Punto de Vista
* Duarte “defiende” a Nahle
Por Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Cuentan quienes los conocen desde hace tiempo, que los “regaños” de Rocío Nahle a Leonardo Cornejo forma parte de un “juego” entre jefa y subalterno. Rocío le instruye alguna acción y le da un plazo; Leonardo le dice que sí con la fecha fatal encima, Leonardo le avisa que la obra no estará lista. Rocío lo regaña en público y le pone un ultimátum. *** Así ha sido siempre. ¿Recuerdan cuántas veces anunció López Obrador la inauguración de la refinería Dos Bocas? Leonardo Cornejo era el que le confirmaba la fecha a la secretaria de Energía (Rocío Nahle) quien se la transmitía al presidente, para finalmente hacerla quedar mal. Y a pesar de ello se lo trajo a que se hiciera cargo de ¡toda la obra pública del gobierno estatal! *** En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se concentraron todas las acciones de construcción y, por supuesto, el tamaño de la responsabilidad terminó rebasando al “hombre de todas las confianzas de la gobernadora”: obras inconclusas, subejercicio y un cerro de proyectos, convocatorias, licitaciones y asignaciones directas en espera de “la firma del secretario”. *** Por eso es que el “regaño” del pasado fin de semana por un eventual retraso en el arranque de las obras de ampliación del World Trade Center (WTC) no fue tal. *** Acá, en el gobierno estatal, la gobernadora ordena una fecha, el secretario dice que sí, pero después le informa que no estará lista la obra en el día ordenado. Ella lo regaña, él agacha la cabeza y ella le da un nuevo plazo, mucho más cercano a la fecha que él pretendía desde un inicio. *** Y nada de eso sería criticable si al final las obras se realizaran en plazos razonables y con costos equilibrados. No sucede así. *** En abril de este año la gobernadora anunció la emisión de la convocatoria (licitación nacional) para la ampliación del WTC en Boca del Río, a la vez que explicaba que desde su construcción (en el gobierno de Miguel Alemán) ese inmueble no se había ampliado, por lo que pasó de ser uno de los más grandes del país, a estar entre los más pequeños. Indicó en aquella ocasión que el presupuesto destinado a la ampliación de ese recinto era de 900 millones de pesos. *** El pasado viernes Rocío Nahle dio el “banderazo” de inicio de la rehabilitación y ampliación del WTC, trabajos que -dijo- tendrían un costo de 950 millones de pesos, esto es: 50 millones más que lo anunciado apenas cuatro meses antes. *** Y entonces fue cuando “presumió” que le había llamado la atención a Leonardo Cornejo. Narró que le habían informado que el arranque de los trabajos estaba previsto para el 08 de octubre, con fecha de terminación a inicios de noviembre del 2027. — ¿Pero por qué hasta octubre? Siento yo que en el frente de acá afuera le pueden avanzar, no me den octubre, denme ya agosto, para que se recorra tantito. *** ¿La obra hace falta? Sí. ¿Está acorde con costos y plazos? Quizás. Sería interesante que se hicieran públicos los detalles técnicos del proyecto, no vaya a salir como la onerosa “remodelación” del palacio de gobierno.
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El exgobernador Javier Duarte asume -y quizá tenga razón- que lo que falta para recuperar su libertad es “voluntad política”.
Esa es una idea que tiene desde hace tiempo. De hecho, es por eso que en el 2024, a pesar de las “complicaciones” que tiene para operar sus cuentas de redes sociales, se dio la oportunidad, en múltiples ocasiones, de manifestar su absoluto respaldo a quien hoy ocupa el cargo que él mismo ostentó.
Y cuando pensaba que ya había atendido con creces la parte que le tocaba, pretendió dejar la prisión una vez cumplida la condena de nueve años que le fue impuesta. No lo consiguió. De la manga, la Fiscalía General de la República (FGR) se sacó otra imputación y consiguió que, una vez más, el gobierno de Guatemala la incorporara al convenio de extradición.
Para la larga cauda de acusaciones (la mayoría de ellas mediáticas) que se han hecho en su contra, suena absurdo que hoy siga encerrado por haber participado (según la denuncia de la FGR) de manera indirecta en el desvío de cinco millones de pesos.
