Punto de Vista

* La deuda infinita

Por Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

No hay nada que justifique la bestialidad con la que se comportan las organizaciones criminales, pero ojalá lo sucedido este día en Tuxpan sea la señal de que las fuerzas del orden los tienen copados. *** Lo más triste de los hechos registrados este día, fue la muerte de una menor, de apenas 12 años, identificada como Ana Gabriela, quien después del ataque fue trasladada a un hospital, pero todo fue inputil. *** El ataque tuvo lugar la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Puerto Pesquero, de Tuxpan. Sujetos desconocidos dispararon contra un hombre identificado como Luis Daniel, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. *** Sin embargo, los disparos alcanzaron a dos menores que se encontraban en la zona. Ana Gabriela, estudiante de la primaria José Vasconcelos, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, pero por la gravedad de las heridas, poco después se reportó su muerte. *** Fuerzas federales, coordinadas con la policía estatal, iniciaron una fuerte acometida contra grupos a los que ellos llaman “generadores de violencia”. En diversos operativos han logrado la captura de varios de sus integrantes, pero en la región prevalece una confrontación entre bandas delictivas y la violencia no cede.

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Urgida de aportar a los veracruzanos alguna buena noticia, la gobernadora Rocío Nahle recurrió al manido tema de la deuda pública. El razonamiento es impecable: “el tema es tan denso, que con afirmar que estoy bajando la deuda que recibí, será suficiente para anotarme un punto favorable”.

Sin embargo, no basta con enredar a los ciudadanos con cifras que superan su entendimiento. Es necesario sustentarlas.

Frente a versiones de que había hecho crecer el pasivo del estado, la gobernadora salió a negar que hubiera contratado nueva deuda y presumió que mantenía una “estrategia de saneamiento financiero”, a la vez que anunciaba el pago de cerca de 1,900 millones de pesos (de deuda) en lo que va del año.

Y una vez más -como lo han hecho todos los gobernantes antes que ella- anunció con argullo que había conseguido una reestructuración. Explicó que algunos créditos que tenía el gobierno estatal con Banobras fueron “trasladados” a BBVA con mejores condiciones: “Le pagábamos alrededor del 13% a Banobras y ahora vamos a pagar cerca del 7%”.

Ya lo he repetido hasta el cansancio (con otros gobernadores): no existen fórmulas mágicas para reducir la deuda, la única válida se llama “pagar”. Habrá quien alegue que las “reestructuras” permiten reducir los pasivos, pero eso no es más que una ilusión.

Lo que no reveló la gobernadora fue el plazo contratado con BBVA. De pronto lo que ya no se tiene que pagar ahora se convierte en más años comprometidos.

Este mismo miércoles el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Carbonel de la Hoz, hizo un firme llamado a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que esclarezca los detalles y las condiciones de las operaciones de refinanciamiento de deuda pública que fueron inscritas ante la Federación.

El líder partidista consideró “imperativo” que la autoridad estatal rinda cuentas claras sobre el impacto real que esas decisiones tendrán en el patrimonio de los veracruzanos durante las próximas décadas. Esto es, como lo asenté, que nada dijo la gobernadora sobre los nuevos plazos de amortización.

El Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que el gobierno de Veracruz formalizó movimientos financieros bajo el concepto de “refinanciamiento”, aunque sin autorización del Poder Legislativo.

Esos datos arrojan que el pasado 25 de marzo de 2026 se concretaron contratos con BBVA por más de 4,860 millones de pesos, divididos en dos créditos de tipo simple que comprometen las finanzas de la entidad hasta el año 2040.

Luis Carbonel de la Hoz advirtió que, aunque estas operaciones se registran bajo el argumento de “mejorar las condiciones de las tasas de interés”, la extensión de los plazos de pago y el uso del Fondo General de Participaciones como garantía requieren de una explicación técnica y pública.

Pero vayamos a las cifras, a los datos duros.

En diciembre del 2024, cuando Rocío Nahle asumió la gubernatura, la deuda del Poder Ejecutivo andaba en los 47,100 millones de pesos. Hasta antes de que se concretaran estas operaciones reportadas ante Hacienda, esa misma deuda oscilaba entre los 46 mil y 49 mil millones de pesos.

La principal aportación de este gobierno fue el pago (casi en su totalidad) de la deuda con el SAT y con el ISSSTE. Para ello, la gobernadora aprovechó una importante promoción del gobierno federal que otorgaba un considerable descuento si se cubría buena parte de esos pasivos.

No ha habido, por lo tanto, una reducción sustancial de la deuda, aunque sí logró abatir rezagos históricos y reducir en forma sustancial las obligaciones fiscales.

En el contexto nacional, se aprecia que Veracruz no es el estado más endeudado, pero tampoco está en el grupo con finanzas sólidas. Se ubica en un segmento intermedio.

Las casas calificadoras le reconocen, como fortalezas, una deuda “estructurada y garantizada” (esto es, “apalancada” con las participaciones), con una mejora en sus indicadores y sin presiones inmediatas de refinanciamiento.

Las debilidades, sin embargo, no son menores: en principio, un portafolio rígido (los fideicomisos), una alta dependencia de las participaciones federales (esto es, que genera pocos recursos propios) y pasivos no financieros, como el sistema de pensiones de la burocracia.

No estaría de más que, en abono a esa “vocación de transparencia”, el secretario de Finanzas, Miguel Reyes Hernández, diera los detalles de esta nueva “reestructura” y explicara las razones por las que no se consultó al Congreso local. Ni modo que temieran que no se las fueran a aprobar.

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Epílogo.

Esta es, quizá, la mejor muestra de que las cosas están cambiando en la Fiscalía General del Estado (FGE). La disposición de las nuevas autoridades para admitir y atender las recomendaciones en materia de derechos humanos. *** La nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez, dio a conocer que la Fiscalía rectificó su actitud respecto a la Recomendación 030/2025 por violaciones a la dignidad y a los derechos de víctimas y familiares de la masacre ocurrida en el bar “Caballo Blanco”, en agosto del 2019. *** “Había sido rechazada (la recomendación) y ya fue aceptada”, confirmó Minerva Pérez. Con ello, la FGE se la obliga a ofrecer una disculpa pública, a iniciar procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades y a reconocer, de manera formal, la calidad de víctimas. *** “En un lapso de 15 días hábiles (tres semanas) nos tienen que mandar un oficio con las acciones que van a realizar y los tiempos estimados para dar cumplimiento a cada uno de los puntos”, señaló la titular de la CEDH. *** La Recomendación 030/2025 documenta violaciones graves en la atención institucional del caso. Hubo trato indigno hacia víctimas y familiares, negligencia en la preservación de evidencias, deficiencias en los procesos de identificación y entrega de cuerpos, así como falta de acompañamiento institucional a los deudos.

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