IPE: El salario regulador y el
derecho a una pensión digna
Por Héctor Yunes Landa
La semana pasada, un bloque de 62 sindicatos de trabajadores al servicio del Estado inició una serie de protestas como respuesta a la decisión del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) de aplicar nuevos criterios de cálculo que reducen hasta en un 40 % el monto de las pensiones de los trabajadores jubilados.
El conflicto radica en la interpretación de la Ley 287 del IPE vigente desde julio de 2014. Los sindicatos acusan que las autoridades estatales comenzaron a aplicar de forma generalizada —desde finales de 2024— un sistema de "salario regulador" para calcular las pensiones, afectando de golpe a miles de trabajadores.
Ahora, con el promedio ponderado, en lugar de jubilarse con el 100% de su último sueldo, la pensión se calcula mediante un promedio de los salarios con los que se cotizó durante los últimos 10 años de servicio.
La reforma de 2014 tenía el propósito de resolver un problema estructural: el número de trabajadores activos por cada pensionista ha caído drásticamente, pasando de más de 6 a cerca de 2.7 cotizantes por jubilado. Esta dinámica provoca que las cuotas no sean suficientes para cubrir el gasto corriente.
Al mismo tiempo, buscaba resolver otro conflicto: evitar que trabajadores incrementaran sustancialmente su salario en los últimos años de servicio mediante ascensos, recategorizaciones o plazas adicionales, elevando artificialmente el monto de la pensión.
Esta práctica benefició a muchos funcionarios del primer gobierno morenista en Veracruz, lo que explicaría porqué no se aplicó durante la administración de Cuitláhuac García y, sin mediar aviso, empezó a aplicarse a partir de la llegada del nuevo gobierno.
Así, lo que en el pasado benefició a funcionarios con altos ingresos, ha venido a perjudicar las jubilaciones de trabajadores con más de 30 años de servicio, quienes entraron al sistema de pensiones mucho antes de la reforma de 2014.
Por ello, los sindicatos buscan que el monto pensionario se acerque al último salario devengado, especialmente para quienes ya estaban próximos a retirarse cuando comenzó la aplicación estricta del salario regulador. También exigen una revisión política y jurídica de la reforma de 2014.
Este conflicto surge en medio de especulaciones sobre el uso que se ha dado a la reserva técnica del Instituto. Mientras algunos sindicatos acusan que se ha vuelto a convertir en la caja chica del gobierno, otros señalan que pudieron utilizarse recursos del instituto para financiar campañas políticas, lo mismo de la gobernadora Nahle como de la actual alcaldesa de Xalapa y ex directora del IPE en el sexenio anterior.
Si bien el IPE puede sostener que está aplicando una ley vigente desde 2014, la solución más viable parece ser una negociación que establezca un régimen transitorio o medidas de protección para los trabajadores próximos a jubilarse, sin comprometer la sostenibilidad financiera del Instituto y las jubilaciones de miles de trabajadores.
Antes que las ambiciones y los cálculos políticos, lo que se necesita son criterios de justicia laboral para quienes dedicaron una vida entera al servicio del estado.
La puntita
¿Y si mejor nos dedicamos al vandalismo y el desmadre? En un acto de nostalgia política de cuando eran oposición, el gobierno de Morena entregó ¡800 millones de pesos! a la CNTE con tal de que abandonaran el plantón de la ciudad de México. La protesta social siempre ha sido un lucrativo negocio para el lopezobradorismo.