Punto de Vista
* Contubernio INE-OPLE
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Suena “extraño” -por decir lo menos- que sea hasta ahora que al diputado local de Morena, Esteban Bautista Hernández, se le ocurra criticar la Ley de Comunicación Social que propuso Cuitláhuac García y que fue aprobada por la anterior Legislatura. *** La cuestiona justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró su invalidez. Hoy Esteban Bautista opina que dicha ley “fue concebida como un mecanismo para censurar y limitar a los medios de comunicación”. *** Nada opinó mientras estuvo vigente y hay suficientes evidencias de que, en materia de censura, el Congreso que él encabeza es el mejor ejemplo. *** Fue en los primeros meses de su gestión cuando fue removido el titular de Comunicación Social y su relevo llegó a deshacer todos los convenios que se habían firmado. La consigna fue una sola: “ni un solo centavo a cualquier medio o periodista que critique el gobierno de Rocío Nahle”. *** El pasado martes, la Suprema Corte anuló la Ley 841 de Comunicación Social de Veracruz, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El máximo tribunal determinó que el Congreso estatal “excedió sus atribuciones” al expedir una legislación sobre comunicación social gubernamental, materia cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión. *** Fue entonces cuando Esteban Bautista enarboló la bandera de “defensor” de la libertad de expresión: “Yo soy partidario de la pluralidad, de la libertad de expresión. Creo que alguna vez lo dije: no podré estar de acuerdo con su manera de pensar, pero yo la respeto porque es un derecho que tienen ustedes”. *** Ya se vio.
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Y de pronto apareció la punta del hilo conductor, ese que comunica a la exconsejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, con las cabezas, los operadores del órgano electoral de Veracruz, Marisol Delgadillo (consejera presidente) y Luis Fernando Reyes Rocha (secretario ejecutivo).
Luis Carbonell de la Hoz, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) afirmó que la mafia descubierta en el INE está vinculada con el órgano electoral (OPLE) de Veracruz y hoy más que nunca se explican las denuncias presentadas por ese organismo político tras las irregularidades en las elecciones de Poza Rica y Papantla.
El dirigente de MC calificó de ridículo que traten de justificar como una “coincidencia” el vínculo entre el secretario ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha y una empresa proveedora de material electoral. Tampoco da crédito al nuevo argumento del funcionario electoral, de que “fue víctima de una usurpación de identidad”.
Luis Carbonell concedió una entrevista a MVS Noticias y afirmó que las denuncias de su partido apuntan tanto a posibles alteraciones de votos en las elecciones de Poza Rica y Papantla, como a una red de relaciones entre funcionarios electorales y representantes de empresas contratistas.
“Los tentáculos de la corrupción de Guadalupe Taddei imperan en el órgano electoral de Veracruz”, afirmó.
Carbonell recordó que Movimiento Ciudadano fue perjudicado en el cómputo de las elecciones municipales de 2025 en Poza Rica y Papantla, dos ayuntamientos fundamentales para el crecimiento electoral de su partido en Veracruz.
Las autoridades electorales trasladaron de manera irregular los conteos de ambos municipios a Xalapa y alteraron boletas y resultados.
El dirigente de MC afirmó que en Poza Rica su partido contaba con una ventaja superior a 3,500 votos.
“Aparecieron las cajas, las urnas abiertas, la paquetería electoral abierta y votos que ya se habían contado en el PREP -con actas certificadas y a favor de Movimiento Ciudadano- venían anulados”.
Sobre Luis Fernando Reyes Rocha, actual secretario ejecutivo del OPLE de Veracruz, cuyo nombre aparece con poderes de representación de Cajas Graf, Luis Carbonell advirtió que el actual secretario ejecutivo del OPLE Veracruz habría figurado como apoderado de la compañía mediante un poder que le otorgó su propio hermano, Raymundo Francisco Reyes Rocha.
Cuando se le mencionó que Reyes Rocha había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en días recientes, el dirigente de MC llamó la atención sobre las inconsistencias del funcionario: “Primero dijo que era un homónimo y luego aduce que hay un robo de identidad”.
Luis Carbonell señaló que existió con anterioridad una relación profesional entre Reyes Rocha y Jesús Octavio García González, funcionario que ocupó la Dirección de Administración en el INE y que también estuvo vinculado como representante legal a Cajas Graf.
Ambos coincidieron entre 2010 y 2013 en el entonces Instituto Electoral Veracruzano, donde desempeñaron cargos directivos.
Para MC, la coincidencia de trayectorias profesionales y las relaciones con la misma empresa ameritan una investigación sobre posibles conflictos de interés.
Ante la cercanía del proceso electoral del 2027 (se renueva en Veracruz el Congreso local) Luis Carbonell afirmó que se ha perdido la confianza en el árbitro electoral.
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Epílogo.
El Congreso de Veracruz aprobó (41 votos a favor y siete en contra) el dictamen de la Cuenta Pública 2025, sin modificaciones respecto del Informe que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), en el que se reportó un presunto daño patrimonial por 2 mil 749 millones de pesos. *** En el dictamen sometido a votación se mantuvieron las observaciones financieras y técnicas reportadas por el órgano auditor en 181 municipios, 14 entidades paramunicipales, 16 organismos públicos descentralizados y la Universidad Veracruzana (UV), sin alterar los montos. *** El presunto daño patrimonial fue detectado principalmente en los ayuntamientos, que sumaron observaciones por 2 mil 703 millones de pesos; las entidades paramunicipales presentaron inconsistencias por 42 millones 156 mil pesos. Los organismos públicos descentralizados sumaron observaciones por casi 4 millones de pesos, mientras que la UV deberá solventar cuentas 225 mil pesos.
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