías.

Ni los alumnos, maestros y personal administrativo son los responsables de la anarquía y la corrupción solapada en estos últimos años, pero pagarán los platos rotos. La detención del ex rector y de otros altos funcionarios tampoco resolverá la crisis.

La UPAV agoniza sólo para crear otra institución con el mismo nombre.

La puntita

El dinero no es el problema, pero siguen sin pagarle -incluso la primera quincena de enero- a trabajadores de salud, de la UPAV, los tecnológicos, el Fondo de Futuro de la Sedecop y el IPAX. Más lo que se acumule…