Punto de Vista

* Nahle no provocó el derrame

Por Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

No importa, en realidad, cuál vaya a ser el resultado final en la elección municipal extraordinaria de Tamiahua, pues el Partido del Trabajo (PT) les demostró a “sus aliados” que ni juntos lo pueden vencer. *** El conteo preliminar de la votación celebrada el pasado domingo da apenas 19 votos de ventaja a la candidata de la alianza Verde-Morena, contra el abanderado del PT. *** Lo cerrado de la votación obliga (así lo establece la ley) a que se abran todas las urnas y se cuente voto por voto. *** En esta elección el órgano electoral instaló 37 casillas y acudieron a votar 9,682 personas, de las 16,758 que aparecían en la lista nominal. La participación fue, pues, del 57.1 por ciento. *** La candidata de la alianza Verde-Morena, Pilar Guzmán Medellín (quien no pudo emitir su voto porque no aparecía su nombre en la lista nominal, toda vez que ella no vive en Tamiahua) sumó 4,175 votos (3,774 del PVEM, 378 de Morena y 23 de quienes cruzaron la casilla de la alianza) mientras que Jorge Antonio Lara Cruz, del PT, acumuló 4,156 sufragios. *** Lo curioso del caso es que, mientras la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 19 votos, las boletas anuladas fueron 157. No podemos olvidar que fue, precisamente, con la anulación fraudulenta de votos, como la alianza de Morena, Verde y PT consiguió apropiarse de municipios en los que fue derrotada. Poza Rica y Papantla son los mejores ejemplos. *** Esta elección extraordinaria se convirtió en un detallado laboratorio de lo que se pudiera dar en las elecciones intermedias del 2027, lo que debe tener muy preocupada a la cúpula de Morena, el partido que fue el gran perdedor en esta elección. Con 378 votos se ubicó en cuarto lugar. *** Ya hay quien habla de la posibilidad de una “elección extraordinaria de la extraordinaria”. El caso, por supuesto, no se resolverá en el OPLE, sino en los tribunales electorales.

* * *

“Excusatio non petita, accusatio manifesta”. La expresión viene del latín. De manera literal, la traducción sería: “explicación no pedida, acusación manifiesta”. Hay otros que la hicieron rimar: “quien se excusa, se acusa”.

Durante al menos cuatro semanas la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha insistido en victimizarse; ha repetido hasta el cansancio que “nadie en Veracruz” es culpable del derrame de crudo que impactó -es algo que ya no pueden negar- buena parte del litoral veracruzano.

— Ningún veracruzano ni veracruzana fue culpable. Nadie. Fui de las primeras que salió a decir, a ver, el derrame, todo parece indicar que es de un barco petrolero, de un barco que hace trabajos para los hidrocarburos.

Lo cierto es que nadie ha pretendido culparla por el derrame de petróleo. Quizá un argumento muy rebuscado pudiera vincular su paso por la Secretaría de Energía con este desastre ecológico, pero en general las críticas hacia su gobierno y hacia ella misma han ido en otro sentido: su enfermizo afán de minimizar la gravedad del caso, y la inoperancia de su equipo de colaboradores.

Desde la aparición de las primeras manchas de petróleo en playas del sur de la entidad, los pescadores y pobladores de la zona lo hicieron público y esperaban dos cosas del gobierno estatal: primero, que recurriera a las instancias correspondientes (Pemex, Semarnat o ASEA) para identificar el origen de esos derrames y resolverlo, y -segundo- que tomara las medidas necesarias -pidiendo, incluso, el apoyo a otras instituciones- para contener el avance de esas manchas de petróleo y recuperarlo.

Y la reacción de la gobernadora fue: minimizar la presencia del hidrocarburo (habló de “trazas” y de “gotitas”), ubicar el origen de los derrames fuera del estado (habló de “un buque privado” en aguas de Tabasco) y centrar su preocupación en las zonas turísticas de Veracruz (“las playas están limpias, los visitantes pueden estar tranquilos”) sin hacer la menor referencia a zonas especialmente vulnerables a estos derrames, como los arrecifes o los manglares.

A partir de ahí, todo fue cuesta abajo: enviar a las plumas a su servicio a tachar de “traidores” a todos aquellos que “exageraron” las dimensiones de derrame y que, “en su afán de golpear al gobierno, afectan a los prestadores de servicios turísticos”.

Cuando finalmente el gobierno federal admitió las dimensiones del problema y desmintió las versiones de la presencia de “unas cuantas gotitas” de petróleo, entonces la narrativa tuvo que ser otra: los funcionarios de la administración estatal saliendo a tomarse “selfies” en las playas de Veracruz, haciendo como que participan en brigadas de limpieza.

Son esas actitudes -no la “mala prensa”- las que devuelven a la gobernadora a los últimos lugares de calificación.

* * *

Epílogo.

A la Fiscalía de Veracruz se le agotó -el pasado 23 de marzo- la medida cautelar de prisión preventiva justificada que consiguió contra el juez Florencio Hernández. De modo que, sin mediar audiencia, en un acuerdo exclusivo entre los fiscales y el juez de la causa, se tomó la decisión de “ampliar” la prisión por otros 4 meses. *** Eso, por supuesto, es ilegal. Florencio Hernández fue informado de esta “prórroga” de su permanencia en prisión el 26 de marzo y a su abogado lo notificaron el 25 de marzo, ambas fechas posteriores al vencimiento del plazo impuesto por el juez. *** Florencio Hernández lleva ya tres años en prisión, lo que violenta el debido proceso. El artículo 20 de la Carta Magna establece: “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”. *** Alguien en la Fiscalía de Veracruz no hizo bien su tarea y se le hizo fácil promover una “consigna” al juez que lleva el caso, para mantener a Florencio Hernández en la cárcel. *** ¿Qué opinan de ello la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez y la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández? *** Algo está sucediendo en el gobierno estatal, que no pasa una semana sin que se presente alguna manifestación de protesta vinculada con abusos de carácter laboral. Ha habido casos, incluso, que las expresiones de protesta se “empalman”, como la semana pasada, cuando fueron tomadas las sedes estatales de Educación (SEV) y de Obras (SIOP). *** Esta semana no fue diferente. Arrancó con la movilización de trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), quienes tomaron las oficinas centrales en Xalapa. *** Algo que sí está consiguiendo el actual gobierno estatal es la unidad gremial de los empleados de la administración estatal. La protesta de este lunes mostró la coincidencia de 15 organizaciones sindicales, tanto del estado como de la federación. *** Reclaman transparencia en los procesos de transición. Nadie les dice qué va a suceder con ellos al pasar sus fuentes de trabajo de los Servicios de Salud al IMSS Bienestar. No se oponen al cambio, pero demandan certeza jurídica y laboral.

filivargas@gmail.com