Punto de Vista
* El negocio de la deuda
Por Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Inició, por fin, el juicio contra Marlon Botas Fuentes, imputado como presunto responsable del feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, ocurrido hace cinco años. *** Aunque con seguridad el juez lo declarará culpable y lo sentenciará a la pena más severa -70 años de prisión- cometió tantos errores la fiscalía en la construcción del expediente, que en otras instancias del proceso (en la justicia federal, por ejemplo) si cayeran en juzgadores que no atienden consignas (ya quedan muy pocos) se les podría estar cayendo el caso. *** La muerte de Montserrat se dio luego de una supuesta discusión y riña con quien era su novio (Marlon Botas). En el forcejeo la víctima sufrió una lesión grave en el cráneo. *** La fiscalía asegura que un buen rato después de que la mujer quedara inconsciente, los padres de Marlon llegaron hasta el sitio donde ocurrieron los hechos y llevaron a Monserrat a un hospital, donde habría fallecido. *** Ante la imposibilidad de dar con el paradero del presunto feminicida, la Fiscalía decidió detener a sus padres y presionar a otros familiares, lo que obligó a que, en 2022, Marlon Botas se entregara. *** Este suceso generó una fuerte reacción de organizaciones civiles, las que confeccionaron e impulsaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado a la que bautizaron como la “Ley Montse” y que elimina la excusa “por parentesco” en casos de feminicidio, homicidio o ataque sexual. *** Muy pronto se conocerá el veredicto.
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Con seguridad a muchos de mis lectores les habrán llegado estas promociones: tarjetas bancarias que les ofrecen dinero en efectivo o la participación en sorteos para ganar atractivos premios, a cambio de que “recomienden” sus servicios a sus familiares y amigos.
Es una manera quizá “mañosa” pero legítima de sumar más cuentahabientes.
Ahora traslademos ese tipo de promociones a las finanzas públicas.
La gobernadora Rocío Nahle anunció hace un par de semanas que consiguió “un acuerdo muy favorable” con la institución bancaria BBVA para renegociar una parte de la deuda del gobierno estatal, justo la que estaba comprometida con Banobras.
La gobernadora de Veracruz narró que les puso un reto a las instituciones crediticias interesadas en participar en la renegociación: “les dimos 48 horas para que nos pusieran en la mesa sus mejores condiciones (…) y para mi sorpresa -les digo ‘para mi sorpresa’, porque yo no trabajaba nunca con Bancomer- ellos fueron los que dieron la mejor opción”.
Aunque ella narró sólo la negociación de los intereses para la recompra de la deuda, en realidad el acuerdo con BBVA fue mucho más allá. Esa misma institución financiera maneja la nómina de más de 90 mil empleados del gobierno estatal y administra 29 fondos creados para la atención de temas tan sensibles como la salud, la seguridad y la educación. En diciembre de 2025, por ejemplo, fue el banco encargado de dispersar el bono que les debían a más de 17 mil trabajadores de la Secretaría de Salud.
Está claro que el trato con los más altos directivos de BBVA es “de beneficio mutuo”.
Pero… ya entrados en negociaciones, la propuesta llegó -quizá- de parte de la administración estatal: “¿Y si te consigo otra cartera crediticia para renegociarla? ¿Qué gano yo?”.
La respuesta pudo haber sido en estos términos: “bueno, depende del monto y de los términos del acuerdo”.
“¿Monto? Para que te des una idea: la deuda de más de 200 municipios veracruzanos que están pagando un proceso de bursatilización; los intereses son altísimos y en lugar de reducirla, cada año les crece aún más”.
Esa es, en resumen, la explicación al “generoso” gesto de la gobernadora de “absorber” la deuda de la bursatilización de los ayuntamientos. No quiere decir, como algunos lo supondrían, que los municipios dejarían de pagar ese compromiso financiero, sino que lo harían “en mejores términos”.
Y como en toda renegociación de deuda pública, se reducen los intereses, pero crecen los plazos. Quienes se benefician son los que ahora están en las alcaldías, pues será menor el servicio de la deuda, pero serán muchas más las administraciones municipales que tendrán que cargar con ese pasivo.
De lo que nadie ha hablado, es de la comisión (el “moche”, como se le conoce en el argot financiero) por llevarle todos esos clientes a la misma institución bancaria con la que hoy trabaja el gobierno estatal.
No… en este gobierno -como en el anterior- nadie da paso sin huarache.
(Imagen ilustrativa, generada con IA).
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Epílogo.
Hay que reconocer que las autoridades del gobierno estatal están prestas a atender cualquier reclamo de la base trabajadora. En cuanto la burocracia se moviliza para exigir el cumplimiento de sus derechos, de inmediato se aparecen funcionarios de mediano nivel y personal del área jurídica para “buscar un acuerdo”. *** El problema es que nunca cumplen esos acuerdos. Las minutas que se levantan en cada mesa de negociación son utilizadas como papel sanitario y los problemas que dieron origen al reclamo persisten. *** Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV) levantó la voz esta semana para advertir que no existe claridad en la operación del Fideicomiso de Seguridad Social Institucional (FIVESSI), creado por la actual administración. Dijo que cinco trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) fallecieron producto de riesgos de trabajo y sus deudos no han recibido el pago del seguro de vida que les corresponde. *** La conmemoración, este viernes del Día del Trabajo, es una buena oportunidad para que la gobernadora disponga que se atiendan esos temas y que se aclare el destino que tuvo el dinero canalizado a ese fideicomiso: “no sabemos dónde está ese recurso; si existe, no hay pago”. *** Aclaró que mienten quienes asegura que ya se resolvieron las demandas de los trabajadores del Poder Ejecutivo. Dijo que hay reuniones y mesas de trabajo, pero no hay una negociación que los lleve a un buen resultado. “Por el contrario, hay despidos injustificados, compañeras que han sido acosadas y hostigadas y -lo peor- despedidas de manera injustificada. También hay laudos a favor de los trabajadores que no quieren pagar y amparos a los que el gobierno se opone. Lo cierto es que el gobierno del estado tiene una deuda multimillonaria con los trabajadores, las negociaciones con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued no se han dado, las que prometió el Congreso del Estado a través de Esteban Bautista, tampoco se han realizado y las reuniones que se han tenido, han sido sólo para ser acto de presencia, pero no para resolver”. *** Y si “el dinero no es problema”, entonces ¿cuál es?, ¿acaso falta de voluntad?
filivargas@gmail.com



















