Punto de Vista
* Derechos laborales: ¿prioridad?
Por Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El pasado lunes, en Tabasco, el gobernador Javier May anunció el relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de aquella entidad, tras la renuncia de Serafín Tadeo Lazcano. *** Nombrado desde el 15 de febrero del 2025, Tadeo Lazcano sustituyó al general Víctor Hugo Chávez Martínez, en medio de una severa crisis de inseguridad marcada por ejecuciones, quema de vehículos, ataques armados y disputas entre grupos criminales que se intensificaron desde finales de 2024. *** La crisis llegó justo cuando se fracturó el cártel local, conocido como “La Barredora”, cuyo liderazgo fue atribuido por el propio gobernador Javier May al ex secretario de Seguridad en la entidad, Hernán Bermúdez Requena. *** En momentos en los que se suscitó una escalada de violencia atribuida al choque entre grupos delictivos, Javier May recurrió al gobierno federal para que le “recomendaran” alguien que se hiciera cargo de pacificar el estado. Omar García Harfuch sugirió a Serafín Tadeo. *** Durante su gestión fue creada la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT Olmeca), se reforzaron los operativos contra el narcomenudeo y se fortaleció la coordinación con las fuerzas federales. *** Sin embargo, a pesar de todo eso, Tabasco siguió registrando múltiples hechos violentos ligados a la disputa entre grupos criminales y ajustes internos en las corporaciones policiacas. *** El escenario que vive en la actualidad Tabasco (alza en el número de homicidios dolosos y actos de extorsión, además de enfrentamientos entre bandas criminales) es el mismo que enfrenta Veracruz, especialmente en la zona norte. *** El trabajo del secretario de Seguridad Pública de la entidad, Alfonso Reyes Garcés, ha sido infructuoso. La propia gobernadora ha tenido que salir a respaldarlo, ante la evidente pérdida de control de la protección ciudadana. *** Ya en la Ciudad de México -dicen- buscan una alternativa para remover al actual titular, que nunca ha sido llamado a cuentas por el Congreso local, a pesar de su evidente ineficacia.
* * *
La gobernadora no lo pudo haber olvidado (al menos, claro está, que de pronto lea discursos que le escriben, sin entender los compromisos que asume). Fue apenas el 7 de enero de este año, en Río Blanco, con motivo de la conmemoración del 119 Aniversario de la gesta de los Mártires de Río Blanco.
Ahí mismo la mandataria estatal aclaró que lo sucedido en 1907 no fue sólo una protesta laboral, sino que representó un grito colectivo por la dignidad, la justicia social y los derechos humanos.
Su sacrificio, dijo, marcó el rumbo del país y sentó las bases de las conquistas laborales que hoy forman parte de la vida institucional de México.
Y ahí, ante representaciones sindicales del estado, expresó:
“Veracruz es una tierra de lucha, pero también de trabajo y de dignidad. Así que, amigos, amigas, sigamos construyendo un estado más justo, humano y solidario, donde el bienestar de las personas trabajadoras sean siempre una prioridad”.
¿Lo habrá dicho en serio?
Los hechos hablan de otras prioridades, por encima de los derechos de los trabajadores. Quizá quien le escribió el discurso pensó en “los otros” trabajadores, los que se desempeñan en el sector privado. Porque aquellos que tienen como patrón al propio gobierno sufren todos los días el abuso y las injusticias de quienes dicen defenderlos.
El pasado lunes trabajadores del gobierno estatal, agremiados al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV) salieron a las calles para reclamar el cumplimento a laudos (esto es, resoluciones definitivas emitida por las autoridades laborales) ganados por más de 200 trabajadores.
La autoridad laboral sentencia al gobierno estatal a cumplir con las demandas de sus trabajadores, pero éste decide no acatar esas resoluciones. El gobierno que definió como “prioridad” el bienestar de los trabajadores, cuando son los suyos prefiere ignorarlos.
El dirigente del SEPEV, Acdmerd Antonio Galicia Campos, informó que desde enero de 2020 inició recurso jurídico contra la Secretaría de Finanzas para exigir la aplicación de la clave sindical 135 a trabajadores temporales afiliados al sindicato, así como el reconocimiento pleno de sus derechos laborales.
“Son trabajadores que tienen más de 15, 20 y hasta 30 años de servicio que no tienen seguridad social, no tienen derechos, porque el gobierno del estado se ha negado a reconocerles la clave sindical”, explicó.
A pesar de haber conseguido que los tribunales ordenaran el reconocimiento de sus derechos laborales, hasta la fecha los laudos no han sido cumplidos en su totalidad.
“Tenemos compañeros que ya ganaron su demanda, que ya tienen las prestaciones y que ya se les aplica la clave sindical. Pero desgraciadamente tenemos compañeros que fallecieron en este trayecto, muchos con riesgo de trabajo que no les pagan ninguna prestación. Le solicitamos a la gobernadora Rocío Nahle que se cumpla la resolución de los tribunales”.
¿Será que el discurso de la gobernadora no incluye a los empleados de su administración?
Ya lo ha dicho ella: el dinero no es problema.
¿Entonces?
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Epílogo.
La postura del gobierno de Tamaulipas confirma lo que aquí se ha estado marcando: en Veracruz el programa para el combate al gusano barrenador de ganado ha sido un completo fracaso, en gran medida por la red de corrupción que se formó en los organismos encargados del tema por parte de la administración estatal. *** El secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela, afirmó que el avance de esa plaga hacia la frontera norte ha sido por la falta de acciones de los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. *** El funcionario explicó que Tamaulipas mantiene un operativo preventivo, ante el riesgo de que el incremento de contagios en entidades cercanas acelere la llegada del gusano barrenador a la frontera con Estados Unidos. *** “Si llega (el gusano) a Estados Unidos, no va a ser por nosotros. Va a ser por otros estados”, advirtió. *** Dijo que Tamaulipas registra 174 casos activos de gusano barrenador y poco más de 400 casos inactivos, pero “San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León no están haciendo las cosas como nosotros las estamos haciendo. Aquí estamos trabajando en forma conjunta con muchas instituciones”. *** ¿Le habrá informado de esto a la gobernadora su asesor en materia de ganadería?
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