Gobernador Represor
*Marío Marín,símbolo de la represión
*El Gober Precioso y el caso Lydia Cacho
Quizás el acabose de la carrera política de Mario Marín Torres, gobernador del estado de Puebla, fue el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ya que esto le quitó la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.Si Mario Marín pudiera convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.Sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, pero parece no importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.
Su atrevimiento, para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl.Ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país.Además de quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.
Una tras otraDesde septiembre de 2006, el PRD denunció ser víctima de la represión por parte del gobierno de Mario Marín Torres, y de quien dice no respeta la libertad de expresión en la entidad, apoya bajo el agua a ciertos grupos de poder, empresarios, entre otros, además de incumplir promesas a sus gobernados que quedaron en el aire, entre otras cosas.Por ese tiempo, los perredistas María Elena Cruz y Rodolfo Huerta coincidieron en señalar al gobierno de Mario Marín Torres como represor e intolerante, al opinar de la salida del programa “La Quintacolumna.” Cruz identificó al gobierno de Mario Marín como un grupo que se maneja de acuerdo a intereses personales, de ahí que en Puebla no existe libertad de prensa, y que el gobernador olvida los derechos que se tienen basados en la Constitución Política de nuestro país. “Eso no debe ser, se debe respetar nuestra Constitución. No son válidas esas actitudes. Tenemos derecho a expresarnos libremente. La coacción a los medios no debe existir. Eso no puede ser…” mencionó.Otro de los puntos negros del gobierno de Mario Marín Torres, “El Gober Precioso”, además del caso Lidya Cacho, a quien encarceló a petición del empresario Kamel Nacif, actualmente sujeto a proceso penal por corrupción de menores, y pederastía.En fechas reciente en diarios locales de esa entidad, dieron a conocer que en los municipios antorchistas, Huitzilan de Serdán y Tecomatlán, han sido objeto de la actividad política de la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Puebla.Brigadas de esa dependencia han entregado, a los representantes panistas en esos lugares, cantidades considerables de cemento del programa Pisos Firmes y despensas del programa Setenta y Más. Pasando sobre la autoridad municipal, legalmente constituida, sobre los representantes de dichos programas, dividiendo geográficamente a los municipios acorde a sus intereses y dándoles representatividad a sus incondicionales, han repartido dichos beneficios -con claros fines electorales- a los albiazules, para que sean armas de convencimiento entre la población y así aumentar y consolidar la membrecía panista. Todo parece indicar que esto es una política que se viene implementando en todo el estado, y que busca posicionar al Partido Acción Nacional (con motivo de las próximas elecciones en que se renovará el Congreso de la Unión). Pero, no me cabe tampoco la menor duda de que esta política se está aplicando, con mayor intensidad, en los municipios mencionados, porque se está aprovechando la campaña mediática que el Gobierno del Estado, vía Fernando Cuellar y adlátares, ha desatado en ciertos medios de comunicación (que se han convertido en cajas de resonancia de todas las calumnias que se deseen publicar en contra del movimiento antorchista.Ambos, desean liquidar a una organización seria y auténtica, defensora de los ciudadanos más desprotegidos, que son los pobres de México. La política (implementada por la delegación federal de SEDESOL y propiciada por el gobierno del Estado, invade ya todo Puebla, cuántos municipios priístas podrán resistir este embate, muy pocos, cuántos ya se pasaron al bando enemigo, con armas y bagajes, seguramente varios.Por tanto, es necesario que el gobierno de Mario Marín Torres intervenga, para que la dependencia ajuste su funcionamiento a las normas establecidas, evitando así violaciones a la autonomía municipal y el mal uso de los programas de beneficio social; Acción Nacional debe posicionarse con armas legítimas en el ánimo del pueblo. (Tomado de El Día)
Su atrevimiento, para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl.Ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país.Además de quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.
Una tras otraDesde septiembre de 2006, el PRD denunció ser víctima de la represión por parte del gobierno de Mario Marín Torres, y de quien dice no respeta la libertad de expresión en la entidad, apoya bajo el agua a ciertos grupos de poder, empresarios, entre otros, además de incumplir promesas a sus gobernados que quedaron en el aire, entre otras cosas.Por ese tiempo, los perredistas María Elena Cruz y Rodolfo Huerta coincidieron en señalar al gobierno de Mario Marín Torres como represor e intolerante, al opinar de la salida del programa “La Quintacolumna.” Cruz identificó al gobierno de Mario Marín como un grupo que se maneja de acuerdo a intereses personales, de ahí que en Puebla no existe libertad de prensa, y que el gobernador olvida los derechos que se tienen basados en la Constitución Política de nuestro país. “Eso no debe ser, se debe respetar nuestra Constitución. No son válidas esas actitudes. Tenemos derecho a expresarnos libremente. La coacción a los medios no debe existir. Eso no puede ser…” mencionó.Otro de los puntos negros del gobierno de Mario Marín Torres, “El Gober Precioso”, además del caso Lidya Cacho, a quien encarceló a petición del empresario Kamel Nacif, actualmente sujeto a proceso penal por corrupción de menores, y pederastía.En fechas reciente en diarios locales de esa entidad, dieron a conocer que en los municipios antorchistas, Huitzilan de Serdán y Tecomatlán, han sido objeto de la actividad política de la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Puebla.Brigadas de esa dependencia han entregado, a los representantes panistas en esos lugares, cantidades considerables de cemento del programa Pisos Firmes y despensas del programa Setenta y Más. Pasando sobre la autoridad municipal, legalmente constituida, sobre los representantes de dichos programas, dividiendo geográficamente a los municipios acorde a sus intereses y dándoles representatividad a sus incondicionales, han repartido dichos beneficios -con claros fines electorales- a los albiazules, para que sean armas de convencimiento entre la población y así aumentar y consolidar la membrecía panista. Todo parece indicar que esto es una política que se viene implementando en todo el estado, y que busca posicionar al Partido Acción Nacional (con motivo de las próximas elecciones en que se renovará el Congreso de la Unión). Pero, no me cabe tampoco la menor duda de que esta política se está aplicando, con mayor intensidad, en los municipios mencionados, porque se está aprovechando la campaña mediática que el Gobierno del Estado, vía Fernando Cuellar y adlátares, ha desatado en ciertos medios de comunicación (que se han convertido en cajas de resonancia de todas las calumnias que se deseen publicar en contra del movimiento antorchista.Ambos, desean liquidar a una organización seria y auténtica, defensora de los ciudadanos más desprotegidos, que son los pobres de México. La política (implementada por la delegación federal de SEDESOL y propiciada por el gobierno del Estado, invade ya todo Puebla, cuántos municipios priístas podrán resistir este embate, muy pocos, cuántos ya se pasaron al bando enemigo, con armas y bagajes, seguramente varios.Por tanto, es necesario que el gobierno de Mario Marín Torres intervenga, para que la dependencia ajuste su funcionamiento a las normas establecidas, evitando así violaciones a la autonomía municipal y el mal uso de los programas de beneficio social; Acción Nacional debe posicionarse con armas legítimas en el ánimo del pueblo. (Tomado de El Día)