Punto de Vista
* Corrupción en el gobierno estatal
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Apenas el pasado fin de semana, al momento de entregar su proyecto de presupuesto para el 2025, el secretario de Finanzas, José Luis Lima franco, informó que desde las arcas federales llegaría un incremento para Veracruz superior al 7 por ciento. *** El funcionario no habló, sin embargo, de otro rubro desde donde el gobierno estatal, ya para entonces de Rocío Nahle, se podrá hacer de fondos adicionales: la devolución de fondos públicos que fueron malversados. *** La titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, informó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) ha emitido sentencias que obligan a exfuncionarios a resarcir daños económicos causados al erario. El monto de esas sentencias es superior a los 12 mil 500 millones de pesos. *** “Hay un procedimiento de responsabilidad; en este año recuperamos 12 mil 500 millones. Hubo decisiones del Trijaev en ese sentido. Tienen que recuperarse a través de un procedimiento administrativo de ejecución, que realiza la Secretaría de Finanzas, y tiene que firmar convenios para ello”, explicó González Cobos. *** Los casos en los que ya hay sentencia a favor del gobierno estatal corresponden a ejercicios fiscales de los años 2018 a 2022, casi todos correspondientes a la actual administración estatal.
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Manuel Huerta no es de esos políticos que guste de callarse las cosas. Obligado por las circunstancias y los momentos políticos, mantuvo cerrada la boca durante casi un lustro, pero él mismo decidió que ya las condiciones eran otras y recuperó su elocuencia.
En el 2018, incluso antes de que Cuitláhuac García asumiera la gubernatura, Manuel Huerta, designado Delegado para los Programas Sociales del gobierno federal, entendió que no iba a poder entenderse con el mandatario estatal, y mucho menos con sus colaboradores.
Cerró la boca, agachó la cabeza y se puso a trabajar en el encargo que le hizo su amigo, el presidente López Obrador.
Esa labor y la paciencia para resistir los embates mediáticos patrocinados desde la Secretaría de Gobierno (cortesía de Éric Cisneros) le valieron para obtener su premio en las elecciones de este año. Es Senador de la República justo en la víspera de que Cuitláhuac García deje su cargo para irse a refundir a una oscura oficina de la burocracia federal y sus colaboradores siguen buscando el cobijo de algún “padrino” de la 4T.
Por todo eso, y porque conoce al actual gobierno estatal desde sus entrañas, es que Manuel Huerta se atreve a señalar, sin titubeos, que los funcionarios de la actual administración “se robaron el dinero”.
“La gente sabe. No hubo voluntad y hubo mucho descuido. Tienen que revisar dónde quedó la bolita, porque dinero sí hubo. Lo que pasa es que, como decían antes: presupuesto hay, lo que sobran son rateros”.
Y es que, está más que demostrado, a los funcionarios de la 4T no les incomoda que la oposición los tache de rateros. Copiando el argumento de su líder López Obrador, afirman que sus detractores “no tienen calidad moral” para sostener tales acusaciones.
Pero si el señalamiento viene desde el interior de Morena, de alguien que sabe lo que dice y sabe por qué lo dice, entonces el panorama es uno muy distinto.
Manuel Huerta no se limitó. Señaló directamente a los titulares de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de ser el ejemplo de las raterías que él denunció.
“Están robándose el dinero, para decirlo claro: ahí va a ser muy importante en el cambio de gobierno, poner atención los órganos fiscalizadores en áreas que hay mucha denuncia y quejas. Y lo digo claramente, en la Procuraría del Medio Ambiente y en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, por poner dos ejemplos”.
En efecto, esos son sólo dos ejemplos.
Este mismo lunes el diputado Héctor Yunes Landa se encargó de revelar otro. Acusó en su cara al actual secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, de “enriquecimiento inexplicable” y le dejó en claro que sabe que utiliza testaferros para adquirir diversos bienes.
La mañana de este lunes, durante su comparecencia para hacer la glosa del último informe de gobierno de Cuitláhuac García, el secretario de Gobierno recibió una fuerte andanada por parte del legislador.
Le hizo notar que en un lapso muy corto -“apenas 7 años y medio”- pasó de rentar una casa de 5 mil pesos a tener residencias en Xalapa, en Veracruz y en Tuxpan, poseer un yate y una “flotilla” de automóviles de la costosa firma Mercedes-Benz.
Héctor Yunes, un político muy experimentado, se anticipó a la réplica y aclaró que la denuncia contra el secretario de Gobierno no se quedará sólo en la memoria de esa comparecencia, sino que la llevará a la Fiscalía.
Ninguna de estas denuncias es casual. Cuitláhuac García ya no gobierna Veracruz (si en algún momento lo hizo) y, por lo tanto, ya no sirve como blindaje para las pillerías de sus colaboradores, Hoy los que callaban están buscando espacios para denunciar, sabedores de que la próxima gobernadora no los protegerá como lo hizo el actual gobernador.
“Seguramente en breve vas a tener la oportunidad de coincidir con ellos en Pacho (Viejo, la prisión), porque la señora que viene no te quiere y está enterada de estos hechos de corrupción, y quiero decirte: esto no queda sólo aquí en palabras. Voy a presentar una denuncia sobre estos casos con todos los elementos que tengo”, le dijo Héctor Yunes al “poderoso” secretario de Gobierno.
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Epílogo.
La fiesta no durará mucho en el rancho del subsecretario estatal de Ganadería, Humberto Amador Zaragoza. Este lunes corrió fuerte el rumor de que sería ratificado en su cargo, lo que generó una ola de protestas en el sector. *** Lo que nadie les explicó es que algunos funcionarios están siendo retenidos en sus posiciones para que respondan por todas las anomalías que les han detectado. Este es el caso. *** Esta semana será crucial para la administración de justicia en Veracruz. Los abogados que conforman el Proyecto Inocencia presentarán denuncias formales contra el exfiscal (hoy funcionario del Tribunal Superior de Justicia) David Cardeña Ortega, lo mismo que contra juzgadores que actuaron con dolo en el caso del indígena Guillermino Vicente Licona, quien ha pasado más de 5 años en la cárcel a pesar de ser inocente y sin que haya sido sometido a juicio. *** En este mismo caso se iniciará un recurso contra la actual jueza Míriam Eunice Juan de León, por no excusarse para ver este caso, cuando es evidente el conflicto de intereses. *** Muy pronto se verán los resultados.
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