Punto de Vista
* El aumento al transporte
Por Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Fue tal el afán el pasado viernes de mostrarle a la presidente Claudia Sheinbaum los “avances” en materia de seguridad en Veracruz, que -quizá por un “descuido”- nadie mencionó que el año pasado esta entidad, ya gobernada por Rocío Nahle, se colocó como la quinta del país con más denuncias por extorsión. *** Durante 2025 Veracruz acumuló 730 carpetas de investigación por este delito, según el informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. *** Veracruz está, pues, entre estados con mayor número de extorsión, sólo debajo del Estado de México (con 2 mil 150 casos), la Ciudad de México (con 1 mil 704), Guanajuato (con 1 mil 275) y Nuevo León (con 940 carpetas). *** El delito de extorsión es, a nivel nacional, uno de los delitos de mayor impacto, que no ha podido ser frenado, a pesar de la tan presumida “coordinación de las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno”. *** Después de un año tan malo en el combate a este delito, sería oportuno que la gobernadora Rocío Nahle anunciara medidas excepcionales para corregir esa falla de su policía preventiva.
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— Señora, ¿elaboramos un boletín para informar a los xalapeños el aumento a la tarifa del transporte urbano?
— ¡Claro que no! Lo que la gente quiere saber es lo de la visita de mi amiga Claudia (Sheinbaum) y lo bien que me trató. ¡Hay que difundirlo por todo el estado! ¡Para que se mueran de envidia mis enemigos!
Es, por supuesto, una charla producto de mi imaginación, pero, de ser cierta, explicaría la gravísima omisión del gobierno estatal respecto a la autorización para que los concesionarios del transporte urbano en Xalapa aumentaran sus tarifas en un 33 por ciento.
La noticia corrió “como un reguero de pólvora” la mañana de este lunes. Imagine usted que, justo a media quincena, cuando mide cada peso que va a requerir para llegar al día de pago, de pronto, al subir al autobús que lo lleva a su trabajo, se entera de que el boleto que le costaba 9 pesos ahora cuesta 12 pesos.
Es mero sentido común: el transporte público es un servicio concesionado. Esto es, que el gobierno les otorga a inversionistas privados concesiones para prestar el servicio, pero les pone condiciones para ello, como respetar las tarifas que le dicte la autoridad, que mantengan en buenas condiciones las unidades que utilicen para prestar el servicio, y que todas las unidades cuenten con un seguro que cubra cualquier afectación a los pasajeros.
Si la autoridad estatal decide modificar las tarifas, debe ser esa instancia la que informe a la población que, de manera natural, duda de la palabra de los operadores de los autobuses. No sería la primera vez que pretendieran aumentar de manera unilateral sus tarifas, argumentando, de manera falaz, que “ya tienen la autorización”.
Hay quienes explican que la gobernadora no informó sobre este aumento “porque no es afecta a dar malas noticias”. Quizá tenga razón. Le está costando mucho trabajo mejorar su aceptación entre los veracruzanos (menor al 50 por ciento) como para que se les quede en la memoria el momento en el que anunciaba el aumento a las tarifas de transporte. Pero para eso tiene al especialista en dar “las malas noticias”, el que ejerce las funciones de conserje de palacio de gobierno, Ricardo Ahued.
En el portal “Al Calor Político” se llama la atención sobre un caso singular: el transporte público en Saltillo, Coahuila. Allá las dos rutas troncales (las que unen puntos clave, las de mayor demanda) son gratuitas. No tendríamos que ir tan lejos para encontrar otro ejemplo. Sucede en Orizaba, donde la autoridad municipal ofrece transporte gratuito mediante los autobuses “Gallo” (que operan durante el día) y “Búho” (que funcionan en la noche).
Si de verdad le preocupara al gobierno estatal la economía de los veracruzanos, ya tendrían que estar buscando alternativas similares. Por el contrario, trabajan en la imposición de unidades híbridas (importadas de China, sin que quede claro de quién es el negocio) para las principales ciudades de la entidad.
Errores tan evidentes como la omisión de informar sobre el aumento a las tarifas (muy justo, por cierto, pues los insumos han elevado su precio) son capitalizados por la oposición.
En amena charla, la mañana de este lunes, el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, se dijo convencido de que su partido mejorará sus números en la elección intermedia del 2027. Al cuestionarlo sobre las razones para tan optimista expectativa, explicó que están trabajando en la consolidación de la estructura electoral del PRI en la entidad, pero advirtió que su mejor activo, el factor que más les favorece, es la actuación de los gobiernos emanados de Morena.
“Son tan malos sus gobiernos -tanto el estatal como los municipales- que la población está entendiendo que estaban mejor cuando gobernaba el PRI”.
Audaz y muy debatible tal afirmación, pero lo cierto es que los gobiernos de Morena no ayudan mucho. Oaxaca, en un desaseado ejercicio de consulta para la revocación de mandato, es la mejor muestra.
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Epílogo.
El abogado Tomás Mundo Arriasa hizo un llamado que parece bastante oportuno: a partir del anuncio hecho por la nueva titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez, de la implementación de una “ventanilla virtual” con el Poder Judicial del Estado para agilizar la gestión de órdenes de cateo, el abogado advirtió que se debe vigilar dicho mecanismo para evitar abusos. *** Tomás Mundo, especialista en el nuevo sistema penal, apunta que el uso de una ventanilla única virtual para tramitar órdenes judiciales exige una vigilancia estricta, pues existe el riesgo de que se normalicen abusos y detenciones irregulares bajo el argumento de la urgencia. *** “Cualquier mecanismo orientado a acelerar la emisión de cateos debe apegarse de manera estricta al artículo 16 de la Constitución y a los criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente aquellos que buscan erradicar los llamados cateos disfrazados”, dijo. *** “La Corte ya determinó qué se necesita para otorgar una orden de cateo. Primero, tiene que ser emitido por una autoridad judicial; segundo, si se trata de urgencia o flagrancia, debe existir autorización del propietario ante dos testigos propuestos por él, y esa autorización debe ser ratificada ante un juez dentro de los cinco días”. *** Tomás Mundo considera que el debate no debe centrarse en la rapidez del trámite, sino en el respeto irrestricto a las garantías constitucionales. “Entre más acciones presuman, más dirán que están haciendo justicia, pero la realidad no siempre es esa”.
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