Esfera Política
Ricardo Vázquez Salazar
Sigue la mata dando
Estaba programado que la información se daría a conocer en el mes de junio, pero alguien la filtró a un medio de comunicación carioca en plena Semana Santa. El jueves pasado se hizo del conocimiento público que un exfuncionario de la empresa brasileña Odebrecht reveló que en el 2014 en México solicitó y obtuvo el permiso para entregar 5 millones de dólares al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con la finalidad de obtener nuevos contratos y más atractivos.
Independiente de que dentro de dos meses se destape la cloaca y se den a conocer al mundo entero datos precisos de países de Latinoamérica y nombres de funcionarios que recibieron sobornos por parte de Odebrecht, por el momento se ubica en una encrucijada el futuro inmediato de Emilio Lozoya y se pone a los ojos de Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, quien viajó a Brasil en febrero pasado junto con un equipo de colaboradores para sostener reuniones técnicas y especializadas de intercambio de información, relacionadas con las investigaciones de las autoridades brasileñas por actos de corrupción en los que presuntamente participaron las empresas de ese país, Odebrecht y Braskem.
El director de Operaciones estructuradas, Hilberto Mascarenhas, director del sector de Operaciones Estructuradas de la empresa fue quien hizo la denuncia y en su declaración ante las autoridades en Brasil, Mascarenhas expuso que el dinero fue solicitado en una reunión con el entonces director de Odebrecht Infraestructura, Luis Weyll, y que el dinero fue autorizado por Luis Mameri, quien era el encargado para esta área en América Latina. La supuesta reunión para solicitar el dinero fue en noviembre de 2014.
A Raúl Cervantes, futuro fiscal General de la Nación se le está acumulando la chamba. A la pesada carga de trabajo con el combate a la delincuencia organizada aclimatada en varias entidades, se suma la continuidad que habrá de dar al Caso Veracruz para aprehender al numeroso grupo de cómplices y prestanombres de Duarte de Ochoa para presentarlos ante los juzgados. Además de ocuparse de lograr la extradición de Tomás Yarrington a México en vez de ser enviado directo a Estados Unidos, tiene que atender el curso que deba darle a Lozoya Austin, y estar a la expectativa de proceder en contra de otros funcionarios mexicanos sobornados por Odebrecht. Pronto se sabrá a qué exfuncionarios veracruzanos alcanzó a salpicar la brasileña.
Por el momento, el vocero de Odebrecht en tierra jarocha, el gerente del ayuntamiento de Veracruz, Ramón Poo Gil anunció este lunes que Grupo MAS, conformada por Odebrecht y Aguas de Barcelona, encargado de operar el suministro y saneamiento de agua en ese municipio y en el de Medellín, va a llevar a cabo una supuesta inversión cercana a mil 400 millones de pesos dizque para mejorar el sistema hidráulico. Lo que suena a una tomada de pelo más de MAS, porque desde que se firmó el contrato se comprometieron a hacer una inversión de miles de millones de pesos y a la fecha no han puesto un solo peso; es más, no traían ni gastaron siquiera en picos y palas para hacer reparaciones, ocuparon toda la infraestructura y equipo del extinto Sistema de Agua y Saneamiento, SAS.
Sigue la mata dando. Una vez más Tuxpan se coloca en el ojo del huracán: "No aparecen los recursos que se etiquetaron para la segunda etapa de la planta potabilizadora de la ciudad y puerto de Tuxpan, contar con la segunda planta potabilizadora, sería de suma importancia porque aseguraría el abastecimiento de agua para la población tuxpeña por los próximos 35 años", afirmó Vicente Muñoz Ganem, jefe de la oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, CAEV.
“El dinero desapareció con los gobiernos anteriores" agregó Vicente Muñoz, que si se refirió a los gobiernos municipales, se presume se estaría refiriendo al actual encabezado por Raúl Ruíz Díaz, y al anterior, Alberto Silva Ramos y quien sabe que otros alcaldes más, convertidos de la noche a la mañana en los nuevos millonarios de Tuxpan.
Esta segunda etapa tendría un costo aproximado de 100 millones de pesos, con lo que se terminaría el tandeo de agua para ese municipio.
Un caso más del que la Contraloría General del Estado ni el Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, nunca se dieron cuenta ni detectaron absolutamente nada.
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