Punto de Vista

* FGE: se cae el caso Botas

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Gregorio Gómez Martínez le está ganando la narrativa a la Fiscalía General del Estado (FGE). *** A través de su familia y de sus abogados envió una carta dirigida a la presidente Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Rocío Nahle, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, lo mismo que a las cámaras de diputados y senadores, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y a la nueva titular de la FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. *** En la carta, “Goyo” Gómez hace un detallado recuento de los abusos que ha sufrido desde su detención, el 7 de abril del 2021. Plantea que su captura estuvo a cargo de policías estatales que lo entregaron a una banda criminal, y asegura que fue gracias a que se difundió un video de su detención, que decidieron no asesinarlo y optaron por entregarlo a las autoridades. *** Narra cómo le fueron imputando diversos delitos (“todos ellos fabricados”, asegura) y que el colmo se dio cuando el 10 de enero, con el argumento de que se había reportado una fuga de combustible en Tihuatlán y que era necesario proteger su vida, un juez ordenó que se retirara el arraigo domiciliario y fuera regresado a prisión. *** “La fuga de combustible nunca ocurrió; tanto la Secretaria de Protección Civil, como Pemex señalaron que eso era falso. Mi defensa solicitó audiencia para acreditar esa falsedad y demandar mi regreso al resguardo domiciliario. Pasaron 15 días para resolver que no hubo tal fuga de combustible y ordenando mi regreso a Tihuatlán”, narra en su carta. *** “Al poner un pie afuera del reclusorio, fui detenido nuevamente por la Fiscalía de Veracruz, ahora bajo la acusación de un supuesto despojo cometido en el año 2020, en un terreno (...) a un señor de nombre Elpidio Leodegario Ibarra Franco, persona a la que jamás he visto en mi vida y la que supuestamente acredita la propiedad del terreno que dice le despojaron, con un contrato privado hecho a máquina de escribir, sin fecha cierta”. *** “No obstante que el despojo no es delito grave, el juez de control Roberto Santos Maldonado Morales, me impuso medida cautelar de prisión. Mi defensa acreditó que en agosto del año 2020 yo no estaba en Poza Rica, que el terreno del supuesto despojo es propiedad y está en posesión, al menos desde el 2014, de una persona de nombre Carlos Cruz, quien lo compró a su legítimo dueño, Juan Ibarra”. *** Esto sólo es una muestra del “campo minado” que le heredó Verónica Hernández a su sucesora… pero hay más.

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Conforme pasan los días y la nueva titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se va empapando de los temas que dejó pendientes su antecesora, Verónica Hernández, se empieza a conocer la dimensión del basurero en el que se había convertido esa institución.

Así lo demuestra un caso que fue de gran impacto mediático: la muerte de Montserrat Bendimes Roldán, de 20 años, ocurrida el 17 de abril de 2021.

La Fiscalía determinó que la joven falleció como consecuencia de los golpes que le habría propinado su novio, Marlon Botas Fuentes, quien fue imputado por el delito de feminicidio.

El caso se complicó porque la joven no falleció en el lugar donde habría ocurrido la agresión, sino que fue llevada a un hospital por los padres del presunto agresor. A los pocos días falleció.

Marlon Botas huyó y evadió la acción de la justicia durante 14 meses, hasta que en junio de 2022 acudió a las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y se entregó de forma voluntaria argumentando, en un video que subió a redes sociales, que la muerte de Montserrat había sido un accidente.

El juicio contra Marlon Botas siguió su curso, pero en la audiencia intermedia la Fiscalía planteó un “incidente de corrección del elemento fáctico de la acusación, por cuanto hace a las circunstancias del modo” en que se cometió el delito.

La jueza de control, Ana Xitlálic García Espinoza declaró improcedente el recurso de la Fiscalía, por lo que esa instancia, a través del padre de la víctima, Víctor Bendimes García, promovió un amparo, que le fue concedido por el Juzgado Cuarto de Distrito, por lo que la defensa de Marlon Botas presentó un recurso de revisión que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, el que resolvió revocar el amparo concedido.

¿Cuál es la consecuencia de esta resolución?

La Fiscalía de Veracruz incumplió una condición que está plasmada en el artículo 19 de la Constitución federal:

“Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”.

En el expediente que presentó la FGE ante el juez no existen circunstancias de modo o forma de la ejecución del delito; no están determinadas las lesiones, ni se plantea la existencia de objetos o actos de violencia, que establezcan que Marlon Botas haya cometido contra la víctima.

La Fiscalía basó su caso en el impacto mediático, con la consigna de afectar a Marlon Botas y a su familia, pero jurídicamente no existe soporte para materializar una acusación real contra Marlon Botas, y menos contra sus padres.

Muy tarde se percató la fiscalía de la omisión en la que incurrió. Estos graves errores los permitió Roberta Ayala Luna, fiscal coordinadora especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, y los cometió la fiscal Guadalupe Carrillo, aquella misma que falsificó la existencia de un menor como supuesta víctima de un delito sexual y por el cual estuvieron detenidos dos peritos, un fiscal y dos policías ministeriales.

En múltiples ocasiones la defensa de Marlon Botas les propuso a los fiscales que modificaran el delito, que se llegara a un acuerdo para acceder a un juicio abreviado, pero siempre les negaron ese recurso. Ahora sus errores se verán reflejado en la sentencia.

Hasta la fecha Marlon Botas sigue en prisión sin sentencia, a pesar de que han transcurrido más de los dos años que la Constitución permite en su artículo 20 apartado B.

La duda es: ¿Lizbeth Aurelia seguirá aplicando la justicia “a modo” como lo hacía Verónica Hernández, o se buscará un juicio justo para obtener una verdadera justicia?

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Epílogo.

En este mismo espacio se publicó el 23 de octubre del año pasado: “Algo oscuro parece rondar por los negocios del diputado local José Ruiz Carmona. Este miércoles muchos testigos reportaron un operativo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en las inmediaciones de un corralón de autos ubicado en la confluencia de las calles José Azueta y Cerro Azul, en el fraccionamiento El Coyol del puerto de Veracruz. Las fuerzas del orden cercaron el predio que lleva por nombre “Grúas México” (…) Ese mismo inmueble había sido revisado meses atrás por autoridades federales y durante un tiempo estuvo custodiado por elementos del Ejército Mexicano”. *** Bueno, pues la mañana de este lunes, una vez más, las fuerzas federales desplegaron un operativo en el corralón “Grúas y Maniobras de México”, propiedad del diputado local José Ruiz Carmona. *** En ninguno de esos operativos, ninguna de las corporaciones participantes ha explicado lo que buscaban, ni si encontraron algo.

filivargas@gmail.com