Punto de Vista
* Duarte y su elocuencia
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Que me disculpe la gobernadora si soy tan “miserable” que sigo hablando de la muerte “natural” de la maestra Irma Hernández. *** Resulta que en las personas detenidas por su probable vinculación con esos hechos acudieron ya ante un juez para su audiencia inicial, y en ella la Fiscalía General del Estado (FGE) les imputó los delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública. *** Según narra el propio comunicado de la FGE, uno de los detenidos (José Eduardo), al notar la presencia de elementos de la policía estatal sacó un arma de fuego y disparó contra ellos. El otro detenido (Víctor Manuel) también trató de evitar el arresto amagando a los uniformados con un cuchillo. *** La tercera persona detenida (Jeana Paola) “intentó” utilizar un arma en contra de los policías. A ella, dice el comunicado, se le confiscó “hierba seca con características similares a la marihuana” *** No se crean el cuento de que, como el perito forense determinó que la víctima falleció de un infarto, los participantes en su secuestro y tortura están libres del delito de homicidio. *** Hay un principio fundamental en Derecho (eso no lo debe saber la gobernadora, pero sí sus asesores y, específicamente, la titular de la Fiscalía): “la causa de la causa es la causa de lo causado”, lo que, explicado en palabras más claras, significa que el infarto que causó la muerte de la maestra fue consecuencia de los actos de tortura (tanto psicológica como física) a los que fue sometida y, por lo tanto, los autores de esa agresión son imputables al delito de homicidio. *** La responsable, por parte de la Fiscalía, de dar seguimiento al proceso contra los probables responsables, es la fiscal regional con sede en Tuxpan, Alma Cristal Rivera Pacheco, una joven inexperta que constantemente se mete en problemas por su falta de conocimiento. *** Debe estar protegida por alguien de muy alto nivel, pues ya se menciona que podría ser removida a la Fiscalía Regional de Xalapa, en sustitución del recién fallecido Jaime Cisneros.
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Siempre lo he dicho: debe ser muy complicado pasar buena parte de tu vida encerrado en una prisión. Por más fortaleza que presumas, la mente te juega en contra y terminas cometiendo errores infantiles.
Ese parece ser el caso del exgobernador Javier Duarte, quien en múltiples ocasiones “se ha ido de la boca” a través de sus redes sociales y ha hecho comentarios por demás desafortunados.
Lo acaba de volver a hacer.
Para no hacer muy larga la historia, Javier Duarte narra que cuando era gobernador, el entonces fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, le mostró evidencias sólidas de un quebranto financiero en el ayuntamiento de Boca del Río, durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Márquez y le pidió instrucciones para saber cuál debería ser la acción por seguir.
“Al verlas determiné consultarle al presidente EPN (Enrique Peña Nieto) sabedor de las consecuencias políticas que esto iba a ocasionar si actuaba conforme a derecho”, narró Javier Duarte.
Aprovechó -dijo- una gira presidencial y lo consultó con el presidente, estando presente el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Le comenté al presidente este asunto y fue el propio Osorio Chong quien tomó la palabra diciéndome que sería una estupidez de mi parte meter al hijo de Yunes a la cárcel, ya que lo iba hacer una víctima política y que el PAN (aliado de ellos en sus reformas estructurales) iba solicitar que lo dejara en libertad y que lo iba a tener que hacer, aunque fuera culpable, a lo que Peña Nieto asintió dándole la razón al chino Osorio”.
Ya después se va por la justificación y una oda a la lealtad. Lo importante es lo arriba descrito.
Javier Duarte admite que tuvo conocimiento de la comisión de un delito y, contrario a lo que establece la ley, no lo denunció.
El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte: “Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía”.
Pero, además, precisa: “quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
Otras agravantes: el gobernador admite haber sido informado de la comisión de un delito (probable peculado), y que quien le informó fue ¡el propio Ministerio Público!
Luis Ángel Bravo Contreras violentó otro principio fundamental de la procuración de justicia: la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues él no tenía por qué “consultar” con el gobernador para proceder penalmente en contra de un presunto delincuente.
Olvida el gobernador que el primero de diciembre del 2010 protestó “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de ambas emanen”.
Ese expediente que él ordenó que se archivara, fue -con seguridad- materia de negociación al momento en que Morena (partido con el que hoy simpatizan Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Márquez) necesitó de ese voto que le diera la mayoría calificada en el Senado.
“Tarde aprendí que en este sistema se premia la traición y se castiga la lealtad”, se lamenta Javier Duarte.
Se refiere, por supuesto, a actos de traición o lealtad con grupos o intereses políticos, no con los veracruzanos.
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Epílogo.
Este martes el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón Salas emitió un acuerdo que abroga las credenciales que se expiden a favor de productores para la movilización pecuaria. *** Esta medida obedece a que se detectó que las credenciales fueron expedidas sin requisitos técnicos ni médicos veterinarios y que son utilizadas de manera indebida como un documento sustituto para la movilización pecuaria, que pone en riesgo la sanidad ante la presencia de gusano barrenador. *** Esas credenciales entraron en vigor en la administración de Cuitláhuac García Jiménez, mediante un acuerdo publicado el 17 de marzo de 2023, con la finalidad de que los productores pecuarios movilizaran con mayor facilidad a sus animales. *** Sin embargo, se detectó que la credencial no se encuentra contemplada en ninguna otra disposición jurídica federal ni estatal como documento válido para el control de la movilización pecuaria, esto es, que se expide sin el aval de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) o el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), por lo que contraviene lo estipulado en la Ley Federal de Sanidad Animal. *** Y adivine quién fue el de la “ocurrencia” de generar esa credencial. Sí, adivinó: aquel que fungía como subsecretario de Ganadería en la pasada administración, Humberto Amador Zaragoza, el mismo que fue denunciado por participar en el tráfico de aretes pecuarios y que en la actualidad imparte cátedra de sanidad animal en las redes sociales. *** Muy pronto lo alcanzará la justicia.
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