JUSTICIA A MODO

                        Por Helí Herrera Hernández

                                              

            Todo el aparato del gobierno estatal de Veracruz esta enfrascado en retirar a Jorge Winckler Ortíz como Fiscal.

         La única manera para lograrlo, a juicio de los asesores del titular del Poder Ejecutivo, es mediante un juicio político seguido en el Congreso.

         Allí, los legisladores de Morena, a valores entendidos con abogados que representan a particulares, han recibido una serie de peticiones que van en ese sentido, que aducen estar apegadas a Derecho.

         Ellos mismos han utilizado varias veces la tribuna de la sexagésima quinta legislatura para afirmar: ¡que exigen la destitución amparados en las leyes veracruzanas, y que, por ser diputados, están obligados a respetarlas!

         Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que las acusaciones contra el fiscal Winkler fueran ciertas, tanto el Ejecutivo Estatal, el Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos (que nos ofreció la destitución del mismo para el 6 de enero y no ha sucedido), y los legisladores de Morena que son inmensa mayoría en el Congreso, tendrían razón en exigir que se aplique todo el peso de la Ley contra él susodicho, dado que no es negociable ésta.

         Hasta allí es explicable la actitud de todos estos funcionarios, empero ¿Por qué no hacen lo mismo contra las personas que tienen secuestrado el Palacio Municipal de Santiago Tuxtla desde el 24 de octubre del pasado año?

         Es obligación del Secretario de Gobierno, desde que tomo posesión del cargo, llamar, en primera instancia, a los lideres que alentaron la toma para hacerles entender que están cometiendo un delito, y que si no lo desocupan y entregan a su legitimo poseedor (El Cabildo), se les iniciaría una carpeta de investigación donde serían acusados por tener, de manera ilegítima, ese inmueble que brinda servicios públicos en beneficio de miles de habitantes de ese municipio.

         La responsabilidad legal que tiene el Secretario de Gobierno es velar por la tranquilidad política en todo el territorio estatal. De allí que tenga facultades para sentarse hablar con los dirigentes de los distintos partidos políticos, y de todas las organizaciones que accionan en Veracruz. Debe garantizarle al Gobernador la sana convivencia de la sociedad, y eso no esta ocurriendo en aquel municipio.

         Sea cual fuere el motivo que origino la toma del Palacio Municipal, ésta no tiene ninguna razón de ser, y mucho menos un fundamento legal, razón por la que debieron, en principio, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares haberlos desalojado y/o, denunciarlos ante la fiscalía estatal.

¿Por qué no lo hizo?

A decir de todos los ciudadanos de esa ciudad, del municipio y de toda esa región de los Tuxtlas, fue porque los líderes y promotores eran de MORENA, y como el ya iba de salida, pues decidió incumplir la ley, lo que debió, inclusive, traerle consecuencias legales por omisión.

Y entonces quiero entender que el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el propio fiscal no han procedido contra estos presuntos responsables de un delito por lo mismo, porque son lideres del partido de don Andrés Manuel López Obrador en Santiago Tuxtla, y eso, a entender de ellos, los hace impunes a la aplicación también del derecho, como eso si, lo están haciendo con Wincler.

¿Porque eso esos dos raseros para aplicar la Ley?

¿A los que no son de MORENA, todo el peso de la Ley; y a los que son militantes de ese partido: ¿IMPUNIDAD?

Los hechos así lo indican, porque han pasado 87 días del secuestro del Palacio municipal de Santiago Tuxtla y las autoridades brillan por su ausencia, debido a que los autores intelectuales y materiales son compañeros del mismo partido del Secretario de Gobierno, de 29 diputados locales y del Gobernador del Estado.

Es increíble observar las imágenes como solo dos personas mantienen secuestrado el Palacio, en perjuicio de miles de santiagueños, y como si no hubiera autoridades encargadas de aplicar la ley, para que estos hechos no sucedan, tal y como nuestras leyes veracruzanas lo mandan.

¿Justicia a modo?

¡Usted júzguela! Porque de serlo, el nuevo gobierno de Veracruz tiene también una responsabilidad política, social y hasta penal, inclusive.