Punto de Vista

* La indiscreción de Nahle

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

La secretaria de Educación, Raquel Bonilla, lo admite: las escuelas de la entidad enfrentan múltiples problemas, que van desde la falta de agua hasta carencias en infraestructura. El rezago en el sector educativo -afirma- es un problema “histórico”. *** Resulta absurdo, por tanto, que desde la administración estatal se impulse una campaña para que los padres de familia se nieguen a aportar cuotas voluntarias que han servido, durante muchos años, para dotar a los planteles de lo mínimo indispensable para su operación: productos de aseo, materiales de higiene, papelería básica para la operación de las oficinas administrativas, entre otros. *** Raquel Bonilla reconoce que los problemas en los planteles escolares derivan de la falta de mantenimiento, además de las condiciones geográficas y estructurales en las que fueron edificadas. Son más de 3 mil escuelas en la entidad que funcionan sin servicio de agua potable, reveló la titular de la SEV. *** Tampoco da muchas esperanzas de que estos problemas se vayan a resolver en el corto plazo. Dijo que la dependencia a su cargo “se encuentra elaborando un diagnóstico integral para visualizar a detalle cada problemática escolar, evaluar las dinámicas de cobertura docente y establecer soluciones efectivas que garanticen condiciones dignas para la comunidad estudiantil”. Eso, por supuesto, va a requerir mucho tiempo y ya después hablaremos de lo que se tardarán en aplicar las “soluciones efectivas”.

* * 

“Yo pedí de la manera más respetuosa que no hubiera especulaciones, que esperáramos a que se emitiera el resultado”, dijo la gobernadora Rocío Nahle.

Enseguida se tomó la libertad de aportar información que es clave para entender las circunstancias en las que falleció el diputado federal Zenyazen Escobar.

“Fue muy sonado por cómo se dio; se encuentra a orillas de la carretera, dentro de su carro, el carro cerrado por dentro, con seguros, hay una bala, una sola bala”.

¿Nadie de su equipo de asesores, ni siquiera la propia “fiscal autónoma” le explicó que no podía revelar esos datos?

Era tal su deseo de demostrar que “ella sabía más” sobre ese tema, que no le importó incurrir en un delito que está plasmado en el Código Penal para el Estado de Veracruz. Se le conoce como “revelación de información reservada”.

El artículo 348 del Código Penal del Estado establece que se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa hasta de cincuenta días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la prisión impuesta (segundo párrafo) “al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial”.

Al revelar esos datos, Rocío Nahle quebrantó la reserva de las actuaciones.

La asesoría jurídica -eso está claro- es uno de los puntos más vulnerables de la gobernadora de Veracruz.

En entrevista radiofónica se aventó otra “perla” en materia legal.

“En este caso, la investigación la tiene la Fiscalía General de la República (FGR), porque así lo mandata la ley. La ley dice que cuando un diputado federal tiene un suceso parecido, será la Fiscalía General de la República la que atraiga el hecho para la investigación correspondiente”.

Nadie le explicó que no existe una disposición constitucional que establezca: 

“los homicidios cometidos contra diputados federales serán competencia de la Fiscalía General de la República”. Tampoco la Ley de la FGR contiene una regla de esa naturaleza.

La Constitución (artículo 73, fracción XXI) establece que las autoridades federales pueden conocer también de delitos del fuero común “cuando éstos tengan conexidad (término jurídico que describe el vínculo o relación estrecha entre dos o más procesos legales, delitos o causas) con delitos federales”. 

Además, el régimen constitucional de la FGR contempla la posibilidad de que ésta investigue y persiga delitos del orden común “cuando se actualicen los supuestos de atracción previstos constitucional y legalmente”.

La calidad de diputado federal de la víctima no transforma por sí misma el homicidio (suponiendo que ya se haya asumido que fue homicidio) en delito federal. La propia Suprema Corte (SCJN) ha sostenido que la naturaleza del delito no cambia sólo porque posteriormente opere la competencia federal. Un delito local atraído por la FGR sigue siendo materialmente un delito del fuero común, aunque su investigación y juzgamiento pasen al ámbito federal.

Un diputado federal es integrante de uno de los órganos constitucionales de la Federación: el Congreso de la Unión. Un atentado contra él podría tener una dimensión federal particularmente relevante, dependiendo de las circunstancias.

Pero esa circunstancia debe conectarse jurídicamente con alguno de los criterios de atracción.

Por ejemplo, habría argumentos considerablemente más fuertes si el homicidio estuviera relacionado con delincuencia organizada (fue el caso de la periodista Roxana Guzmán); que involucrara otros delitos federales, que tuviera efectos o ramificaciones en más de una entidad federativa; que estuviera vinculado con amenazas o ataques contra el funcionamiento de instituciones federales; que revelara una estructura criminal cuya investigación excediera las capacidades o jurisdicción estatal; que tuviera elementos que hicieran necesario evitar la fragmentación de la investigación, o que existieran circunstancias que justificaran jurídicamente que el asunto reviste una trascendencia que amerite la intervención federal.

¿Lo atrajo la FGR?

¡Excelente!

Aunque no sea por los motivos que aportó Rocío Nahle.

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Epílogo.

No tardó en llegar la reacción. En este mismo espacio se dio a conocer la investigación que se inició en el tribunal de Disciplina Judicial contra el juez de control Andrés García Velasco, por su evidente injerencia en asuntos de despojo en agravio de personas de avanzada edad en Poza Rica. *** El mismo domingo por la noche llegó más información sobre ese tema: “¿Sí sabes que es un juez protegido por Aurelia (Jiménez, actual fiscal de Veracruz)? Perdió la elección y aun así lo pusieron otra vez como juez, a pesar de no haber ganado un lugar en la elección judicial, sólo por ser cercano a la que en ese entonces presidía el Poder Judicial”. *** Hay más datos, más señalamientos que pronto daremos a conocer.

filivargas@gmail.com