Propongo un plan para la atención inmediata de los “municipios afectados"

Por  Héctor Yunes Landa

La falta de alertamiento y una respuesta insuficiente, ineficaz y tardía, son los principales señalamientos que hacen los veracruzanos a las autoridades del estado ante al desastre natural provocado por las inundaciones en el norte de Veracruz.

Tienen razón. A diez días de la tragedia, decenas de ‘municipios afectados’ –término excluido del léxico presidencial-, siguen en las tareas de remoción de escombros, tratando de recuperar sus viviendas, su patrimonio y su vida cotidiana, mientras el gobierno del estado pretende apropiarse de la ayuda para los miles de damnificados.

A la fecha no se conoce la dimensión del desastre. No hay información precisa sobre el número de personas fallecidas-34 es la cifra oficial pero el número sigue creciendo-, de viviendas afectadas o destruidas y el impacto al comercio, la agricultura y la ganadería.

Pero no se trata de buscar culpables –todos sabemos quiénes son-, sino de encontrar soluciones.

Por esa razón, en la última sesión del Congreso local, además de mi voto a favor de la reforma a la Ley de Protección Civil propuesta por la gobernadora Nahle, propuse un plan integral que marque la ruta de lo que los gobiernos y los ciudadanos debemos hacer para iniciar la reconstrucción.

Este plan considera la condonación del impuesto predial durante los próximos 4 años para viviendas y predios que resultaron afectados; así como de todos los cobros para la restitución de documentos oficiales como actas de nacimiento, de matrimonio y defunción, pasaportes, certificados de estudios, entre otros.

La condonación durante 6 meses de impuestos estatales a empresas y comercios, así como impuestos y derechos a productores ganaderos y agrícolas de los municipios afectados; además de otorgar subsidios para el pago de los servicios de electricidad y agua potable.

Es necesario un programa de recuperación de sus enseres domésticos, así como la entrega de una canasta básica suficiente por semana, durante 3 meses, a cada familia damnificada.

En coordinación con el gobierno federal, que los programas de vivienda a cargo de Invivienda y Sedatu se dirijan a las familias damnificadas, además de conceder una prórroga en el pago de Infonavit, Fovissste e IMSS.

También incluye el otorgamiento de créditos a la palabra sin intereses, pagaderos en tres años, para el pequeño comercio, empresas y productores agrícolas y ganaderos, que les permita recuperar su actividad económica y la restitución de los empleos.

Es necesario que el Comité Estatal de Desastres cuente con la participación de la sociedad civil, a fin de que determine junto con el gobierno, las obras prioritarias y vigile la asignación de las obras y el ejercicio transparente de los recursos públicos.

Finalmente, he propuesto que la donación de un mes de salario que hagamos los diputados locales, se entregue directamente a la Cruz Roja, para garantizar que cumplirá el objetivo de ayudar directamente a la población damnificada.

No hay tiempo que perder. No podemos someter a nuestros paisanos a la indolencia del burocratismo, ni a los cálculos políticos de partidos políticos y gobierno.

Si el dinero no es el problema, aquí está parte de la solución.

La puntita

Tiene razón la presidenta Sheinbaum en visitar la zona del desastre en el norte del estado sin la compañía de las autoridades estatales. De poco sirve que la acompañen sólo para recibir reclamos y tomarse selfies pa´l face. Aprendió la lección.