Punto de Vista
* ¡No más presos sin sentencia!
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Entre las leyendas que se han construido alrededor de la figura del expresidente López Obrador, hay una que impacta de manera directa a Veracruz: cuentan que dejó la instrucción de que se protegiera al exgobernador Cuitláhuac García. *** En un principio su sucesora, Rocío Nahle, no tuvo objeción alguna (¿quién se atrevía a oponerse a las instrucciones del “jefe”?), pero conforme fue revisando las condiciones en las que tomó la administración estatal, consideró oportuno enviar un mensaje a Palenque: “señor, me dejaron un cochinero, considero prudente proceder contra los responsables”. *** Cuentan quienes estuvieron cerca en aquellos momentos que la respuesta fue más o menos en este sentido: “haz lo que tengas que hacer, sólo recuerda que no debes afectar a nuestro amigo”. *** Muy a su pesar, la gobernadora se contuvo y enfiló sus baterías contra personajes menores a los que sí pudiera llamar a cuentas. *** En días recientes la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, confirmó que su área jurídica presentó ya dos denuncias penales, por presunto daño patrimonial, contra exfuncionarios de la administración de Cuitláhuac García. Lo que se sabe es que se trata de irregularidades detectadas en un Instituto Tecnológico y en un Fideicomiso público. *** La auditora general reveló que el Orfis tiene carpetas de investigación abiertas de diversas administraciones estatales: “Tenemos procedimientos de investigación, estamos recibiendo documentación de ellos. Les puedo decir que hay quienes no han atendido, y pues son los candidatos más viables para acudir al Tribunal y a la Fiscalía”. *** Los más cercanos al exgobernador Cuitláhuac García esperan que esa cobija los alcance a cubrir, pero en materia de rendición de cuentas los números son fríos y terminarán en los tribunales.
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Suele ser un tema en el que los ciudadanos no se involucran… mientras no les impacte a ellos o a personas muy cercanas. Se trata de la prisión preventiva oficiosa.
El segundo párrafo del artículo 19 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advierte que el Ministerio Público “sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.
Pero en ese mismo párrafo se enumera una larga lista de delitos en los que el juzgador deberá aplicar de manera oficiosa (es decir, sin que sea necesaria la petición del Ministerio Público) la medida cautelar de prisión.
Esto choca, sin embargo, con sentencias de organismos internacionales a los que el gobierno de México está adherido y, por lo tanto, deben ser acatadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano (en los casos conocidos como Tzompaxtle Tecpile vs México y García Rodríguez y otro vs México) en las que establece que la prisión preventiva oficiosa es “inconvencional”, es decir, que contradice o viola los tratados internacionales en derechos humanos ratificados por México.
Hace apenas una semana, el Pleno de la Región Centro-Norte en materia penal se pronunció en contra de la prisión preventiva oficiosa. En su resolución determinó que la suspensión provisional, dentro de un juicio de amparo, debe otorgarse siempre para evitar que las personas sean ingresadas a prisión de forma automática, incluso cuando exista una orden de aprehensión emitida en su contra por un delito grave.
Sin embargo, un día después de esa resolución, la Suprema Corte emitió un oficio en el que “solicitó” (solicitud que suena a orden) al Pleno Regional suspender la publicación del criterio y la elaboración del engrose correspondiente hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto, un tema que ha pospuesto analizar por más de cinco años.
Al respecto, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa publicó un breve, pero severo comentario: “¿Y la motivación? Marina Gascón dice que ‘el deber de motivar representa una potente garantía contra la arbitrariedad del Poder Judicial. Un fallo sin fundamentación es el paradigma de una sentencia arbitraria’. Esto se traduce como más gente en las cárceles”.
Y es que, en efecto, un reportaje del portal “Animal Político” reveló en diciembre del 2025 que, en tan solo 13 meses de su administración, la presidente Claudia Sheinbaum rompió el récord de presos en México, tras sumar 256 mil 557 personas privadas de la libertad, la mayoría bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Este número -agrega el mismo portal- llegó a 261 mil 338 personas privadas de su libertad, según cifras actualizadas a febrero de 2026.
El propio jurista Tomás Mundo ha señalado en múltiples ocasiones que tan solo en el estado de Veracruz hay más de 5 mil internos debido a que les ha sido aplicada la medida cautelar de prisión preventiva.
Es necesario levantar la voz y exigir al Poder Judicial que se pronuncie respecto a las sentencias internacionales que cuestionan la pertinencia de llevar a prisión a ciudadanos que no han sido sentenciados y a los que, por lo tanto, se les viola un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia.
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Epílogo.
Los empresarios asentados en la ciudad industrial Bruno Pagliai ven con buenos ojos que el ayuntamiento de Veracruz y la Secretaría de finanzas del gobierno estatal ya trabajen en el mecanismo para la municipalización de esa zona. *** Sin embargo, sugieren que se plantee un cambio “significativo” en la relación con el ayuntamiento y dejar atrás prácticas que han implicado altos costos. *** Sugieren que en esta nueva etapa se antepongan la coordinación y el diálogo entre el ayuntamiento y los condóminos, para garantizar resultados efectivos. Piden que se revise y replantee el esquema de administración anterior, especialmente aquel con el que operó el Fondo del Futuro, pues eso permitirá una mayor participación de los empresarios. *** Hay un diagnóstico muy detallado de lo que ha sucedido con la ciudad industrial Bruno Pagliai. Es momento de corregir el rumbo y dar 7un nuevo impulso a ese polo de desarrollo.
filivargas@gmail.com