Aprueba Congreso de Veracruz regular costo del servicio
de grúas para combatir la corrupción
XALAPA,VER .- Con 48 votos a favor fueron aprobadas diversas modificaciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que regularán el costo del servicio de arrastre y resguardo que realizan las empresas concesionarias de grúas adheridas a la Dirección de Tránsito del Estado.
La iniciativa a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Congreso local de Veracruz, recientemente aprobada, fue presentada ante el Pleno el pasado 8 de junio por el diputado Sebastián Reyes, en respuesta a las quejas ciudadanas por el alto costo del servicio de grúas que debían pagar ante multas leves.
Destacó que con las nuevas disposiciones en materia de arrastre y resguardo de vehículos particulares, se evitarán actos de corrupción que antes se cometían por los trabajadores de las empresas de grúas.
Los conductores que no resulten responsables de cometer alguna infracción a la Ley o reglamento de tránsito, serán eximidos de cubrir el costo de maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial, así como del costo derivado del resguardo del vehículo en los llamados corralones, explicó el legislador.
De igual forma, el costo del arrastre del vehículo no podrá ser mayor al costo de la multa impuesta, con lo que se pretende acabar con los actos de soborno o acuerdos financieros entre las partes, para que los responsables de las grúas actúen con legalidad.
Sebastián Reyes señaló que es responsabilidad del Poder Legislativo generar las modificaciones necesarias para que no existan actos de corrupción, las dependencias trabajen en apego a la Ley, y se recupere la confianza ciudadana en las instituciones.
Además, los costos de arrastre y resguardo de los automóviles responderá a la realidad económica de las familias veracruzanas, pues anterior a la reforma no podían costear los exorbitantes costos de dicho servicio.
El legislador también presentó una iniciativa para que sean los cabildos quienes designen al suplente de los agentes y subagentes municipales que renuncien en el último año de la administración.