En marcha  la “dictadura blanda”
de AMLO

Por  Héctor Yunes Landa


En el ánimo social, la dictadura se representa como el peor de los gobiernos: autoritario, centralista, corrupto y contrario a los derechos humanos fundamentales. Asociada a los regímenes militares, la dictadura en México es algo que parece ajena y distante, pero no lo es.

La teoría política establece que para garantizar el control político e inhibir la organización social, las dictaduras tienden a violar tres derechos y liberta
des fundamentales: la participación política, el tránsito y la manifestación, así como la propiedad y la expresión de las ideas. ¡Caramba qué coincidencia!

Hay al menos tres elementos que confirman que la cuarta transformación no es otra cosa que la ruta de construcción de una nueva dictadura embozada: la ampliación de mandato en Baja California, la ley del garrote en Tabasco y la nueva ley de extinción de dominio aprobada por la mayoría de MORENA en el Congreso federal, sin contar la censura abierta que se ha ejercido sobre medios de comunicación.

La estrategia pretende que nadie culpe al Presidente de estas acciones, toda vez que simulan ser resultado de la independencia y autonomía de los congresos locales y el federal. Paradójicamente, estos actos contrarios a la democracia, permiten a López Obrador reconocerse a sí mismo como un demócrata que respeta a los Congresos locales, a los otros poderes y ejerce una libertad que en otros censura. Así de absurdo.

En el primer caso, la ampliación de mandato en Baja California, el Presidente ha pedido que no lo involucren. Acostumbrado a denostar la vida interna de las instituciones autónomas, a descalificar a sus adversarios a partir de conjeturas falsas, a establecer etiquetas que justifiquen sus actos autoritarios, es impensable que la reforma local hubiera pasado sin su autorización, aunque él acuse a sus adversarios de haberla promovido y aprobado.

Baja California no es más que un laboratorio para explorar las posibilidades legales –confía en que no habrá oposición social- de una eventual reelección presidencial. Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia no ha podido intervenir en el tema porque la ley no ha sido promulgada, y por tanto, no hay materia que combatir.

Lo mismo pasa en Tabasco. Hace una semana, la mayoría morenista en el congreso aprobó la llamada “Ley Garrote” que sanciona las manifestaciones y a sus participantes cuando estos impiden que se lleve a cabo una obra pública. Los legisladores avalaron sanciones de 10 a 20 años de prisión contra manifestantes que hagan bloqueos de carreteras o marchas que se interpongan a obras públicas. Quieren blindar Dos Bocas de protestas ambientalistas. ¿Acaso olvidaron que la lucha de AMLO inició precisamente tomando pozos petroleros y bloqueando carreteras en su estado natal?

Pero resulta que la causa justa de una protesta es una franquicia exclusiva del Presidente. Ha defendido la ley garrote y engaña con que no se busca reprimir las libertades de la gente, sino que es para terminar los sobornos de los manifestantes. Es una justificación perversa, ya que su aplicación es de observancia para todos, así protesten, por ejemplo, por la falta de medicamentos en un hospital.

Bajo un discurso falaz y populachero, Tabasco es otro laboratorio de la tolerancia de la gente ante la represión del nuevo régimen a la manifestación y el libre tránsito.

El tercer elemento es la aprobación de la nueva ley nacional de extinción de dominio, que permite al gobierno apropiarse de las propiedades de los ciudadanos que sean acusados –con pruebas falsas, incluso- de algunos de los 145 tipos penales que podrían asociarse a la delincuencia organizada, sin importar que no haya una sentencia firme.

El gobierno hará valer la “presunción de culpabilidad” y podrá disponer de los bienes de los presuntos responsables de manera discrecional, utilizando esos recursos lo mismo para sus programas sociales electoreros que para el gasto corriente, como lo comentamos en este mismo espacio la semana anterior.

Por supuesto, hay muchas otras señales de la instauración de una “dictadura blanda” que sustituirá a la dictadura perfecta.  Esto es sólo el comienzo.