Por Helí Herrera Hernández
Twitter: HELIHERRERA.es
Las expectativas que ha generado el Pacto por México
de la Reforma Político-Electoral no corresponden a la verdadera urgencia que
tiene la sociedad nacional de tener una ley en esa materia plural, barata,
asequible a la situación económica por la que atraviesa México, pero sobre todo
democrática, es decir, donde sea el ciudadano y su conciencia la única que
reflexione y accione el sufragio sin intervención mediática, económica o ilegal
alguna.
Pomposamente
los medios de comunicación, el Estado y los partidos políticos ya empiezan
hablar de los avances de las diferentes propuestas que hay, calificándolas de
trascendentales, inclusive, como son aquellas relativas a la reelección
legislativa de un periodo para Senadores hasta por 12 años y para diputados por
9, así como la reelección para alcaldes por un periodo más.
Están de
acuerdo los partidos políticos integrantes del Pacto en la desaparición del
Instituto Electoral Federal y de los institutos estatales electorales para dar
paso al Instituto Nacional de Elecciones que será, de aprobarse, el único
organismo encargado de preparar, efectuar y calificar todas las elecciones en
el territorio nacional, así como en las candidaturas independientes que deberán
reunir un determinado número de firmas para poder participar, y están,
también, prácticamente consensuados los
criterios para poner en práctica las figuras de la iniciativa ciudadana y la
consulta popular.
Afinan
una reducción (no dicen de que tamaño), del financiamiento a los partidos
políticos, y están de acuerdo los partidos grandes (PRI, PAN y PRD), en
aumentar a 4% el porcentaje para que los partidos políticos chicos puedan
conservar su registro, en una clara dedicatoria a desaparecerlos para quedar
solo ellos y de esa forma afianzar el bipartidismo en México que, dicho sea de
paso, solo es de forma porque en el fondo los tres institutos actúan y votan
como uno solo.
Estos
acuerdos sin embargo no van más allá de lo que realmente requiere el pueblo de
México de una nueva ley electoral, por ejemplo, no contemplan sanción alguna
para todos los candidatos que rebasan los topes de campaña (muy común en este
país), que debería ser castigada con la pérdida de la candidatura. Y no lo
hacen porque sería un suicidio político para los partidos de la burguesía que
están acostumbrados a conquistar votos con regalos, con tarjetas prepagadas y
con la compra del voto.
El
proyecto de gobierno, la oferta del país que quieren construir los candidatos a
la Presidencia de la República, a Gobernadores, a Diputados, a Senadores, a
Presidentes municipales pasa a segundo término porque la sombrilla, la mochila,
los trastos, las rifas de electrodomésticos, las gorras, las playeras, las
laminas, el cemento y las despensas son el mejor argumento que tienen para
convencer a los votantes, que dicho sea de paso, en medio de la pobreza y
miseria en que se encuentran (por culpa de esos funcionarios), tales obsequios
vienen a ser un paliativo.
Nada
dicen sobre la segunda vuelta que en gran parte de las naciones sudamericanas y
europeas son el mejor método para legitimar al presidente de la República que
surja de esta segunda votación, porque al no triunfar con más del 3 por ciento
de diferencia entre el primero y el segundo lugar, obligan a éstos a buscar el
apoyo de los candidatos y partidos que hayan quedado del tercer lugar hacia
abajo y, de esa forma conformar plataformas electorales combinadas, que
contengan las necesidades de los grupos sociales más desprotegidos del país,
que por falta de recursos económicos para poder influir en la sociedad con
publicidad y difusión de sus objetivos programáticos, son rezagados del voto
comprado o inducido por los grupos del poder económico y eclesiásticos en
México.
No deja
de ser menos importante como se va a conformar el Instituto Nacional de
Elecciones que no debe ser como hoy se hace para con el IFE y el Tribunal
Federal Electoral que es a propuesta de los partidos políticos. Tal vició ha
hecho que sus decisiones se politicen y favorezcan siempre a los partidos que
los postularon. Justo es encontrar un mecanismo distante a éste para dar
certeza a todos los procesos electorales, por que de allí depende la confianza
popular hacia sus órganos electorales por un lado, y la legitimidad del
funcionario que surja en el contexto internacional con sus pares.
Si
sumado a eso se le prohíbe a todos los candidatos y partidos políticos andar de
santacloses en todas las campañas a los distintos cargos de elección popular obsequiando
y comprando votos, y se les obliga a conquistarlos con argumentos, con ideas,
con ofertas político-electorales, con proyectos de gobierno municipal, estatal
o nacional, entonces si que deberíamos prepararnos para aplaudir y apoyar esa
reforma política porque por primera vez en México el candidato (a) que surgiera
ganador, sería con toda la legitimación legal, social, ética y moral.
Falta
poco para conocer los sentimientos de los partidos incrustados en el Pacto por
México en este trascendental tema, y ser testigos si de nueva cuenta solo
practican el gatopardismo, o quieren por fin alcanzar en este siglo XXI la ruta
que otras naciones democráticas han trazado lustros atrás en materia electoral,
y que les ha servido para dar ese salto cualitativo no solo en ese rubro, sino
en el desarrollo y bienestar de sus pueblos.