Varios abogados cuestionados sobre este nuevo caso aseguran que la imputación es “muy endeble” y que tiene todas las apariencias de una artimaña jurídica. Nadie puede garantizar que cuando este nuevo caso esté por caerse, no le vayan a armar una nueva carpeta.
Así pues, Javier Duarte ha decidido tocar la puerta de los actores políticos que, si no le prometieron su libertad, al menos le ofrecieron dejar su asunto en el ámbito estrictamente judicial.
Y no encontró mejor ruta que “salir en defensa” de la gobernadora Rocío Nahle frente a lo que él denominó “chismes de verduleras” recopilados en la columna del periodista Claudio Ochoa.
El problema es que los argumentos de la defensa oficiosa de Javier Duarte son -por decir lo menos- más frágiles que su relación con la 4T.
Admite que el tema del transporte público es tan “complicado y complejo” y está tan atado a “intereses” que él mismo no pudo solucionarlo.
Erróneamente le atribuye a la Fiscalía General del Estado (FGE) la “solución” al caso de la periodista Roxana Guzmán, pero pasa por alto que ese caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).
Sobre ese mismo tema, Javier Duarte no menciona que en las audiencias de imputación de los detenidos la FGR señala como móvil del mismo la sospecha -por parte de los agresores- de que la comunicadora estuviera vinculada a una organización criminal opositora.
La misma gobernadora confirmó la versión que hizo pública el periodista Héctor de Mauleón, al admitir que la información debió salir de la audiencia, y no de una “filtración” de su gobierno.
Semanas después la FGE sacó otra historia: que el ataque a Roxana Guzmán fue ordenado por el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, porque “un testigo escuchó cuando uno de los detenidos contó que había recibido la orden del edil”.
Javier Duarte también se refirió a la “emblemática” obra de quien fuera secretaria de Energía:
“En el tema de la refinería Dos Bocas, creo que es ocioso a estas alturas la crítica, (pues) la propia Claudia Sheinbaum ha elogiado esta obra”, alega el exgobernador. Si me menciona una sola acción o alguna obra que la actual presidente haya criticado, le daré por válido su argumento.
Al final, Javier Duarte alega, como muestra de la “empatía” que existe entre Nahle y Sheinbaum, que Veracruz es “el estado de la república que más visita”.
¿Sabrá, acaso, Javier Duarte que al gobernador veracruzano que más fue visitado por un presidente fue el antecesor de Rocío Nahle, el ingeniero Cuitláhuac García, calificado por muchos como el peor gobernante que ha tenido esta entidad (por encima de él mismo)?
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Epílogo.
Está plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en el segundo párrafo del artículo 157: “El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva (…)”. *** En el sonado caso de la tesorera del gobierno estatal, Eugenia Guadalupe Blas Nájera, en contra de su exmarido, el trabajador petrolero jubilado David Alfonso Salazar Pérez, se hizo evidente la pesada mano de la servidora pública, pues el juez de control que ve el caso se extralimitó en sus funciones. *** El pasado viernes se cumplió un año de que, en audiencia inicial, durante el debate sobre medidas cautelares, la fiscal solicitó que se le impusiera al jubilado petrolero la obligación de acudir de forma periódica a firmar y que se le prohibiera acercarse a la presunta víctima o a su domicilio. *** Sin embargo, al juez Eduardo Vidal Alor se le hizo poco y a pesar de que nadie la solicitó, decidió imponer prisión preventiva justificada, argumentando un supuesto riesgo para la víctima. El juzgador no fundó ni motivó su determinación, ni se exhibió dato de prueba alguno que la justificara. *** Frente a estas irregularidades, ciudadanos y familiares de David Alfonso Salazar se manifestaron frente al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos y denunciaron el abuso de poder de la tesorera Eugenia Guadalupe Blas Nájera. *** Los manifestantes señalaron que Salazar Pérez “sigue preso porque jueces y fiscales temen desacatar las órdenes de la Tesorera, que insiste en asegurar que cuenta con el apoyo de la gobernadora”. *** El equipo de defensa del petrolero jubilado informó que denunció penalmente a Eugenia Guadalupe Blas Nájera, tesorera del gobierno de Veracruz, y a su hijo David Esteban Salazar Blas, por los delitos de falsificación de documentos y uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal y falsas denuncias y simulación de pruebas. *** El juez de control que impuso la medida cautelar también será denunciado por notoria ineptitud.
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