Las pensiones doradas: una historia de prejuicios y engaños 

Por  Héctor Yunes Landa

La reforma al artículo 127 constitucional para eliminar ‘pensiones doradas’ es otra historia mal contada que surge desde el prejuicio, el engaño y, principalmente, de la urgente necesidad del gobierno morenista de encontrar dinero aun debajo de las piedras.

Por supuesto, nadie en su sano juicio -salvo los beneficiarios de estas pensiones- estará de acuerdo en que haya jubilados millonarios que apenas cumplieron algunos años en el servicio público o que su jubilación fue resultado de un acuerdo político y no de sus derechos laborales.

Por cierto, muchas de estas pensiones doradas corresponden a ex funcionarios de la extinta Comisión de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cuyo sindicato contribuyó al financiamiento de la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Nuevamente Morena aplica la misma fórmula del reformismo perverso: tomar casos aislados y presentarlos como un todo -no todos los jubilados gozan de las mismas pensiones-, construir una narrativa que indigne a los ciudadanos y proponer una solución a rajatabla que esconde el verdadero propósito de obtener más recursos.

Así sucedió exactamente con el Seguro Popular, las estancias infantiles, los fideicomisos y algunas entidades paraestatales de regulación: supuestos casos de corrupción denunciados,pero nunca investigados; la incitación a la irritación social, la desaparición como un falso acto de justicia y honestidad, y la promesa de un nuevo sistema que fracasa en poco tiempo.

Hoy toca el turno a miles de trabajadores y personal de confianza de empresas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Banco de México, entre otros, cuyos jubilados resultarán afectados por la notoria irregularidad de un puñado de pensiones que gozan de privilegios mucho más allá de la ley.

Hay al menos tres elementos que exhiben la naturaleza arbitraria y discriminatoria de esta reforma al sistema de pensiones: la retroactividad, la misma sanción a regímenes de pensiones diferentes y el desconocimiento de las obligaciones del Estado.

Ante la inviabilidad de los sistemas de pensiones, en las últimas décadas se fueron realizando reformas profundas para enfrentar el creciente pasivo laboral. En todos los casos, los nuevos esquemas de jubilación han sido aplicables sólo a los trabajadores que se incorporan al mercado laboral.

Pero esta vez se pretende imponer retroactivamente una norma en perjuicio de miles de trabajadores –muchos de ellos adultos mayores- que estuvieron bajo un régimen laboral específico, lo que viola el artículo 14 de la propia Constitución.

Y aunque no todos se encuentran bajo el mismo régimen, sí tendrán la misma consecuencia jurídica. Además, los contratos colectivos no fueron impuestos sino convenidos. Así que los casos de excepción merecen un análisis aparte.

Mencionarlos públicamente con nombre y apellido no exhibe justica sino el mismo resentimiento por el pasado. En ningún caso se ha comprobado alguna irregularidad por la vía del derecho, sino del juicio sumario de la mañanera.

El tema no es menor. No afecta solamente a los trabajadores de confianza de estas instituciones. Si el atraco a las pensiones prospera, el próximo objetivo de un gobierno quebrado serán las Afores.

La puntita

Si lo que el gobierno necesita es dinero, les paso un tip. Tan sólo cancelar el Tren Maya, el AIFA y Mexicana de Aviación nos ahorraría 6 mil millones de pesos en pérdidas anuales. Del despilfarro y la corrupción de Pemex y la CFE mejor ni hablamos.