Punto de Vista
* ¿Colusión Ahued-Díaz Pedroza?
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Se equivoca el diputado Esteban Bautista Hernández. No es el Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso el que debe investigar los señalamientos por cobro de “moches” por parte de diputados locales. *** La denuncia fue presentada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECCEV), cuya titular (Stephany Rosas Méndez) es bien conocida por el presidente de la Jucopo. *** Esteban Bautista se pronunció en contra de esas prácticas y aseguró que corresponde a Tomasa Alemán Rogel, titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo, revisar las posibles irregularidades administrativas, aunque admitió que los hechos que pudieran constituir delitos deben ser investigados en otra instancia: “Una cosa es la Contraloría y otra cosa es la Fiscalía Anticorrupción. Creo que está en la cancha en estos momentos de Fiscalía Anticorrupción”. *** No deja fuera de la ecuación, sin embargo, a la titular del órgano de control del Congreso, de quien dijo que “ya tiene conocimiento” de los señalamientos surgidos dentro del Congreso y consideró que le corresponde informar sobre ese caso. *** Y envió un mensaje a todos los trabajadores que pudieran estar pasando por una situación similar a la denunciada en el caso del exauxiliar de la diputada Dorheny García: “Yo estoy en contra de todas esas prácticas, no podemos tropezarnos con actos que lastiman al trabajador”. *** José Alberto Flores presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pues afirmó que “una persona cercana a la diputada” le exigía la devolución de dos tercios de su sueldo. *** Dorheny García Cayetano negó los señalamientos, afirmó que nunca recibió dinero de sus colaboradores y advirtió que la nómina del personal es administrada por el Congreso, por lo que cualquier irregularidad relacionada con los salarios debería ser revisada por la Contraloría Interna. *** Les anticipo lo que sucederá: la Fiscalía Anticorrupción le pedirá un informe al órgano interno de control del Congreso, que responderá que “no encontró elementos” para configurar un posible delito y el expediente será archivado… hasta que se vaya Morena.
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Ricardo Ahued lo sabía. Tenía claro que este martes, durante el acto cívico para recordar a los héroes de la Independencia, lo iban a cuestionar sobre los señalamientos del abogado Jorge Reyes Peralta, de que desde la Secretaría de Gobierno se estaba protegiendo a gente involucrada con el llamado “cártel inmobiliario”.
Lo sabía, y sin embargo no se preparó. Sus argumentos fueron débiles y hasta absurdos.
El abogado Jorge Reyes Peralta, con una gran trayectoria en el litigio penal en Veracruz, anunció este mismo martes que procederá por la vía legal contra el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, al que acusó de proteger negocios ilícitos de personas vinculadas con el “cártel inmobiliario” de Xalapa.
Reyes Peralta no se anduvo por las ramas: aseguró que el exalcalde xalapeño utiliza su cargo para favorecer a personas relacionadas con operaciones inmobiliarias bajo investigación: “Es lamentable que ocupe el cargo que tiene como secretario de Gobierno para proteger los negocios ilícitos de sus amigos”.
Cuestionado sobre ese tema, el funcionario negó que exista protección alguna y afirmó que está dispuesto a revisar los casos y las pruebas que Jorge Reyes Peralta dice tener.
Invitó al abogado a acudir a presentar los elementos que demostrarían la existencia de una protección institucional, pues advirtió que las acusaciones deben estar acompañadas de pruebas.
Sin embargo, Jorge Reyes lamentó que Ricardo Ahued tenga “la piel tan delgada” y que no resista la crítica, pues -insistió- “lejos de gobernar para Veracruz, gobierna para proteger los negocios ilícitos de sus amigos”.
Jorge Reyes Peralta presentó una denuncia por la apropiación irregular de un terreno de 120 mil metros cuadrados ubicado en la avenida Arco Sur de Xalapa y en la audiencia inicial la Fiscalía citó a Martha Leticia Toral Sayas y al notario Miguel Ángel Díaz Pedroza, a quienes se les señala por su probable participación en hechos que podrían constituir fraude genérico y delitos contra la fe pública.
Toral Sayas habría promovido un juicio de prescripción sobre el terreno, con lo que obtuvo una sentencia en primera instancia que fue impugnada por “Fincar Maz”, empresa que reclama la propiedad.
En ese mismo caso, Miguel Ángel Díaz Pedroza protocolizó la resolución y reconoció a Toral Sayas como propietaria, aunque “no tenía ninguna orden de ningún juez para hacerlo. No constató siquiera que la sentencia fuera firme”, señaló el abogado.
El inmueble fue vendido a dos particulares por 98 millones de pesos, aunque quienes aparecieron como compradores no tenían la posesión del terreno. El predio actualmente vale más de 500 millones de pesos y se intentó vender en 200 millones, pero la operación fue detenida después de que la Fiscalía notificó al Registro Público de la Propiedad.
“En este momento únicamente vienen como imputados Martha Leticia Toral Sayas y Miguel Ángel Díaz Pedroza. Faltan los compradores, faltan muchas personas”.
Este es un conflicto que no se resolverá con un simple “yo no fui”. El abogado Jorge Reyes Peralta aportará elementos de prueba y Ricardo Ahued tendrá que presentar respuestas más sólidas… o deberá renunciar.
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Epílogo.
El pasado 23 de julio, el alcalde de Emiliano Zapata, Daniel Baizabal González, informó que comenzarían los estudios técnicos que servirían como base para la rehabilitación de la carretera Las Trancas-Coatepec. *** Los habitantes de las comunidades ubicadas en esa zona habían bloqueado la carretera para exigir que se reparara dicha vía, pues el concreto que se colocó en ella se volvió “resbaladizo” y había causado ya muchos accidentes. *** El alcalde les explicó que, aunque se trata de una carretera estatal, su administración mantenía “coordinación” con las autoridades para impulsar su atención. *** Según Daniel Baizabal se dio el “primer avance” con los trabajos previos y que, además, de manera paralela, se implementarían acciones preventivas, como la supervisión del tránsito para evitar que los automovilistas excedan los límites de velocidad. *** Mencionó en aquella ocasión que continuarían las mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para definir las siguientes etapas del proyecto y aseguró que existía “disposición” del gobierno estatal para atender esa demanda ciudadana. *** Cinco semanas después, ante la falta de acciones concretas, los pobladores de La Estanzuela y Alborada volvieron a bloquear la carretera. Señalan que no les han dado una fecha para el inicio de las obras. *** La protesta tiene un buen sustento. Son muchas las vidas que se han perdido, especialmente en temporada de lluvias, por las malas condiciones de esa carretera y nadie en el gobierno estatal parece tener interés en resolver ese problema.
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