Diputados locales
APRUEBAN LEY DEL SISTEMA ESTATAL
APRUEBAN LEY DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Diputados integrantes de la LXI Legislatura Local aprobaron en sesión ordinaria la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin regular la integración, organización y funcionamiento de dicho Sistema, así como establecer las bases de coordinación en esta materia, entre el Estado y los Municipios que lo integran.
Esta nueva Ley, que se homologa con el ordenamiento federal en la materia y responde al Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y Legalidad, convocado por el Ejecutivo Federal, entre otros puntos novedosos define con precisión a la Seguridad Privada, lo que debe entenderse por la prestación de estos servicios; se señalan las facultades de las autoridades y el procedimiento de autorización para la prestación de servicios; además, se establece el Registro de los Servicios de Seguridad Privada y se disponen las obligaciones de los prestadores de servicios.
Hicieron uso de la tribuna para manifestar su posicionamiento los diputados Antonio de Jesús Remes Ojeda, Sergio Vaca Betancourt, Julio Chávez Hernández, Margarita Guillaumín Romero, Manuel Laborde Cruz, Leopoldo Torres García, Rafael Sánchez Hernández, José de Jesús Mancha Alarcón y Joel Alejandro Cebada Bernal.
Consecuencia de la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los legisladores locales aprobaron la reforma y adición a los artículos 258 Bis y 258 Ter del Código Penal del Estado, a fin de establecer sanciones a quien, sin contar con autorización vigente expedida por la autoridad competente, preste servicios en cualquiera de las modalidades de seguridad privada a que se refiere la Ley respectiva.
Por otra parte, el Pleno Legislativo acordó instruir a la Secretaría General de esta Soberanía para que la Dirección de Servicios Jurídicos, en un término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la celebración de la audiencia de ley, emita resolución en la que se impongan las multas con el mínimo previsto en el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior, en contra de los servidores públicos municipales de 151 ayuntamientos que resulten responsables por el incumplimiento de la presentación de los estados financieros mensuales del 2008.
Asimismo, a 12 entidades paramunicipales por incumplimiento de la presentación de los estados financieros mensuales del 2008; y a los ayuntamientos de Las Minas, Saltabarranca y Acayucan por incumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública 2008.
La Dirección de Servicios Jurídicos denunciará ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a los presuntos responsables del incumplimiento en la presentación y entrega de las Cuentas Públicas correspondientes, por la posible comisión del delito que resulte.
Por otra parte, luego de recibirse la aprobación de Cabildo de 110 ayuntamientos, que representan la mayoría de la entidad, se aprobó la reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado.
A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Congreso del Estado solicitó al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, información respecto de los recursos estatales destinados al “Acuerdo de Modernización de la Agroindustria Azucarera” y de los provenientes de la bursatilización del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se autorizaron para asignarse al sector cañero, así como sobre el estado que guarda el Fideicomiso Público en Beneficio de los Ingenios Azucareros de la entidad.
Por otro lado, se turnó a la Comisión Permanente de Gobernación, la terna propuesta por el Ejecutivo estatal, conformada por los ciudadanos Antonio Manuel Ramos Niembro, Sandra Isabel Jiménez Mateos y José Luís Bueno Bello, para designar al consejero del IVAI
Diputados integrantes de la LXI Legislatura Local aprobaron en sesión ordinaria la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin regular la integración, organización y funcionamiento de dicho Sistema, así como establecer las bases de coordinación en esta materia, entre el Estado y los Municipios que lo integran.
Esta nueva Ley, que se homologa con el ordenamiento federal en la materia y responde al Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y Legalidad, convocado por el Ejecutivo Federal, entre otros puntos novedosos define con precisión a la Seguridad Privada, lo que debe entenderse por la prestación de estos servicios; se señalan las facultades de las autoridades y el procedimiento de autorización para la prestación de servicios; además, se establece el Registro de los Servicios de Seguridad Privada y se disponen las obligaciones de los prestadores de servicios.
Hicieron uso de la tribuna para manifestar su posicionamiento los diputados Antonio de Jesús Remes Ojeda, Sergio Vaca Betancourt, Julio Chávez Hernández, Margarita Guillaumín Romero, Manuel Laborde Cruz, Leopoldo Torres García, Rafael Sánchez Hernández, José de Jesús Mancha Alarcón y Joel Alejandro Cebada Bernal.
Consecuencia de la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los legisladores locales aprobaron la reforma y adición a los artículos 258 Bis y 258 Ter del Código Penal del Estado, a fin de establecer sanciones a quien, sin contar con autorización vigente expedida por la autoridad competente, preste servicios en cualquiera de las modalidades de seguridad privada a que se refiere la Ley respectiva.
Por otra parte, el Pleno Legislativo acordó instruir a la Secretaría General de esta Soberanía para que la Dirección de Servicios Jurídicos, en un término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la celebración de la audiencia de ley, emita resolución en la que se impongan las multas con el mínimo previsto en el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior, en contra de los servidores públicos municipales de 151 ayuntamientos que resulten responsables por el incumplimiento de la presentación de los estados financieros mensuales del 2008.
Asimismo, a 12 entidades paramunicipales por incumplimiento de la presentación de los estados financieros mensuales del 2008; y a los ayuntamientos de Las Minas, Saltabarranca y Acayucan por incumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública 2008.
La Dirección de Servicios Jurídicos denunciará ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a los presuntos responsables del incumplimiento en la presentación y entrega de las Cuentas Públicas correspondientes, por la posible comisión del delito que resulte.
Por otra parte, luego de recibirse la aprobación de Cabildo de 110 ayuntamientos, que representan la mayoría de la entidad, se aprobó la reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado.
A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Congreso del Estado solicitó al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, información respecto de los recursos estatales destinados al “Acuerdo de Modernización de la Agroindustria Azucarera” y de los provenientes de la bursatilización del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se autorizaron para asignarse al sector cañero, así como sobre el estado que guarda el Fideicomiso Público en Beneficio de los Ingenios Azucareros de la entidad.
Por otro lado, se turnó a la Comisión Permanente de Gobernación, la terna propuesta por el Ejecutivo estatal, conformada por los ciudadanos Antonio Manuel Ramos Niembro, Sandra Isabel Jiménez Mateos y José Luís Bueno Bello, para designar al consejero del IVAI