Punto de Vista

* El “exabrupto” de Héctor Yunes

Por Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Aunque de manera muy breve (si hay “voluntad política” podría ser cuestión de horas), la actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández Giadans deberá pedir licencia a ese cargo. *** Resulta que antes de llegar a la posición que hoy ostenta, Verónica Hernández había resultado favorecida (seguramente por méritos propios) con la titularidad de una notaría pública: la número cinco de la XIX demarcación, con sede en el municipio de Santiago Tuxtla. *** Sin embargo, desde que se incorporó al gobierno de Cuitláhuac García (Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno) gestionó el nombramiento de un notario adscrito que atendiera las funciones que a ella le correspondían. Ese encargó recayó, casualmente, en su padre, Diego Dositeo Hernández Medina. *** Lamentablemente hace diez días don Diego Hernández falleció y, una vez cubierto el duelo, ahora toca designar a alguien más para que se haga cargo de las oficinas que, en estricto rigor, le corresponden a su hija. *** No es que Verónica Hernández tenga que dejar su actual encargo para retomar la notaría. La ley en la materia le concede la posibilidad de mantener la licencia mientras esté cubriendo un cargo público. Sin embargo, debe atender el protocolo que corresponde a la sustitución del notario adscrito y para ello deberá ponerse, al menos por unas horas, al frente de aquellas oficinas. *** Quizá en ese breve espacio en el que se despoje del blindaje que le otorga su cargo como fiscal general, pueda explicar qué ocurrió con Elías González Villaseca, quien fuera candidato a la presidencia municipal de Santiago Tuxtla por el partido Unidos por Veracruz en 2021 y quien le contaba a todo el que lo quisiera escuchar, que la actual fiscal le birló un millón de pesos. *** Narraba don Elías González que allá en el 2021 acudió a una institución bancaria para retirar esa cantidad que le había enviado un amigo para su campaña. Al salir fue abordado por elementos de la Policía Ministerial y terminó en la cárcel. *** Luego de pasar casi ocho meses en prisión, una vez que se aclaró que el recurso tenía un origen lícito y que él no había cometido delito alguno, reclamó el dinero y le respondieron que lo tenía Verónica Hernández. *** “Fui a ver a Verónica (Hernández) y me dijo que ella sólo tenía la mitad de ese dinero y que después me lo daría”, narró don Elías González. *** Hace casi un mes, el 21 de octubre a las 2 de la mañana, un comando armado irrumpió en el domicilio de don Elías González y se lo llevó, junto con dos vehículos de su propiedad. *** Es la fecha en la que no se sabe nada de él. Sus familiares pusieron la denuncia en la Fiscalía (sí, esa que encabeza Verónica Hernández) pero dicen que no ven el menor interés en dar con él.

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Hasta ahí llegó la “genialidad” del nuevo formato para cuestionar a los secretarios de despacho durante la glosa del informe de gobierno que -porque así la dispone la Constitución local- están obligados a rendir ante el Poder Legislativo.

Hoy deben asumir que cerrarles el micrófono a los diputados, a los que deben cuestionar la actuación de los servidores públicos, no es la solución. Harán, sin duda, comparecencias más breves, pero seguirán quedándose sin respuesta los interrogantes incómodos, esos que exhiben las falencias de las dependencias estatales.

Lo que ningún funcionario del gobierno estatal debe olvidar es que, por ley, acude al recinto del Congreso local. Esto es: está visitando la sede del Poder Legislativo y, como regla fundamental de cortesía, nadie llega a insultar a los habitantes de un inmueble al que se llega en calidad de “invitado”.

Porque así lo establece el reglamento para el gobierno interior del Poder Legislativo, a los servidores públicos que comparecen a hacer la glosa del informe, les hacen saber las reglas a las que habrán de sujetarse durante su participación. 

El artículo 155 de dicho reglamento, en su tercera fracción le advierte al funcionario que debe “contestar las preguntas de manera respetuosa”.

Asumir que la legisladora que lo cuestiona “no entiende o no está bien asesorada” es, sin duda, una falta de respeto que la misma diputada -Índira Rosales San Román (PAN)- le hizo notar la mañana de este miércoles al secretario de Finanzas, Miguel Reyes Hernández.

— Yo estuve donde usted está sentado. Lo que a usted le hace falta es tener la piel un poco más gruesa para aguantar estas comparecencias (…) No somos foquitas aplaudidoras. Yo represento a los veracruzanos que no votaron por ustedes”.

El tema no se quedó ahí. 

El diputado Héctor Yunes Landa levantó la mano para pedir la palabra y, en virtud de que ésta no le fue concedida, se levantó de su asiento y se paró frente al funcionario para reclamarle su falta de respeto.

Luego de desahogar su enojo por la actitud de Miguel Reyes, el diputado priista abandonó el recinto, pero apenas unos pasos afuera, varios videos muestran cómo Héctor Yunes encaró a un joven que -después se confirmó- forma parte del “staff” de la Mesa Directiva del Congreso. Con palabras altisonantes, Yunes Landa le recriminó que lo había estado acosando y en el momento en el que el joven se acercó más al legislador, éste lo empujó y le advirtió que no se meta con él o “le partirá la madre”.

Por supuesto que no es eso lo que queremos ver los ciudadanos en la sede del Poder Legislativo; por supuesto que el lenguaje y la actitud del diputado rebasó una línea muy delgada que debe ser respetada en el ánimo de construcción de un ejercicio democrático y civilizado. Pero hasta el momento en que concluí la redacción de este espacio de opinión, no se supo que el secretario de Finanzas del gobierno estatal hubiera expresado una disculpa por la forma altanera como se comportó frente a los representantes populares.

Héctor Yunes sí lo hizo:

“Ofrezco una disculpa a quienes el lenguaje les parezca inapropiado, pero nunca voy a renunciar a mi obligación de dar la cara por mis compañeras diputadas y mi derecho a defender mi dignidad como persona y mi investidura como legislador. Si con esto pretenden que le baje el tono de mis cuestionamientos a los secretarios que comparecen, con esto lograrán todo lo contrario”.

Y a todo esto: ¿qué papel jugó en este lío el presidente de la Junta de Coordinación Política? ¿Sigue enojado con Héctor Yunes? ¿Privilegia la protección de “los invitados de la señora” por encima del respeto a sus compañeras diputadas?

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Epílogo.

Hasta el cierre de esta columna no había concluido la audiencia en la que se revisa la solicitud de Javier Duarte para obtener la libertad anticipada. *** Antes de que la jueza que ve el caso ordenara un receso comparecieron cuatro fiscales de Veracruz, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción y Personas Desaparecidas, quienes hablaron sobre supuestos “casos pendientes” en contra del exgobernador, por lo que -afirmaron- no tendría derecho a obtener su libertad anticipada. *** Sin embargo, Pablo Campuzano de la Mora, abogado de Javier Duarte, aclaró que ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la de Veracruz pueden girar una nueva orden de aprehensión en contra de su cliente. *** “Hemos demostrado de buena fe que nuestro cliente ha cumplido con todos los requisitos para obtener su libertad y por eso puedo asegurar que Javier Duarte ya cumplió su sentencia”, expresó. *** Explicó que está descartada la posibilidad de una nueva orden de aprehensión, pues en el convenio de extradición con Guatemala (país donde fue detenido Javier Duarte) el tribunal estableció que sólo podría ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. *** Hubo, sí, una reconsideración en ese acuerdo y se le añadió una carpeta por desaparición forzada, pero ésta fue combatida en tribunales, de manera que se trata de un asunto concluido.

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