Aprueba Senado reformas de protección a periodistas y medios.

Con estas reformas se contempla que la federación pueda atraer los casos de agresiones a periodistas, cuando las autoridades locales no sean capaces de resolver las denuncias.

Ciudad de México.- El Senado aprobó en comisiones reformas a diversos ordenamientos, a fin de reglamentar las reformas al artículo 73 constitucional que federalizan los delitos contra periodistas, con el propósito de permitir que el Ministerio Público Federal pueda atraer delitos del fuero común cometidos contra representantes de ese gremio.

Durante la sesión de trabajo de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Gobernación, el panista Roberto Gil explicó que estas reformas permitirán la atracción del Ministerio Público Federal en un catálogo de nueve delitos o condiciones en las que se cometan.

El dictamen aprobado prevé que la federación pueda atraer los casos de agresiones a periodistas, cuando las autoridades locales no sean capaces de resolver las denuncias no sólo por comisión, sino por omisión, al contemplar en el proyecto de dictamen nuevas facultades para la fiscalía especializada de la PGR.

Asimismo, los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos, cuando se cumpla alguno de los supuestos contemplados en las reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El modelo prevé nueve situaciones de “excepción” por las que la federación podrá quitarle el caso a las entidades, en donde no avance la investigación en las fiscalías estatales que se deberán crear.

En su turno, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, resaltó que con el dictamen no se federaliza el delito, “se busca justicia pero sobre todo crear condiciones distintas en el país para que el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la imprenta y la prensa, inscritos en la constitución, puedan ser plenamente vigentes”.

Hizo notar que luego de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal realizadas por el Ejecutivo Federal, se busca no entorpecer sino coadyuvar en la organización de la Procuraduría General de la República para que tenga condiciones de implementar las atribuciones que hoy se definen en las reformas.

“La propuesta ayuda a contar con una estructura legal que permita al Ejecutivo tomar las acciones y medidas para que realmente haya justicia para los defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación”.

En su turno, la priista y presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, ponderó que las agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión constituyen delitos de competencia local, por lo que se consideró conveniente sean investigados, perseguidos y sancionados por la autoridad federal, a fin de garantizar mayor eficacia en los procesos correspondientes y evitar con ello la impunidad.
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