Punto de Vista

* Bursatilizar, ¿un error?

Por Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

“Los vamos a invitar a que acudan a la Fiscalía, que pongan la denuncia”, expresó la gobernadora Rocío Nahe cuando fue cuestionada sobre la cancelación de una Exposición Internacional de Ganado Cebú en Tuxpan. *** Y, claro. Con toda seguridad los ganaderos acudirán a la Fiscalía para denunciar las amenazas y las extorsiones de las que son objeto. *** Es Tuxpan, donde apenas este fin de semana fue baleada, una vez más, una sucursal de las carnicerías “El Jarocho”, ubicada en la Avenida Garizurieta y la calle Pípila, en el centro de aquella ciudad. *** Apenas en mayo de este año dos sucursales de ese negocio fueron baleadas en esa misma ciudad y hasta hubo personas heridas por los disparos. ¿La razón de estos ataques? El cobro de piso. *** En redes sociales se dio a conocer la cancelación de la exposición de ganado cebú, debido a que grupos criminales les estaban poniendo “cuota” por cada cabeza de ganado que fuera comercializada durante la feria. *** Rocío Nahle dijo no tener conocimiento “formal” sobre la cancelación del evento, pero aclaró que ya se comunicó con el presidente de la Asociación Mexicana de Ganado Cebú, Óscar Thomas Obregón. *** “Nos comunicamos con el señor Thomas, que es el del Cebú, y él dice que no (ellos no organizan), que solamente lo habían invitado. Le pedí al presidente municipal (Daniel Cortina) que nos informara. Si los ganaderos manifiestan esto, los vamos a invitar a que acudan a la Fiscalía, que pongan la denuncia, que nos den datos”. *** Y es que, al menos en Tuxpan, Veracruz no está de moda.

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En espera de que explique la gobernadora Rocío Nahle de dónde surgieron los recursos para la liquidación de la deuda bursátil de 199 ayuntamientos y quién le autorizó que los aplicara en ese rubro, justo es reconocer que las actuales administraciones municipales reciben con gran alivio este aliciente financiero.

Lo cierto es que, con el afán de resaltar el “histórico rescate” de dicha deuda, muchos han satanizado, muy a la ligera, ese mecanismo financiero que en su momento dotó de recursos frescos a municipios que con sus presupuestos apenas alcanzaban a cubrir sus nóminas. No había margen para atender el grave rezago en materia de infraestructura.

Hay una tendencia natural -pues es lo que se vive en los hogares de los mexicanos- a cuestionar las deudas que contraen los gobiernos, pero casi cualquier economista -en especial aquellos de la corriente keynesiana- advertirán que un gobierno puede endeudarse para realizar inversiones que el sector privado no está dispuesto o no puede hacer, como carreteras, puertos y aeropuertos; sistemas de agua y drenaje; hospitales y escuelas; infraestructura energética, o

investigación científica y tecnológica.

Si esas inversiones elevan la productividad, el crecimiento futuro genera mayores ingresos fiscales, suficientes para pagar la deuda.

En ese enfoque, la deuda funciona como lo hace una hipoteca para una familia o un crédito para una empresa: permite anticipar inversiones cuyos beneficios se obtendrán durante muchos años.

Visiones más liberales sostienen que la deuda sólo se debe utilizar en casos extraordinarios, pues tiende a desplazar la inversión privada, incrementa el pago de intereses, puede provocar inflación y reduce el margen de maniobra de futuros gobiernos.

Desde esa óptica, el endeudamiento sólo se justifica en situaciones como guerras, pandemias, desastres naturales o recesiones muy profundas.

Fue durante la administración de Fidel Berrera Beltrán cuando se propuso este mecanismo (la bursatilización) que ya antes se había aplicado en Sonora, con Eduardo Bours. En un principio se planteó que las acciones bursátiles fueran respaldadas con un impuesto local, el de la tenencia vehicular, pero meses más tarde ese tributo fue eliminado y el respaldo de las acciones bursátiles se trasladó a un porcentaje de las participaciones federales.

El operador del gobierno estatal para que los ayuntamientos ingresaran a este mecanismo financiero fue el entonces subsecretario de Administración y Finanzas, Javier Duarte, quien llegaba a las reuniones con los alcaldes con su doctorado en Economía, cursado en la Universidad Complutense, de España.

Para convencer a los Cabildos (no consiguieron a todos, especialmente los gobernados por el PAN se negaron) Javier Duarte gestionó con Fidel Herrera que admitiera una vez más en su equipo de trabajo a Alberto Silva Ramos, quien fue colocado en el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), desde donde se hizo el cabildeo.

Los objetivos planteados en aquel entonces eran bastante atractivos. Los municipios requerían inversión pública que mejorara su infraestructura y -como ahora lo pretende la gobernadora- se comprometían a aplicar ese recurso en el fortalecimiento municipal.

Hubo, sin embargo -y eso tienen que admitirlo quienes lo operaron- mucha “mano negra” en el trámite. En voz baja, los alcaldes se quejaban de que los obligaban a “firmar” por la suma completa que les correspondía… pero no todo les llegaba.

 También existen reportes de aquella época de que los fondos de la bursatilización fueron aplicados para fortalecer la estructura electoral del PRI, para los procesos de 2009 (diputados federales) y 2010 (gobernador, diputados locales y presidentes municipales).

Ojalá las actuales autoridades municipales entiendan que esto no es un “regalo”, sino un estímulo para generar mejores condiciones en su entorno.

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Epílogo.

Apenas la semana pasada se volvieron a reunir los abogados del Bloque Sur, en Acayucan. *** Han hecho un frente común para resolver temas que son fundamentales en el ejercicio del derecho. Demandan acabar con la prisión preventiva, fortalecer el esquema de juicios abreviados, que los jueces revisen, de manera oficiosa, la prisión preventiva. *** Van a presentar denuncias contra los jueces, fiscales o peritos, que se aparten de la legalidad o en los casos en los que se advierta una notoria ineptitud. Exigen la modernización de los Servicios Periciales y acabar con los “dictámenes a la carta”, para que a las víctimas realmente se les haga justicia. *** El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa adelantó que muy pronto se sumarán abogados de la Ciudad de México y de Oaxaca: “estamos en pláticas para ir allá y exponer lo que estamos haciendo en el sur del estado”. *** Y mientras tanto, abogados de prestigio se sumaron al caso del asesinato de Rafael Rendón Martínez, por parte de elementos de la Policía Municipal de Cosamaloapan, en hechos ocurridos el pasado 13 de julio. *** Los habitantes de la comunidad La Carolina han realizado bloqueos en la caseta de cobro de la de la autopista 145D La Tinaja-Cosoleacaque y exigen que se haga justicia. *** La tarde de ese 13 de julio, policías municipales detuvieron a Rafael Rendón y a su hijo sin razón alguna. Los esposaron y los subieron a una camioneta donde los golpearon. En el camino a la comandancia, los uniformados notaron que Rafael Rendón no reaccionaba, por lo que llamaron una ambulancia y con violencia lo cambiaron de unidad. *** Poco más tarde, en el hospital, los familiares fueron informados del fallecimiento de Rafael Rendón. Señalan también que el alcalde Jorge Villegas Cázares ha evadido su responsabilidad y argumenta que ya les hizo llegar un recurso para apoyarlos con los servicios funerarios.

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